Lo decimos hoy, cuando el dirigente socialista ha asumido la presidencia del Gobierno de España, coincidiendo con la constitución del Govern de Cataluña por el president Torra. Y cuando este se atreve a solicitar diálogo al presidente Sánchez "de govern a govern", como si se tratara de dos instituciones equiparables. !Gran error, president Torra! Usted es, pese a sus pretensiones, el presidente de una comunidad autónoma.Y la prueba de ello es muy evidente.

El Parlament aprobó, después de muchos meses de titubeos, la ley 2/2018, de 8 de mayo, para legitimar no solo la investidura telemática del president de la Generalitat sino el nombramiento de políticos privados de libertad por el Tribunal Supremo o prófugos por no haber atendido los requerimientos de dicho tribunal. Ley suspendida por el Tribunal Constitucional por su evidente contradicción con la Constitución y la propia ley autonómica. El fracaso del president ha sido total. Todos sus intentos de aplicar aquella ley han resultado frustrados y, finalmente, ha accedido a nombrar consellers a personas que podían estar presentes personalmente. En el acto de la toma de posesión se ha acordado exhibir en la fachada del Palau un cartel exigiendo, con una tácita imputación de prevaricación a los magistrados del Supremo, la "libertad de los presos políticos". Con una evidente y activa intervención del president. Y, desde esta posición, se exige "diálogo" al Gobierno del Estado.

Por otra parte, el president Torra está pendiente de una denuncia, por delitos de odio tipificados en el Código Penal, formulada por el Movimiento contra la Intolerancia ante la Fiscalía del TSJC. No se puede desconocer esta iniciativa en relación a sus escritos y tuits de contenido xenófobo e hispanofóbico. Nos parecía que no podíamos llegar hasta aquí después de aquellas palabras del expresident Mas. Como es sabido, fue el gran impulsor del proceso independentista, hoy condenado por desobediencia y máximo responsable de CDC cuando su partido participó de lleno en las operaciones delictivas descritas en la sentencia del Palau de la Música. En 2014 dijo: "En ningún caso, el movimiento para la soberanía catalana es la expresión de un nacionalismo étnico, victimista y antiespañol" (El País, 2/6/2018). Acababa de reunirse con un líder de la Liga Norte italiana. ¡Qué fácil parece ser la infidelidad a las propias convicciones!

Pero, antes de que el presidente entable cualquier clase de relación con el president Torra, debe conocer algunos rasgos del proceso penal que el Supremo está instruyendo contra los responsables penales de su insurrección contra la Constitución, el Estatuto de Autonomía, otras muchas leyes democráticas y las decisiones del Tribunal Constitucional. Si la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel ha sido entusiásticamente aceptada para dar un giro radical a la política española, lo que constituye una prueba evidente de la trascendencia de la división de poderes, es igualmente exigible que todos los partidos políticos, sin excepción alguna (incluidos los catalanes), asuman definitivamente el respeto que merece el Supremo en la persecución penal de quienes ahora piden diálogo pero desde hace muchos años ya tenían en marcha, casi clandestinamente, un plan para la "desconexión" con el Estado español fuera y contra la legalidad democrática.

El procés nace, al menos formalmente, en enero de 2013 cuando el Parlament proclama en la Resolución 5/X que el pueblo de Cataluña es un "sujeto político y jurídico soberano", resolución, como tantas, otras anuladas por el TC y reiteradamente desobedecidas.

Desde entonces, los independentistas constituyen una minoría social que, gracias a la ley electoral española, a la que nunca han querido renunciar aprobando una ley propia, les otorga una mínima mayoría parlamentaria por la sobrerepresentación que les conceden las provincias de Girona y Lleida. Para ese fin, España es necesaria. ¡Vaya desfachatez! ¡La inmensa mayoría de la ciudadanía catalana estamos y estaremos por un Estado integrador y federal!

Tres semanas después, crean el Consejo Asesor para la Transición Nacional para, entre otras competencias, crear "estructuras estratégicas" del futuro gobierno, optimizar los recursos disponibles y difundir dicho proyecto en la comunidad internacional. Consejo que elaboró 18 informes que sirvieron para aprobar el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña presentado por el president Mas el 29 de septiembre de 2014. Dicho Libro Blanco plantea ya "forzar la negociación con el Estado" --no dialogar-- y "en el caso de que esta presión por la negociación no tuviese éxito [...] la alternativa que quedaría a la Generalitat [...] sería declarar unilateralmente la independencia". Hace ya casi cuatro años de esta declaración de clara y rotunda ruptura con el Estado español, con España y contra los españoles. Ya entonces el objetivo fijado era claro, dicha declaración de independencia "comportaba la voluntad de desconectar de manera inmediata de las instituciones del Estado español y de su ordenamiento jurídico", rechazando el reconocimiento de sus instituciones y "la vinculación a ese Estado", que era, nada más y nada menos, que el que España se otorgó con la Constitución de 1978. Y el procés avanzará aún más. Ya lo veremos.

¿Cómo puede extrañar a alguien que solo a tenor de estos primeros pasos se incoara un proceso penal contra tal desafío a la democracia?