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Peajes en las autopistas, una pesadilla interminable

Gonzalo Baratech
6 min

El Gobierno del señor Sánchez ha comunicado a la Unión Europea que prevé implantar el cobro por el uso de las autopistas españolas. De pasada, anuncia que desde 2024 hará extensiva la medida nada menos que a toda la vasta red de autovías celtibéricas. Si alguien pensaba que los peajes tenían fecha de caducidad, que vaya abandonando toda esperanza. De una forma u otra, seguiremos apoquinando hasta el final de los tiempos.

El año pasado vencieron las concesiones de la AP-7 en el tramo Tarragona-Alicante, de 370 kilómetros, y de la AP-4 en el trayecto Sevilla-Cádiz, de 95 kilómetros. El próximo 31 de agosto expira la AP-2 de Zaragoza al Mediterráneo y la muy frecuentada AP-7 entre La Jonquera y Tarragona. Entre ambas suman 480 kilómetros. Su propietaria actual es la compañía de servicios Abertis.

Tras más de medio siglo de explotación privada, los ilusos conductores se las prometían muy felices. Y es que los gobernantes de todo pelaje venían acariciando sus oídos con unas promesas inquebrantables. Por fin, los políticos con mando en plaza iban a desterrar para siempre la inveterada costumbre de otorgar un aplazamiento tras otro a las voraces adjudicatarias, empeñadas en eternizar sus privilegios.

Es llegada la hora --argüían-- de que esos especímenes del capitalismo puro y duro pasen por el tubo. Y de que se haga realidad un viejo sueño de los ciudadanos, a saber, el de circular libremente con sus vehículos por las vías rápidas. Así se esfumará de una vez por todas la necesidad de detenerse cada dos por tres ante las casillas para pasar por caja, no sin soportar para ello, con desesperante reincidencia, enormes atascos y colas inacabables.

Pero poco dura la alegría en casa del pobre. Pedro Sánchez admite ahora que de gratuidad perpetua, nada de nada. Bien al contrario, subsistirá el pago en las calzadas de alta capacidad. Además, de propina, se establecerá también el portazgo en las autovías, muchas de las cuales están deterioradas en grado sumo. O sea que éramos pocos y parió la abuela.

En una fecha tan cercana como el pasado mes de diciembre, el ínclito ministro de Transportes José Luis Ábalos sacó pecho y vendió a la feligresía la moto del levantamiento inmediato de las barreras existentes en el eje Tarragona-Alicante. Se vanaglorió de que tan feliz remate significa “reparar un agravio histórico de los catalanes y los valencianos”. A mayor abundamiento, puso cifras al dichoso suceso: “Los usuarios van a ahorrarse 70 millones en Cataluña y 230 millones en la Comunidad Valenciana. Eso equivale, por ejemplo, a rebajar un 5,3% el IVA que sufragan los valencianos”.

Pues bien, no han transcurrido ni cinco meses y el mismo Gobierno del que forma Ábalos se ha desdicho de forma flagrante. Ha descubierto de pronto que el mantenimiento de las vías de máxima densidad encierra un cierto coste. Y, ni corto ni perezoso, ha decidido cargarlo a la espalda de todos los residentes, tanto si transitan por ellas como si no.

Pero no concluyen aquí las malas noticias para los contribuyentes. Abertis reclama desde hace años una indemnización de 3.300 millones porque el aumento del tráfico no ha compensado el importe de las obras que realizó para añadir un carril adicional y porque considera que la construcción de corredores paralelos ha restado clientela a sus rutas. El litigio se ventila en el Tribunal Supremo. El Gobierno reconoce, de momento, 1.291 millones. Sea ésta u otra la cantidad definitiva, acarrea engordar aún más el agujero descomunal de las renqueantes arcas públicas.

En estas materias, hay un hecho que no puede obviarse. Todas las carreteras precisan de trabajos permanentes de conservación para lucir un perfecto estado de revista. En las de concesión, cuando llega el vencimiento y son devueltas al Estado, ese coste lo pasa a asumir directamente el presupuesto nacional. Sin embargo, carece de sentido que la puesta a punto de tales infraestructuras se cargue a cuantos integran la masa del sufrido pueblo soberano, incluso aquellos que no las utilizan jamás.

Por ello, el régimen sanchista se ha de tragar sus alharacas anteriores y confiesa paladinamente que continuará aplicando la tarifa a los grandes ramales que se van rescatando.

Lo que clama al cielo es que, de rondón, aproveche la oportunidad para endosar asimismo el canon a un conjunto de equipamientos que siempre estuvieron exentos. Visto lo visto en el descalabro electoral de Madrid, el inquilino de la Moncloa ya sabe a lo que se expone con sus ínfulas recaudatorias insaciables.

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¿Quién es... Gonzalo Baratech?
Gonzalo Baratech

Baratech forma parte de una estirpe periodística catalana de larga tradición. Licenciado en Administración de Empresas por la European University y máster en Social Media Branding & Digital Strategy por La Salle-Universidad Ramón Llull, es coautor del libro Mas-Colell, el ‘minessoto’ que fracasó en política, de reciente publicación. Ha colaborado en Economía Digital y con anterioridad en La Vanguardia Digital y el diario Avui.