Valorar el trabajo de los funcionarios es un objetivo encomiable del que es difícil discrepar; de todas maneras, no parece que dotarlos de privilegios injustificables sea la forma más conveniente. Más bien parece lo contrario. La administración tiene diferentes fórmulas de compensación para incompatibilidades de cargos públicos o jubilaciones anticipadas de funcionarios pero las vacaciones institucionales instituidas en el Parlament ayudarán sin duda a que el mundo nos mire.

Ernest Benach, presidente del Parlament en 2008, cuando se aprobó la licencia por edad de los funcionarios de la cámara catalana que ahora le ha explotado en la cara a Laura Borràs, ha declarado por toda explicación que entonces “el contexto político, económico y social era muy diferente al de ahora” y que él y el resto de los integrantes de la mesa creyeron que tal medida “ayudaría a valorar el trabajo de los funcionarios”. Espectacular razonamiento solo superado por el aportado por su sucesora en el cargo, Núria de Gispert, que para defender el mantenimiento de tal privilegio ha dicho que “no le dimos importancia”. Hay situaciones en las que lo mejor es mantener un prudente silencio para no empeorar las cosas cuando estalla el escándalo.

Cuatro presidentes de la cámara, cuatro, con sus respectivas mesas y sus respectivos secretarios generales, coincidieron en valorar como razonable que los funcionarios de la casa dejaran de trabajar y seguir cobrando cinco años antes de alcanzar la edad de jubilación. Una manera estupenda de prestigiar la institución, se supone. Por eso no harían caso a las advertencias del TSJC sobre el exceso que suponía tal privilegio y como ningún sindicato iba a romper el hechizo, el paraíso laboral podía seguir abierto.

La quinta presidencia afectada, la actual, sí que cayó en la cuenta de que tal prebenda era excesiva, pero no consideró preciso anularla, tan solo decidió mantenerla con una rebaja de un par de años. Hasta que el diario Ara hizo explotar el tema. De inmediato, las lamentaciones y el intercambio de acusaciones habitual entre Junts y ERC (hay tres presidentes republicanos en este período y eso es un regalo para Junts). De momento, la responsabilidad del entuerto no ha sido atribuida al pérfido Estado español pero no hay que desanimar en que lo hagan.

De toda la tempestad que envuelve el caso, lo más fascinante es el razonamiento inicial. Eran otros tiempos, ha sentenciado Benach. Y tiene razón. Sin embargo, sería muy conveniente que profundizara algo más en el argumento, porque parecería que dado que en aquellos ejercicios presupuestarios no se conocían las dificultades financieras (al menos en el Parlament), lo propio y normal era conceder privilegios complementarios a los funcionarios de la cámara para hacerla atractiva como puesto de trabajo en la administración, frente a otros destinos menos agraciados.

Sería fácil cuantificar la suma de millones resultante de haber procedido todas las instituciones igual que el Parlament, escudándose en la fortaleza de los presupuestos públicos de aquella coyuntura para beneficiar a sus funcionarios. Los temblores económicos que ya se percibían por entonces, especialmente en Estados Unidos, no desanimaron a los impulsores (alguien debe ser el padre de la idea), más bien los debió ratificar en la oportunidad de la aprobación.

Efectivamente eran otros tiempos. Antes de los años negros del déficit público, había dinero en el Tesoro del Estado gracias al superávit de las cuentas generales, unos 10.000 millones, que José Luís Rodríguez Zapatero invertiría posteriormente en su plan de choque contra la crisis económica. Para cuando llegaron las vacas flacas a los presupuestos públicos, la licencia por edad en el Parlament ya era un derecho adquirido y han tenido que pasar 14 años para eliminarlo.