Llegan a España y se vienen arriba al acercarse a grandes empresas españolas, algunas de ellas estratégicas. Invertir en un país extranjero no debería suponer mayor problema en mercados libres y desarrollados, de la misma manera que mantener las formas con idéntica pulcritud a las que desarrollarían en su lugar de origen parecería lo lógico. No siempre es así, aunque muchos se llenan la boca de programas de buenas prácticas, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Llega un fondo a España -alguien le ha enseñado antes en una presentación las maravillosas oportunidades de ese mercado- y nombra a un propio local para que le represente. La mayoría de esos embajadores de fondos son personas más conocedoras de las ratios de rentabilidad que de los entresijos políticos, sociales y económicos del país. En pocas ocasiones han tenido una experiencia en la administración pública o en una gran empresa como la que escogen para invertir.
Los fondos de inversión extranjeros llevan años recorriendo las empresas del país y tomando posiciones, en especial en el mercado inmobiliario (tanto residencial como logístico) y tecnológico. Hay otros casos, los de las grandes compañías, en las que los fondos buscan maximizar su inversión sin más apego al proyecto industrial que el necesario para salir en estampida en un lustro con una ingente plusvalía. Estrujar, dividir y abaratar, una combinación de acciones durante su permanencia que bien podría considerarse la receta actual de la especulación de corto plazo. Una búsqueda del bonus personal sin más arraigo que los ceros que acumularán.
En ese tránsito por el país y por sus grandes compañías han demostrado que no siempre actúan con el respeto necesario con el territorio en el que aterrizan ni sobre las compañías que han elegido para invertir. Los casos de Telefónica, Naturgy o Talgo son recientes y muestran con claridad como algunos inversores internacionales se pasan las más elementales normas de educación empresarial por el forro de su Ebitda.
La llegada de la firma saudí STC al capital de la primera operadora española de telecomunicaciones ha sido paradigmático. Aterrizaron en silencio y se pusieron como locos a adquirir matildes hasta que se vieron en la obligación de comunicar al mercado que habían sobrepasado una determinada posición. El Gobierno, cariacontecido, se vio obligado a admitir que los árabes se habían colado por una puerta trasera y sin su conocimiento. Proteger a Telefónica de un accionista todavía desconocido, sin un historial y una reputación que le avale, ha obligado al Ejecutivo a movilizarse ante esa llegada y a preparar la compañía para frenar una eventual pérdida de españolidad que nos dejaría comprometidos en materia de comunicaciones.
La SEPI comprará hasta el 10% de Telefónica y junto a Criteria Caixa y BBVA serán los garantes financieros del proyecto industrial de una emblemática empresa. Los planes de futuro de esa compañía van a verse lógicamente afectados por los movimientos accionariales y su eventual correspondencia en términos de gobierno corporativo (léase: número, asignación y designación de consejeros). El PP, en este asunto, está a por uvas.
Solo el cada vez más incontestable liderazgo de un mago de la estrategia empresarial y financiera está garantizando que España no pierda algunas piezas imprescindibles en su ecosistema de actividad productiva. Isidro Fainé se ha ratificado en su apuesta por Telefónica, donde ejerce de vicepresidente y representa la inversión del grupo de origen catalán, y ha dado un golpe de efecto inesperado pero necesario en el accionariado de la energética Naturgy para acallar de una vez los cantos de sirena de los inversores foráneos que esas compañías han acumulado como socios en los últimos años ante la falta de otras apuestas de capital local.
El presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y de Criteria ha demostrado una vez más que además de obra social es capaz de cincelar una suerte de obra empresarial transcendental sobre la cual cimentar un conglomerado de grandes compañías de capital nacional a resguardo de los movimientos internacionales, a menudo de carácter especulativo. Fainé aclaró esta pasada semana al socio estadounidense GIP (con el 20,6% y ahora propiedad de Blackrock), al británico CVC (20,7%) y al australiano IFM (15%) que allí está el grupo Criteria para garantizar que Naturgy ni se trocea ni se vende. Es más, quién sabe si no habrá de adquirir incluso mayor dimensión en el medio plazo. Una compañía con la historia y posición de mercado como la que dirige Francisco Reynés no puede administrarse como cualquier otra. La generación y distribución de electricidad y gas en el mercado nacional debe ser un negocio rentable para sus propietarios, pero con la garantía de que –como sucede en Francia u otros países de la UE– son compañías de servicios en las que se limita o controla la especulación financiera.
Fainé no necesitó comprar una acción de Naturgy, solo mostrar su liderazgo. Un comunicado para informar de su apoyo absoluto a Reynés y a la morfología actual de la compañía han bastado para llevar al mercado la información de que actúa como el centinela español en ese grupo. Los americanos de GIP, necesitados de que Pedro Sánchez bendiga al entrada de Blackrock, y los británicos de CVC, con un correoso y señalado Javier de Jaime al frente, ya saben de qué va ahora la cosa. Y los arribistas australianos de IFM han aprendido que por más uso que hagan de las estrategias de Estudio de Comunicación para calentar la junta de accionistas en el grupo Caixa no se andarán con paños calientes, menos aún desde que Isidro Fainé ha reforzado la cúpula del hólding. Seguirá el guante de seda de siempre, pero ahora la mano de hierro es más firme y, en esencia, ése era el mensaje que el comunicado puso en evidencia. La foto de esos dirigentes en la entrega del premio al mejor CEO español de 2023 de la revista Forbes lo acaba de rubricar. Mírenla y así podrán entender que se trata de una delantera que ni el Barça de Messi pudo reunir.
Isidre Fainé (en el centro de la imagen), premio Forbes al mejor CEO español de 2023
Sucede similar con Talgo, amenazada por una opa de un grupo húngaro Magyar Vagon sobre el 100% de su capital. Más allá de que la firma española ha dado nombre a una modalidad de transporte y ha mostrado su capacidad para acompañar al país en el desarrollo de la alta velocidad, la llegada de los eventuales compradores se ha realizado sin la menor prudencia ni empatía. Con una Renfe quejosa por las entregas de material, el Gobierno español, lógicamente, considera estratégica esa empresa. Los húngaros no han pedido permiso y se han limitado a presentar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las condiciones de su oferta. Son métodos que sirven para comprar una fábrica de chorizos, pero que resultan bárbaros para hacerse con el control del constructor ferroviario, para manejar una gran energética o liderar el gigante del mercado de las comunicaciones de un país.
La gran cantidad de capitales que circulan por un mundo cada vez más globalizado han dado pie a que algunos de sus gestores se aventuren con proposiciones descarnadas e indiferentes a la realidad de los mercados locales, su regulación, idiosincrasia y protagonistas. Un caldo de cultivo para que los Lazard, Goldman, Garrigues, Estudio de Comunicación y otros tantos intermediarios jurídicos, financieros o de opinión pública hagan su agosto, completen sus bonus e intenten que la ciudadanía comulgue con ruedas de molino.
El gesto y el músculo de Criteria son una gran noticia para los intereses españoles, de las que pasan desapercibidas, y que el Gobierno debiera acompañar alineándose en sus decisiones con ese hólding nacional que hoy es lo más parecido al ejército de defensa de las fronteras empresariales en un contexto de libre mercado. Mientras los inversores extranjeros no destinen más recursos al respeto por lo local, Criteria es la solución.