¿Es insostenible el nivel de deuda pública?

Gonzalo Bernardos
10 min

En pleno período de recuperación económica, aún existen analistas que indican que el nivel de deuda pública español es insostenible. Una frase muy popular durante el período de crisis y que constituye un eufemismo. En realidad, quieren decir que España será rescatada próximamente por la Troika (Comisión Europea, BCE y FMI) o realizará default. Este último término significa que no podrá proceder a devolver la deuda pública vencida y dejará de pagar los intereses de la vigente.

Indudablemente, quienes mantienen dicha posición son muy tozudos. Pretenden que la realidad no les estropee un buen titular, posible hace algunos años, pero descartable por completo en la actualidad y el próximo futuro.

El argumento principal en que sustentan su afirmación es el elevado nivel de la deuda pública acumulada.  En 2017, según el Banco de España, el conjunto de las administraciones públicas debía 1,144 billones de euros, una cifra casi equivalente al PIB (98,08%). Si su razonamiento fuera correcto, el mundo asistiría en los próximos años a un default generalizado, pues existen 18 países en el mundo que tienen un nivel relativo de deuda pública superior al español.

En el ejercicio de 2016, algunos de los que nos precedían en el ranking eran Japón (250,4%), Italia (132%), Singapur (111,9%), EEUU (107,1%) o Bélgica (105,7%). Además, cerca del nivel español, estaban Francia (96,5%), Canadá (92,4%), la zona euro (88,9%) o el Reino Unido (88,3%).

Existen 18 países en el mundo que tienen un nivel relativo de deuda pública superior al español, lo que no significa que vayamos a un default generalizado

En términos históricos, no existe ninguna duda de que el promedio mundial del ratio deuda pública-PIB es muy elevado. No obstante, en numerosos países no es consecuencia de un gran y persistente desequilibrio de las cuentas públicas, sino de la realización durante la pasada crisis de una política fiscal muy expansiva. Una medida coyuntural que pretendía compensar parcialmente la caída de la demanda del sector privado, hacer más pequeña la disminución del PIB y generar una más rápida recuperación económica.

En España, desde los años 90, el nivel relativo de deuda pública está muy relacionado con la coyuntura económica. Por las razones anteriormente expuestas, aumentó durante las crisis y se redujo durante los períodos de expansión. Cada una de las tres últimas décadas nos ofrece un ejemplo.

La recesión de 1993 hizo que el anterior ratio pasara del 45,4% en 1992 al 67,4% del PIB en 1996. A partir de este último año, principalmente como consecuencia del elevado crecimiento económico obtenido, el cociente empezó a descender y se situó en 2007 en el 35,6% del PIB, siendo éste uno de los guarismos más reducidos entre los países de la zona euro. Una cifra obtenida en el primer mandato de Zapatero, a pesar del sustancial incremento de gasto público efectuado y las bajadas de impuestos acometidas. Durante la reciente crisis, dada su virulencia, el ratio aumentó en gran medida y llegó en 2014 al 100,4% del PIB.

En los próximos ejercicios, como lo viene haciendo desde 2015, el nivel relativo de deuda pública disminuirá. Lo hará porque el numerador (el incremento de deuda generado principalmente por el déficit público) aumentará en menor medida que el denominador (la combinación del incremento del PIB real y la tasa de inflación de la economía). En el 2017, el primero creció en un 3,4% y el segundo en un 4,3%. El resultado fue el descenso del ratio desde el 99% al 98,08%.

En los próximos ejercicios, como lo viene haciendo desde 2015, el nivel relativo de deuda pública disminuirá

Además de los dos anteriores, existen tres motivos adicionales por los que creo que el actual volumen de deuda no constituye ningún problema importante. En concreto, son la reducción prevista del déficit público, el moderado importe de los intereses anuales pagados por la deuda contraída y el nivel de ahorro del país.

