A cuatro días del 1-O se puede afirmar con rotundidad que no habrá simulacro general de votación. A diferencia del 9-N, esta vez los poderes del Estado lo están impidiendo y lo impedirán, actuando desde hace días contra la logística de la convocatoria y bloqueando el mismo domingo la apertura de los "colegios electorales". Nada diferente de lo que habría ocurrido en cualquier otro país democrático europeo ante un atentado tan grave al orden constitucional. Aquí, sin embargo, es evidente que el Gobierno español ha actuado con extraordinaria prudencia fruto de su debilidad política y de la incapacidad para afrontar el debate de la opinión pública, por ejemplo, ante el dilema de aplicar el famoso artículo 155, para el cual había sobradas razones desde hace meses.

Hasta ahora, el único error grave cometido por la Fiscalía ha sido llamar a declarar a los alcaldes que apoyan el 1-O: cuestionable desde la perspectiva jurídica e irrelevante para la organización del referéndum. Únicamente ha servido para alimentar el fuego victimista. En cambio, la llamativa actuación de la Guardia Civil, a instancias del juzgado de primera instancia número 13, el miércoles pasado, fue impecable. Que los registros y las detenciones de ese día encendieran la mecha de la histeria en buena parte de la sociedad catalana, como si los derechos democráticos y las libertades públicas estuvieran en peligro en España, es muy inquietante y desolador, pero es el resultado de los terroríficos llamamientos efectuados desde los medios públicos de la Generalitat y otros privados, como RAC1. La alianza coyuntural de la izquierda podemita y los comuns con el separatismo acabó de legitimar ese discurso delirante. El clima agonístico logró blanquear el golpe de Estado que JxSí y la CUP dieron en el Parlament el 6 y 7 de septiembre.

El domingo no habrá un simulacro de referéndum, pero sí una tensión social asfixiante, desbordante. Cientos de miles de personas intentarán "votar", tomarán la calle, aunque muchos más catalanes se quedarán en casa

En cualquier caso, el domingo no habrá un simulacro de referéndum, pero sí una tensión social asfixiante, desbordante. Cientos de miles de personas intentarán "votar", tomarán la calle, aunque muchos más catalanes se quedarán en casa. No lo olvidemos. Las entidades separatistas concentrarán sus fuerzas ante un número determinado de "colegios electorales" para ocuparlos de madrugada o forzar de alguna forma su apertura. Se buscará repetidamente la foto de la "represión". Es imposible saber qué puede pasar en un escenario así. Esperemos que la frustración de tanta gente se desarrolle por cauces pacíficos.

La pregunta que ya todos nos hacemos es qué ocurrirá los días siguientes. De haber habido algo parecido a otro 9-N, pese a la ausencia de garantías democráticas y el rechazo frontal de los partidos de la oposición, la declaración unilateral de independencia hubiera sido inevitable atendiendo a la lógica de los acontecimientos. Es más, no me cabe ninguna duda de que había planes elaborados para intentar tomar el control del territorio tras la DUI, con la participación por lo menos de una parte de los Mossos, transformando el choque en un conflicto armado y en un asunto ya ineludible para la comunidad internacional. Será muy interesante conocer lo se está investigando por la justicia y el alcance de los delitos ya anunciados de sedición para algunos de los acusados.

Mi apuesta es que tanto el PDeCAT como ERC optarán por convocar elecciones de forma bastante rápida para aprovechar este momento de movilización máxima del independentismo y la posibilidad de pescar en las aguas revueltas de los comuns

Ahora bien, sin la legitimidad que el Govern podría intentar esgrimir falazmente tras una votación, ante al despliegue tan numeroso de efectivos policiales que hay en estos momentos en Cataluña y el control efectivo de los Mossos por parte del Estado, el recurso a una DUI parece poco menos que suicida. No se puede descartar del todo, no lo hacen ni los propios protagonistas. Pero cuesta creer que vaya a producirse porque no conduce a ninguna parte. Únicamente a disturbios callejeros. Sería un final épico para Carles Puigdemont, que sería detenido, y cuyo destino es acabar igualmente en la cárcel tras un juicio por haber cometido diversos delitos penales. Lo mismo puede decirse de Oriol Junqueras, cuya inhabilitación es también inevitable, y de tantas otras figuras del Govern implicadas en la organización del 1-O.

Sin embargo, no creo que esa sea la salida que se imponga tras el domingo. Mi apuesta es que tanto el PDeCAT como ERC optarán por convocar elecciones de forma bastante rápida para aprovechar este momento de movilización máxima del independentismo y la posibilidad de pescar en las aguas revueltas de los comuns. Elecciones a las que podrían ir juntos o separados pero compartiendo un doble aliciente y un único propósito: 1. Beneficiarse del apoyo popular hacia los acusados que podrán ser candidatos porque todavía no estarán inhabilitados; 2. Convertir la votación en una ola de protesta contra el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy; y 3. Prometer que si la mayoría secesionista supera esta vez el 50% se declarará inmediatamente la independencia. No hay mejor plan para intentar una segunda vuelta de las fracasadas elecciones "plebiscitarias" de 2015. Y así nos plantamos en noviembre sin dar pausa a la tensión.