Con el inicio de curso, ha empezado en la enseñanza catalana una ofensiva integral, expansiva, holística. La consigna es clara: prohibido hablar en castellano en los centros educativos. Si creen que exagero, pueden consultar en este documento oficial del Departamento de Educación las directrices respecto a todo lo relacionado con el uso de la lengua catalana en la enseñanza.

Cito apenas algunas de las actuaciones en las que hay que "garantizar" el uso del catalán: "Todas las actividades internas del centro, las exposiciones de los profesores, las actividades de aprendizaje y de evaluación, la interacción entre docentes y con los alumnos". Ya ven que el mensaje es diáfano: no se puede utilizar ninguna lengua que no sea el catalán una vez se traspone la entrada del centro educativo.

El documento no solo es deliberadamente inconstitucional --vulnera el artículo 3--, sino de un totalitarismo bastante diáfano, por aquello, recogido en la definición del diccionario de la RAE, de querer "controla[r] coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial". Lo dijo Gonzàlez-Cambray: los catalanes tenemos que amar en catalán. Nada menos que una nueva y original forma de totalitarismo: el totalitarismo cursi.

Así que el documento tiene un doble objetivo: por un lado, coaccionar a profesores, alumnos y familias; por el otro, darle apariencia de legalidad a unas instrucciones que vulneran artículos esenciales de la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. El mundo al revés, como siempre.

Y todo ello aderezado con la siniestra figura del coordinador lingüístico de centro, forma eufemística de referirse a un híbrido entre comisario y delator encargado de vigilar que tanto profesores como alumnos no caigamos en la tentación de usar la lengua herética. Lean alguna de sus funciones: "Recoger información sobre las lenguas en que se imparten las áreas, materias o asignaturas no lingüísticas", así como "proporcionar datos sobre el contexto sociolingüístico del centro, del alumnado y de las familias". Lo que se dice ir a calzón quitado. De todas formas, les convendría a los comisarios lingüísticos y a los directores tener presente el artículo 542 del Código Penal, por si se toman la aplicación de las instrucciones con un exceso de celo.

Pero no se circunscribe la ofensiva a los centros educativos. Lean con atención: "Se traslada a los profesionales encargados de gestionar las actividades no docentes (comedor escolar, actividades extraescolares, etc.) información sobre los usos lingüísticos de la escuela acordados en el proyecto lingüístico". Recuerden: el objetivo es que amemos en catalán. Pues bien, al parecer se han tomado muy en serio esta voluntad expansiva y ya hay ideólogos realizando sesiones de concienciación lingüístico-nacional en diferentes organismos públicos para instruir a todos los trabajadores que tengan alguna relación con la administración catalana y mantengan contacto con los alumnos.

La instrucción, sazonada con dosis importantes de doctrina identitaria y actitud paternalista, vuelve a ser clara: desde que se montan en el bus escolar por la mañana, hasta que el mismo bus los devuelve a casa por la tarde, los alumnos solo deben escuchar el catalán en su trato con todo el personal que se relacione con ellos. Por el bien de los alumnos, claro.

Y toda esta campaña que han puesto en funcionamiento, esa soberbia chulería con la que dicen que no se va a aplicar el 25% de horas en castellano, tiene un mensaje muy claro para los catalanes constitucionalistas y para el resto de España: en Cataluña no rigen las leyes españolas, no rige el Estado de Derecho. Por eso dijo la exconsellera Ponsatí que en Educación ya estaban creadas las estructuras de Estado.

También habrá que recordar que el decreto 6/2022 y la ley 8/2022, redactados y aprobados ad hoc para no aplicar la sentencia del 25%, contaron con el concurso de una izquierda catalana que se alinea, sin empacho alguno, con el nacionalismo catalán para despojar a los niños de las clases populares, mayoritariamente hispanohablantes, del derecho a educarse en su lengua materna, con los beneficios pedagógicos, reconocidos por la UNESCO, que se derivan de esa circunstancia.

Y, justo ahí, en ese instante en que se priva a los alumnos castellanohablantes de su lengua materna en el colegio, empieza el proceso de desvinculación afectiva con respecto a la escuela. Tratados como extranjeros desde los tres años, los que no paguen el peaje identitario impuesto para el ascensor social serán los abstencionistas del futuro. Y así se sigue controlando el cortijo.

Por eso es tan importante la manifestación del 18 de septiembre convocada por Escuela de Todos, porque, como en octubre de 2017, tendrá que ser la sociedad civil la que se movilice. De la política, visto lo visto, y hasta nueva noticia, poco cabe esperar.