El primero llevará el desequilibrio de las cuentas públicas al 2,2% en 2018 y al 0,5% del PIB en 2020. En ambos años, dicho nivel será inferior al importe pagado en concepto de intereses (en 2017 ascendió al 2,7% del PIB). El resultado será la existencia de superávit primario (no tiene en cuenta como gasto los intereses de la deuda), una mejor calificación de las letras, bonos y obligaciones del Tesoro por parte de las agencias de rating y una menor prima de riesgo. Por tanto, aunque el BCE deje de adquirir deuda pública en septiembre de 2018, el incremento de su tipo de interés será moderado e incluso inferior al de países como Alemania y Francia.

En 2017, si se cumplió lo indicado en los presupuestos del Estado, el segundo motivo supuso un dispendio de 32.171 millones de euros. En concreto, constituyó la segunda partida más importante, después de las pensiones, e impidió la realización de un mayor gasto social e inversión en infraestructuras y I+D+i.  En términos relativos, significó un 75,62% más del destinado a los desempleados, un 29% menos del dedicado a educación y un 53,11% inferior del realizado en sanidad. No obstante, únicamente supuso el 7,28% de los ingresos del conjunto de las Administraciones Públicas. Un nivel que permitiría catalogar a una empresa o familia como sumamente solvente, si cualquier de las dos fuera el objeto del análisis.

En el resto de la década, dada la elevada competitividad internacional de las empresas españolas, la previsible caída del precio del petróleo y la continuidad de la expansión económica en la eurozona, es muy probable que el país tenga superávit. Si así sucede, equivaldrá a indicar que el conjunto de las familias, empresas y administraciones públicas ahorra. Por tanto, permitirá una mayor capacidad de compra de la deuda pública por parte de las dos primeras, una menor dependencia de la financiación extranjera y un menor riesgo de impago cuando finalice la actual etapa expansiva.

La crisis hizo muy popular a algunos economistas que anunciaban la llegada del apocalipsis, pero la realidad desmiente sus predicciones

La consecución de superávit por parte del país (la suma del privado y el público) no será una novedad, pues así sucede desde 2013. En el último año, su nivel probablemente se situó en el 2% del PIB, al ser previsiblemente el superávit del sector privado del 5,1% y el déficit del público del 3,1%. Un cambio notable respecto al observado en 2007, ejercicio en que el déficit del país ascendió al 9,7% del PIB.

En definitiva, la crisis hizo muy popular a algunos economistas que anunciaban la llegada del apocalipsis. La mayoría de ellos no han cambiado el chip y, en una coyuntura muy diferente, siguen diciendo más o menos lo mismo. No obstante, la realidad, una y otra vez, desmiente sus predicciones.

A algunos de mis lectores les parecerá extraño que dichos economistas sean tan persistentes con el nivel de deuda pública y prácticamente nunca se refieran al de la privada, que es muy superior al de la primera y ascendió en 2016 a 1,61 billones de euros (144,8% del PIB). La explicación está en la ideología de la mayoría de ellos. Son liberales y utilizan casi cualquier excusa para decir que el gasto público está sobredimensionado. Por ello, consideran a Rajoy y Montoro como socialdemócratas. Sin duda, un chiste muy gracioso.

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¿Quién es... Gonzalo Bernardos?
Gonzalo Bernardos

Profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona, y vicerrector de Economía entre enero de 2010 y octubre de 2012, he escrito 32 libros o grandes informes, entre los que destacan La gran mentira de la economía (Ed. Destino), ¿Cómo invertir con éxito en el mercado inmobiliario? (Ed. Netbiblo) y Economía (libro de 1º de bachillerato de la Ed. Barcanova). Tengo un gran problema y una gran virtud. Es la misma. Soy muy sincero, pienso lo que digo y digo lo que pienso, tanto delante como detrás. No necesito quedar bien con nadie, excepto con mi mujer, con mis hijos y conmigo mismo. Lo notarás en mis artículos.

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