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El sistema público de pensiones: ventajas y problemas

Gonzalo Bernardos
8 min

El sistema público de pensiones es el pilar del Estado de bienestar español más mediáticamente atacado. La mayoría de las críticas tienen como objetivo explícito o implícito el fomento de los planes de pensiones privados. En los artículos que versan sobre él, casi nadie elogia sus virtudes. En cambio, prácticamente siempre quedan retratados todos sus defectos, incluso a veces algunos que no tiene.

El propósito de las siguientes líneas es efectuar un análisis de sus ventajas y problemas. Entre las primeras, destacan una elevada tasa neta de sustitución, una excelente redistribución de la renta y un comparativamente reducido coste. Los segundos tienen principalmente que ver con su posible insostenibilidad financiera y la progresiva reducción de la pensión media.

La tasa neta de sustitución es el porcentaje del último salario que representa la primera pensión percibida, una vez descontadas de ambas retribuciones los correspondientes impuestos. Según la OCDE, en España, en la actualidad y para las rentas medias, se sitúa en el 81,8%. Una cifra que supera claramente a la obtenida por los ciudadanos de los países de la organización (62,9%) y de la Unión Europea (70,6%).

Las pensiones en España tienen una elevada tasa de sustitución y supone un excelente sistema de redistribución de la renta

Entre los 35 países miembros, constituye la 8ª más elevada y supera ampliamente a la observada en el Reino Unido (29%), EEUU (49,1%) o Alemania (50,5%). También excede a la de Chile (40,1%), un país donde el sistema de pensiones está casi exclusivamente basado en la capitalización de las aportaciones (idéntico al de las privadas en España), una modalidad que numerosos economistas aconsejan adoptar en nuestro país a corto o medio plazo.

La existencia de un tope a la pensión máxima anual (en la actualidad, 2.573,7 euros) permite al sistema español generar una redistribución de la renta entre los antiguos trabajadores. Los principales perjudicados son los que han obtenido durante largo tiempo elevados salarios y han cotizado a la Seguridad Social por la base máxima (en 2017 equivalente a 3.751,2 euros) o una cuantía muy cercana a ella. Los beneficiados son los perceptores de retribuciones bajas y medias (iguales o inferiores 36.000 anuales), quiénes reciben una primera pensión muy próxima al salario medio (corregido al alza por la inflación) de los últimos 20 años.

En el ejercicio de 2015, según Eurostat, el gasto público en pensiones de España fue del 12,7% del PIB. El importe recaudado en cotizaciones sociales se situó en el 12,3% del PIB, y fue inferior a la media de la UE (13,2%) y de la zona euro (15,3%). Su nivel quedó sumamente por debajo de los países con mayor porcentaje de recaudación, tales como Francia (18,9%), Bélgica (16,7%) y Alemania (16,5%).

Unas cifras que llevan a dos conclusiones: el sistema de pensiones español no es oneroso y existe margen para aumentar la recaudación. Ésta puede incrementar por la mejora de la coyuntura económica y por los cambios de legislación. La primera previsiblemente comportará en los próximos años un aumento tanto del número de cotizantes como del importe de las bases de cotización.

El sistema de pensiones español no es oneroso y existe margen para aumentar la recaudación

La segunda implicaría subir el tipo impositivo, destopar la base máxima o eliminar algunas o todas las tarifas planas actuales, como la que permite pagar a los nuevos autónomos 50 euros mensuales durante un año. Una tercera vía para aumentar los ingresos sería destinar, al pago de las pensiones, la recaudación conseguida por un nuevo tipo de tributo o por el aumento de los tipos de algunos de los existentes, como es el caso de Francia.

El peligro de la insostenibilidad financiera proviene de tres causas: el agotamiento del Fondo de Reserva, unos ingresos inferiores a los gastos y el progresivo envejecimiento de la población. El primero llegó a alcanzar un máximo de 66.815 millones de euros en 2011 y en la actualidad habría desaparecido, si el Gobierno no hubiera efectuado un préstamo a la Seguridad Social para sufragar las dos pagas extras de 2017.

El segundo factor supone un déficit acumulado entre 2012 y 2016 de 64.490 millones de euros, una cifra que probablemente aumentará en el ejercicio actual en aproximadamente 18.000 millones de euros. El tercero supone un gran empeoramiento del ratio de dependencia demográfica, entendido éste como el número de personas cuya edad iguala o supera los 65 años por cada 100 que hay entre 20 y 64. En España, según la OCDE, pasará de 30,6 en 2015 a 38,6 y 77,5 en 2035 y 2050, respectivamente.

Unos números que indican claramente la necesidad de adoptar medidas a corto y medio plazo para eliminar el desfase económico actual y el del previsible futuro. Además del aumento de los ingresos, es imprescindible conseguir una disminución de los gastos. Para ello, no creo que la solución consista en reducir el importe medio de las pensiones, sino en disminuir el período de su percepción.

El sistema de pensiones público español tiene larga vida, si se aplican unas pocas e imprescindibles reformas

Con dicha finalidad, mi propuesta es pasar en el muy corto plazo la edad mínima de jubilación desde los 65 años y 6 meses (la vigente en 2018) a los 70 y estimular que, quién lo desee, pueda retirarse a una edad más avanzada. Una opción que vendría justificada por el aumento en la esperanza de vida, el retraso en la entrada de los jóvenes en el mercado laboral, la disminución del esfuerzo físico en la mayoría de trabajos y la mejora de la salud de las personas de más de 60 años.

En contraprestación, el Gobierno retiraría la reforma de 2013 que implicaba la pérdida anual de poder adquisitivo si la inflación superaba el 0,25% (la merma de este año será de alrededor del 1,4%) y, a partir del 2019, el de la primera pensión, si aumentaba la esperanza de vida en el último quinquenio.

En definitiva, el sistema de pensiones público español tiene larga vida, si se aplican unas pocas e imprescindibles reformas. Éstas no deben llevar a reducir el poder adquisitivo de los pensionistas, sino a incrementarlo paulatinamente. El cambio por uno basado en la capitalización de las aportaciones no es ninguna garantía de mejora, especialmente para los trabajadores que perciben bajos salarios. El caso de Chile constituye un magnífico ejemplo de que algunas veces la teoría y la realidad discrepan profundamente.

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¿Quién es... Gonzalo Bernardos?
Gonzalo Bernardos

Profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona, y vicerrector de Economía entre enero de 2010 y octubre de 2012, he escrito 32 libros o grandes informes, entre los que destacan La gran mentira de la economía (Ed. Destino), ¿Cómo invertir con éxito en el mercado inmobiliario? (Ed. Netbiblo) y Economía (libro de 1º de bachillerato de la Ed. Barcanova). Tengo un gran problema y una gran virtud. Es la misma. Soy muy sincero, pienso lo que digo y digo lo que pienso, tanto delante como detrás. No necesito quedar bien con nadie, excepto con mi mujer, con mis hijos y conmigo mismo. Lo notarás en mis artículos.

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