Montar el pollo, la única estrategia

José Antonio Sorolla
7 min

Desde que, al día siguiente de las elecciones del 21D, Carles Puigdemont dijo en Bruselas que “España tiene un pollo de cojones”, su única estrategia ha sido la de montar el pollo, que ese pollo se hiciera cuanto más grande mejor.

La última iniciativa para montar el pollo es el anuncio de que el Parlament va a querellarse contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y “los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo que resulten responsables de los hechos consistentes en la vulneración consciente y deliberada de los derechos políticos fundamentales de los diputados del Parlament, y particularmente de los candidatos Jordi Sànchez y Jordi Turull” por ser decisiones “manifiestamente arbitrarias, injustas y contrarias a derecho”, dice el documento aprobado por la Mesa de la Cámara con el voto de Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, y la oposición de Ciudadanos y el PSC.

La querella será por el delito de “prevaricación”, presuntamente cometido por Llarena al no atender la petición del Comité de Derechos Humanos de la ONU de que España “tome todas las medidas necesarias para garantizar que Sànchez ejerza sus derechos políticos”. Esta frase, una formulación genérica que figura en el aviso de registro del comité --ni siquiera es una admisión a trámite--, es interpretada por los independentistas como una orden ejecutiva, cuando el organismo de la ONU no hace más precisiones ni puede tomar medidas cautelares al no tratarse de un tribunal, que, además, no ha entrado aún en el fondo del asunto.

La única estrategia de Puigdemont ha sido la de montar el pollo, que ese pollo se hiciera cuanto más grande mejor

Llarena negó el jueves, por segunda vez (la primera fue el 12 de marzo), la posibilidad de que Sànchez acudiera al pleno para su investidura, con el mismo argumento de que existe peligro de reiteración delictiva. En esta ocasión, el magistrado se refiere a la resolución del comité de la ONU para señalar que no es vinculante ni sugiere que la tutela de los derechos políticos del candidato abarque lo que Sànchez pide (puesta en libertad o asistir a la investidura presencialmente o por videoconferencia) y recuerda que solo tiene limitados parcialmente sus derechos políticos.

Las decisiones del juez son perfectamente discutibles --hay catedráticos que aseguran que no se puede privar a nadie de su derecho de sufragio activo y pasivo si no está condenado-- y puede considerarse que se excede porque presume una intención de cometer delitos que no se han producido, pero eso no se contradice con que el objetivo al presentar la candidatura de Sànchez no es otro que mantener el reto al Estado para agudizar sus contradicciones --montar el pollo-- porque es evidente que la Generalitat no se puede presidir desde la cárcel, como el propio Puigdemont tiene declarado. Es la misma razón por la que la CUP no acepta otro candidato que Puigdemont, cuando está claro que tampoco se puede presidir Cataluña ni desde Berlín ni desde Bruselas.

La querella se quiere presentar pese a las dudas expresadas por los letrados del Parlament porque su viabilidad está en entredicho, debido a la escasa fuerza legal de la recomendación de la ONU, y porque es cuestionable que sea de interés público. Aunque el presidente del Parlament, Roger Torrent, asegura que se quiere así respetar los derechos de los 135 diputados, lo cierto es que varios grupos de la Cámara se oponen a la querella y anuncian incluso que se puede incurrir en un delito de malversación de fondos públicos --es el caso de Ciudadanos y el PP--, lo mismo de que advierte el Gobierno central. Los letrados han sugerido que la querella la presente Jordi Sànchez o los grupos parlamentarios que la apoyan.

La posibilidad de nuevas elecciones vuelve a estar en el horizonte

La decisión de Llarena de impedir la salida de la cárcel de Sànchez obligó a Torrent a suspender el pleno previsto para el viernes. Pero era tal la desconfianza de los independentistas en que la investidura pudiera celebrarse y tan diáfana la intención de que se trataba solo de poner en evidencia a Llarena que Puigdemont ya había convocado para el lunes en Berlín a los parlamentarios de JxCat. ¿Cuándo pretendían investir a Sànchez si en la primera votación seguro que no salía por la oposición de la CUP? Finalmente, la reunión berlinesa del grupo parlamentario se llevará a cabo el miércoles por problemas logísticos.

Que el gatillazo estuviera cantado no impidió al vicepresidente del Parlament Josep Costa o a Elsa Artadi, ambos de JxCat, comparar la decisión de Llarena con el golpe de Estado del 23F, con la simple sustitución del Ejército por los jueces. Todo sirve para montar el pollo, y los mismos que se escandalizan cuando otros --el último, el escritor Javier Cercas-- califican de golpe de Estado las jornadas parlamentarias del 6 y 7 de septiembre y el 1-O, no dudan en acudir a la misma calificación ante cualquier iniciativa del Estado.

El miércoles, en Berlín, puede decidirse cómo seguir montando el pollo hasta el 22 de mayo, día límite para que se disuelva el Parlament si no se ha elegido president. La posibilidad de nuevas elecciones vuelve a estar en el horizonte.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.

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