El Parlament paga 1,7 millones al año a 20 exfuncionarios

El Parlamento catalán paga cerca de 1,7 millones de euros al año a una veintena de exfuncionarios que ya no trabajan. La cámara catalana presenta elevadas renuneraciones a ex altos cargos con arreglo a licencias de edad, una suerte de permisos de jubilación que dan derecho a emolumentos que alcanzan los 10.000 euros al mes sin actividad en el caso de los exsecretarios generales. 

Lo ha avanzado Ara, que ha precisado que las retribuciones se pagan desde 2008, cuando el entonces presidente del hemiciclo regional, Ernest Benach, aprobó el permiso en una época en la que la crisis económica aún no había golpeado la tesorería de las Administraciones públicas. Desde entonces, hasta 21 exfuncionarios se han acogido al beneficio, que supone un gasto anual de los citados 1,7 millones. 

Dos exsecretarios, 10.000 euros al mes

En el reparto individual, los ex altos mandos que cobran más en virtud de la licencia de edad son los dos exsecretarios generales del Parlament, Imma Folchi y Pere Sol, que ingresan cerca de 10.000 euros al mes o lo que es lo mismo, 140.000 euros al año. Ello sin trabajar. 

El resto de extrabajadores del Parlament también se pueden beneficiar de la medida, que contempla retribuciones de entre 4.000 euros al mes por 14 pagas al año hasta los mencionados 10.000 euros mensuales por la misma cantidad. El resultado es que los exfuncionarios superan el sueldo de los exconsellers e incluso el del presidente catalán, Pere Aragonès. Quedan por debajo del de Laura Borràs, que presenta un salario anual cercano a los 155.000 euros. 

Menos "sensibilidad" con el dinero público

Desde el Parlamento catalán recuerdan que las licencias de edad se pueden pedir siempre que se acumulen más de 15 años trabajando en la Administración. Es una medida exclusiva de la cámara regional y no existe en el resto de la estructura de la Generalitat de Cataluña ni en el mercado de trabajo privado. 

El hemiciclo destaca que la introducción de los pagos en 2008 responde a una lógica precrisis, pues ni la economía ni las instituciones habían tenido que recortar presupuesto por la crisis de 2009. Había "menos sensibilidad" con el dinero público, concluyen.