Sale Artur Mas del jarrón chino de ex presidente y se va a la radio. Le dice a Jordi Basté (RAC1), sin ruborizarse un ápice, que a él se le considera el demonio por avalar y liderar la operación independentista/rupturista de su partido. Convierte en una heroicidad haber acabado sus días políticos con los huesos cerca de la cola del paro de los políticos con oficina presidencial. 

Y no pasa nada, porque Cataluña lo aguanta todo. Eso, lo de Mas, y mucho más.

Se equivoca el ex presidente. A él no se le considera un mal político porque inflara sus pectorales escuchando Els Segadors mientras saludaba con el brazo mesiánico en alto, sino por sus múltiples incumplimientos y errores de gobernante. Prometió un gobierno business friendly y ha sufrido los mayores tomates empresariales de la historia reciente. Dijo que sería presidente de todos los catalanes y, a lo sumo, lo ha sido, en su momento más álgido, del 48%. Por si toda esa materia prima política fuera insuficiente, Mas ha demostrado ser un chapucero de primer nivel.

Su gran privatización (el suministro del agua hasta los municipios) es un nyap insostenible. Se lo ha dicho el órgano de la Generalitat que revisa los contratos públicos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, finalmente, tal y como revelamos hoy, la Oficina Antifraude. No lo ha dicho Madrid, ni siquiera se ha metido el PP, nada tiene que ver Cristóbal Montoro. El fiasco de los 1.000 millones de ATLL es una prueba evidente de que, como administración, ni Mas ni su equipo de la anterior legislatura pensaron jamás en los ciudadanos. Insisto en escribir el término chapuza porque si utilizamos cualquier otro puede estar recogido como ilícito penal.

Las pocas veces que respondió en público a esta cuestión apeló a que debía esperarse al último veredicto de los tribunales, aunque los jueces catalanes se hubieran pronunciado de manera clara: el Supremo español, vino a decir, tiene la última palabra. Es más, llegó a atribuir su mayúscula tifa privatizadora a una batalla entre dos empresas, la madrileña Acciona y la “francesa” Agbar. Se olvidó a conveniencia de que la segunda tiene sede en Barcelona y su principal accionista privado es un banco catalán, La Caixa para más señas.

Es cierto que la firma barcelonesa tuvo el arrojo de plantarle cara a una administración, un hecho inédito en el negocio concesionario. Pero hoy esa batalla ha trascendido lo empresarial para convertirse en una hecho político injustificable. ¿Por qué razón Mas y algunos de sus colaboradores se atrincheraron detrás de Acciona, la empresa de los Entrecanales?, ¿por qué motivo Lluís Recoder, el consejero que autorizó el contrato de la privatización salió centrifugado del gobierno de Mas? Aún más: ¿qué razón impidió, visto lo visto, dar marcha atrás y subsanar un error de gestión de ese calibre? ¿Gallardía, petulancia, corruptelas, promesas futuras…?

Tras la investigación realizada por Antifraude y en manos ya de las consejerías afectadas (Territorio y Economía), los organismos concernidos (la Agencia Catalana del Agua), las empresas del grupo Acciona que han cometido las irregularidades y la Fiscalía General de Cataluña los 13 millones de euros que se han volatilizado en operaciones vinculadas son un argumento muy serio. Suficiente para demostrar que si no se da por finalizado el contrato, este país tiene un problema muy serio de calidad institucional y democrática.

¿Qué dirán aquellos miembros de la CUP que prestan apoyo al actual gobierno de esas irregularidades que pueden incidir, según Antifraude, en el coste futuro del agua para los catalanes? ¿Y los de ERC que se presentaron como un partido de manos limpias, ahora que tienen bajo su manto el área económica, seguirán dando apoyo a un proceder y una empresa que se demuestra cada vez más sospechoso de irregular? Y los convergentes de buena fe, ¿seguirán pensando que 1.000 millones no es nada, que febril la mirada…?

Tengo enorme curiosidad por saber qué dirán de esto Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. ¿Harán bueno al ex presidente también en sus monumentales, o quién sabe qué, pifias de gestor? Ojalá sean capaces de echarle arrestos ahora que una institución catalana les ha llenado la cantimplora de argumentos para darle la vuelta a una privatización intolerable en sus formas. Antifraude lo tiene claro, a la vista de las irregularidades, Acciona puede salir por la puerta de atrás sin derecho a indemnización.

De lo contrario, si Acciona continúa suministrando nuestra agua, acabaremos llegando a la conclusión de que cuando Madrid no es un enemigo o no existe, somos un país pobre, cainita y mísero. Un país de políticos quijotescos enrocados siempre, por costumbre, en el sostenella y no enmendalla. Por más modernos e independientes que nos presenten algunos medios, en esta vida no todo consiste en mear colonia.