A medida que avanza el juicio por el procés, aparecen más artículos, editoriales y opiniones que insisten en que los muñidores del intento de secesión unilateral no cometieron rebelión ni sedición.

Pero lo más sorprendente es que no son solo los medios o periodistas independentistas los que se posicionan de esta forma, sino que algunos constitucionalistas parecen haber puesto en marcha una campaña para salvar a los que hoy se sientan en el banquillo.

“Hubo desobediencia, pero ninguna rebelión”, aseguraba este fin de semana el director de uno de los diarios impresos de mayor tirada en Cataluña. De igual forma se pronunciaba el director de su principal competidor, y lo justificaba así: “Si Rajoy hubiera pensado entonces que en Cataluña se había desencadenado una rebelión, ¿habría mantenido abierta una vía de diálogo, lehendakari mediante, con el líder de los rebeldes?”.

En esa línea, el primer periódico de ámbito nacional titulaba el domingo con que Un sector del Supremo ve difícil encajar el procés en el tipo de rebelión. En el desarrollo de la pieza, ese “sector” no se cuantificaba --hay 75 magistrados en el alto tribunal-- pero dejaba muy claro que apostaban por crear un nuevo tipo penal para estos casos con un castigo menor que la rebelión y la sedición y aplicable retroactivamente. Una de las figuras más destacadas del equipo editorial de ese mismo medio iba más allá: “Mucho tendría que retorcerse la interpretación de los hechos para que puedan encajar en el tipo penal de rebelión o sedición”.

Lo cierto es que no sabemos cómo acabará el juicio, si habrá condenas o no. Y no es relevante la opinión de los periodistas, ni siquiera la de los juristas; tan solo la de los miembros del tribunal que juzga a los encausados. Pero, de momento, tenemos algunos elementos que apuntan en una dirección: tanto la instrucción del juez Llarena como las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado estiman que hay indicios de rebelión o sedición --algo en lo que incluso llegó a coincidir Pedro Sánchez--.

Es probable que hayan llegado a esas conclusiones tras constatar el acoso tumultuario a la comitiva judicial en la Consejería de Economía, con Jordi Cuixart dirigiéndose a la masa y diciendo que “se irán de aquí cuando nosotros lo digamos” y el lanzamiento de todo tipo de objetos a los agentes cuando abandonaban la sede de la consejería de madrugada, después de dejar varios vehículos de la Guardia Civil destrozados. O los actos generalizados de violencia durante el 1-O, como el policía derribado de un sillazo en Sant Joan de Vilatorrada entre aplausos de los presentes; el agente pateado en la cabeza en Sant Esteve de Sesrovires entre gritos de “venga”; la lluvia de pedradas lanzadas por una turba de radicales a un grupo de guardias civiles que tuvo que huir despavorido en sus vehículos oficiales en Sant Carles de la Ràpita o las agresiones y lanzamiento de vallas a los antidisturbios junto a la escuela Ramon Llull de Barcelona --en las que participó Roger Español, el activista que perdió un ojo por una bola de goma--, que dejaron decenas de agentes heridos.

Lamentablemente, la cruzada de algunos de los medios constitucionalistas más influyentes contra la condena por rebelión o sedición --esto es, el blanqueamiento del intento de golpe al Estado realizado por el independentismo catalán-- no responde a un análisis objetivo de los hechos, sino a una estrategia política: la de intentar allanar el camino a una posible negociación a corto plazo con el nacionalismo. Es decir, el mismo error de las últimas cuatro décadas: abrazar de nuevo la estrategia del contentamiento que nos ha traído hasta aquí.