“Soy independentista, pero no idiota”, dijo Jordi Sànchez en el juicio al procés en el Tribunal Supremo para responder al fiscal, que había dejado entrever que el expresidente de la ANC había atribuido a la propia Guardia Civil los destrozos en los coches patrulla el 20 de septiembre de 2017 en la concentración multitudinaria frente a la conselleria de Economía. Sànchez no solo no es idiota, sino que es el que mejor se ha defendido de los procesados que ya han declarado, pese a caer en contradicciones. Pero la inmensa mayoría de la gente tampoco es idiota, como parecen creer algunos de los acusados al hacer ciertas afirmaciones.

Por ejemplo, Jordi Turull y Josep Rull, cuando, en declaraciones casi calcadas, dieron a entender que el referéndum prácticamente se organizó solo o lo hizo la “sociedad civil”, sin participación del Govern. No sabían nada ni del censo, ni de las papeletas, ni de las urnas. Las urnas, fabricadas en China, “aparecieron” y ellos las vieron cuando fueron a votar, pese a que Turull, en un acto celebrado días antes, las había presentado mientras sonreía de oreja a oreja. Negaron también que se hubiese gastado “un euro” de dinero público en la consulta. Lo expresaron con la misma rotundidad que utilizaban para asegurar que desconocían los detalles cuando se les peguntaba sobre la actuación de una u otra conselleria en la preparación del referéndum (anuncios de TV3, papelería en la empresa Unipost, etcétera).

Ambos usaron la misma argumentación para justificar  que el Govern siguiera adelante con el referéndum pese a la prohibición del Tribunal Constitucional (TC). “Ponderaron” --expresión de Turull-- el respeto a la ley y el “mandato democrático”, la legalidad y la “voluntad popular”, y se decidieron por la segunda opción, como si se pudieran separar.

La mayoría de los que han declarado han insistido asimismo en que “siempre, siempre, siempre” defendieron un referéndum acordado y en que la declaración de independencia fue solo política o simbólica, frente a la evidencia de la declaración de ruptura del 9 de noviembre de 2015 (dos años antes), que ya se pronunciaba por la desobediencia al TC; de la ley del referéndum (6 de septiembre de 2017), que preveía la declaración de independencia dos días después de la “victoria del sí” en la consulta, y de la ley de transitoriedad (7 de septiembre), que se convertía, hasta la instauración de la República, en la “norma suprema del ordenamiento jurídico” catalán. Otro argumento recurrente ha sido que el referéndum está despenalizado desde que en el 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se sacó del Código Penal. Defensa inútil porque no se les acusa de convocar un referéndum, sino de desobedecer al TC.

El juicio deja claro hasta ahora que los fiscales sudarán tinta si quieren probar el delito de rebelión. Ante algunos acusados ni siquiera lo intentaron. Sí lo hizo Javier Zaragoza en el interrogatorio a Jordi Sànchez, que negó su papel de agitador violento --nunca ha defendido la violencia, remachó-- para reivindicar su actuación como mediador entre los manifestantes, el Govern y las fuerzas de seguridad. Su protagonismo el 20 de septiembre fue indudable y así se reflejó en la vista.

Sànchez, con mucha mili detrás como activista, pese a negar que fuera experto en montar manifestaciones, se escurrió con habilidad del cerco al que le sometía el fiscal, pero no pudo evitar algunas incongruencias. Una de las más relevantes fue cuando, para justificar las protestas callejeras y la celebración del referéndum prohibido por el TC, argumentó que su organización, la ANC, que se fundó para alcanzar la independencia de Cataluña, hizo campaña durante dos semanas y ningún tribunal, ningún juzgado, impidió ningún acto. No debió advertir que al decir eso estaba desmintiendo lo que él y los demás procesados llevan tiempo repitiendo, que se les juzga por sus ideas.

Las campañas de la ANC a favor de la independencia con toda libertad son la prueba de que no se juzgan ideas, sino hechos. Además, es fácil imaginar qué diría ahora Sànchez si las autoridades hubieran prohibido a la ANC celebrar sus mítines. O sea, como razonamiento exculpatorio no se sostiene porque una cosa es la libertad de expresión y otra muy distinta los hechos que se están juzgando, tanto en la concentración ante la Conselleria de Economía como en la celebración del referéndum expresamente prohibido por el TC.

Unos hechos en los que las acusaciones deberán demostrar que hubo violencia para sustentar el delito de rebelión. A este respecto, todos los procesados han negado conocer el documento Enfocats --calificado de “apócrifo” o “estrambótico”, pero incautado al número dos de Oriol Junqueras--, quizá porque es clave para la acusación de violencia. Y si no se acredita la violencia, la fiscalía tendrá que variar la calificación en las conclusiones definitivas, que no están redactadas, pese a quienes se han apresurado a decir que la sentencia ya está dictada.