Los autos dictados por la Audiencia Nacional (AN) sobre la “trama” de los Pujol, tras la fase instructora del proceso, tienen, por sí mismos, una evidente trascendencia. Particularmente, porque abren la puerta a la fase acusatoria y al juicio oral contra el primer expresidente de la Generalitat de la democracia, su esposa e hijos, incluida la excónyuge de Jordi, Mercè Gironés; con la excepción de Oriol, ya condenado por delitos de corrupción. Representan una terrible carga, no solo contra dicha familia, sino contra el nacionalismo y el propio independentismo, ya en franco estado decadente. Es un proceso que tiene unos orígenes evidentes. El expresident fue uno de los principales responsables de la quiebra de Banca Catalana --ninguneada por un tribunal plegado al poder--, lo que obligó al Estado a desembolsar fondos públicos por importe de 125.000 millones de las antiguas pesetas para afrontar el desequilibrio provocado por la pésima y punible gestión de Pujol y demás consejeros.

A partir de 1980, el ahora principal responsable, mientras ejerció la Presidencia de la Generalitat y hasta 2014, estuvo defraudando a la Hacienda Pública, con la evidente permisividad de todos los Gobiernos del Estado, y su correlativo enriquecimiento, de enormes proporciones, constituyendo un fondo que, también, fue aprovechado por sus hijos.

A partir de ahí, el expresident, conjuntamente con su esposa, promovió y apoyó la actividad económica de aquéllos. Es el objeto del proceso en curso. Por delitos muy graves, especialmente, el de “organización criminal”, en cuanto se les atribuye, provisionalmente, una actuación concertada y coordinada de padres e hijos para la obtención ilícita de fondos y la posterior distribución y ocultación de los mismos en cuentas corrientes de entidades radicadas en paraísos fiscales, lo que, obviamente, ha dificultado su localización: además de los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Son conductas criminales que, como no podía ser de otra manera, conectan con conductas corruptas, que la Audiencia Nacional no precisa, pero sugiere con evidente claridad: ”rendimientos económicos, que la resolución conecta con la influencia de miembros de la familia para orientar ciertas resoluciones de la Administración autonómica catalana, rendimientos que a su vez, fueron objeto de operaciones de transformación y a movimientos de diversa índole, con la finalidad de ocultar su procedencia ilícita”. Suponemos que el escrito de acusación precisará el verdadero alcance de esta trama, tan compleja como ilícita.

En el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública, cobra una singular relevancia el atribuido al imputado Josep, como titular de la cuenta AN7807 de la entidad BPA, de Andorra, en la que figura, a 8 de febrero de 2010, un ingreso de 800.000 euros.

En este contexto delictivo, puede y debe situarse la intensa actuación societaria de los hijos Jordi, Josep y Oleguer, además de Mercè Gironés. Desde 1990 a 2012, crearon o participaron, como administradores, en 21 sociedades, anónimas o limitadas, según debe constar en la causa penal, con finalidades muy diversas. Así consta, además, en los Registros Mercantiles de Barcelona, Tarragona, Madrid, Bilbao, Las Palmas y Melilla. Es una muestra de la amplitud territorial de su ilícita actividad económica, además de su relación con sociedades extranjeras, lo que otorga fundamento al razonamiento de la AN. Así, entre otros supuestos, debe saberse la razón por la que el imputado Oleguer fue designado administrador de tres sociedades constituidas en Las Palmas por la sociedad holandesa Drago Mediterranean Holding Cooperatieef U.A. o de otra, constituida en Melilla, Tres Forcas Capital S.A., por la sociedad Pavane Investments S.A, de Luxemburgo.

Pero es igualmente significativa la intensa actividad societaria del imputado Jordi, que crea o administra 13 sociedades, entre las que destaca, por su relevancia en la actividad presuntamente punible, Hot Line Computer SL, constituida con Mercè Gironés en 1990, con un capital social de 55.000.000 pesetas, Inter Rosario Port Services S.A., constituida en 2001, de la que posteriormente es nombrada administradora Mercè Gironés, quien también lo es de las sociedades Iniciatives Marketing i Inversions SL, constituida en 1993, y Project Marketing Cat SL, constituida en 2001. Pero concurre en su imputación un motivo especialmente grave. El auto recurrido “menciona numerosos ejemplos de contratos de prestación de servicios inexistentes… que servían de instrumento para ocultar flujos de fondos de procedencia ilícita”.

Respecto a Mercè Gironés, hay que destacar su intensa participación en los referidos hechos delictivos mientras mantiene su relación personal con Jordi. En todo caso, es ella la que crea la sociedad Irigem 2012 el 6 de diciembre de dicho año con un capital  inicial de 3.010 euros. Pero, posteriormente, lleva a cabo ampliaciones de capital hasta alcanzar la suma de 7.652.425 euros. El mejor conocimiento de la causa permitirá saber el origen de dichos fondos. Pese a que el tribunal excluye su responsabilidad penal por dos delitos fiscales, es lo cierto que mantiene la continuidad del proceso contra la misma porque subsisten contra ella “indicios de (su) participación” en todos los demás delitos tipificados y perseguidos en el mismo.

El camino hacia el juicio oral está abierto. Estamos ante un proceso crucial y determinante del futuro político de Cataluña.