Infraestructuras para una España federal

Manuel Gómez Acosta
7 min

España vive inmersa en un escenario de crisis sanitaria y económica, con una confrontación política entre extremos que se retroalimentan y que no tiene parangón en toda Europa. A lo anterior habría que añadir las tensiones territoriales derivadas del reto al Estado por parte de sectores de las élites catalanas que han pasado de reivindicar otra distribución del poder a plantear abiertamente la secesión. La actual España macrocefálica exige corregir la acumulación centralizadora de poder en Madrid, buscando al mismo tiempo la solución a una España despoblada cuya hemorragia demográfica genera injusticias e ineficiencias.

España no es una realidad uniforme y monolítica, sino plural y rica en su heterogeneidad.

Una reforma federal de la Constitución podría ayudar a desarrollar esa realidad plural y heterogénea. Esta reforma debería realizarse con el máximo consenso posible, involucrando no solo territorios, sino organizaciones sociales y económicas, sumando voluntades políticas, logrando mayorías amplias, restando exclusiones. Habría que definir un modelo federal que posibilite construir un proyecto de país alternativo a la idea dominante y que permita al mismo tiempo ir resolviendo cualquier conflicto de intereses para hacer una España más cohesionada y, a la vez, más eficiente y próspera. El modelo federal no debería en ningún caso debilitar al Estado, sino por el contrario reforzarlo y hacerlo más operativo.

Quizás ha llegado el momento de dotar de fisicidad a la propuesta federal. Para ello sería necesario construir infraestructuras que no solo favorezcan la cohesión territorial, sino que generen dinámicas que mejoren la eficiencia económica y la eficacia de la gestión del Estado. Entendemos que una infraestructura como el Corredor Mediterráneo puede ser un buen ejemplo que configura la “fisicidad” de este proyecto federal. Al mismo tiempo puede ser sin duda uno de los motores de tracción de la economía postCovid, basada en la colaboración de todos los pueblos de España, especialmente los ubicados en el arco mediterráneo.

Un Corredor Mediterráneo de doble plataforma ferroviaria de ancho internacional que recorre el litoral mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa, uniendo todas las ciudades mediterráneas entre sí, con el resto del país y con Europa. El Corredor Mediterráneo no es solo una obra ferroviaria, es además un espacio compartido, físico y económico, un proyecto común de todos los territorios españoles de la ribera mediterránea. Es la Hispania vertebrada alrededor de la Bética-Tarraconense, la Vía Augusta Ferroviaria del siglo XXI. Al mismo tiempo la red transeuropea a la que se unirá el recorre 3.500 kilómetros, concentra el 54% de los habitantes de Europa, y supone el 66% del PIB de la UE.

El Corredor Mediterráneo es algo más que una infraestructura física y de desarrollo económico, podría ser una gran oportunidad para construir otra España. Como muy bien ha señalado el presidente de la Generalitat Valenciana en su intervención el pasado 1 de diciembre en el Círculo de Economía, el Corredor representa también “una España alternativa y periférica, un reconocimiento emocional de la diversidad y pluralidad de España”.

Pero la construcción del entramado federal no se soporta solo sobre infraestructuras físicas como la anteriormente citada, sino que nos lleva a reflexionar sobre otras infraestructuras de carácter institucional que exigen un proceso de desconcentración geográfica: traslado de sedes y centros de trabajo de la administración estatal a lugares diferentes de Madrid, sin que el Estado cediera competencias. Una desconcentración que no supone cesión de competencias a niveles de administración inferiores como las comunidades autónomas.

Alemania es el modelo de Estado federal descentralizado y al mismo tiempo desconcentrado, donde se distribuyen en el territorio sedes y centros de trabajo, pero no competencias. Los órganos constitucionales se ubican en Berlín (Parlamento, Cancillería), Bonn (Tribunal de Cuentas), Karlsruhe (Tribunal Constitucional), los ministerios están repartidos entre Berlín y Bonn, el Banco Central en Frankfurt.

En el caso español existe una escasa presencia del Estado en comunidades con fuerte personalidad histórica como Cataluña y País Vasco, lo que sin duda provoca un sentimiento de abandono y lejanía por parte de muchos de sus ciudadanos. A lo anterior se suma la débil percepción de realidades diferentes de la madrileña por parte de las élites funcionariales y políticas del Estado. Sin duda, la desconcentración territorial tendría ciertas ventajas, aliviaría la macrocefalia de Madrid potenciando a los territorios de baja densidad demográfica. Podría ser una buena oportunidad para modernizar la administración, facilitar su digitalización y el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Es imprescindible clarificar que el federalismo no tiene recorrido sin lealtad institucional y sin instrumentos de reforzamiento de la cooperación entre territorios, no solo porque debilita al Estado, sino sobre todo porque perjudica a los ciudadanos y termina afectando a los servicios que recibe. Lo sucedido durante el Covid-19 es un ejemplo de lo anteriormente apuntado.

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¿Quién es... Manuel Gómez Acosta?
Manuel Gómez Acosta

Ingeniero industrial. Ha sido director de Relaciones Institucionales del Grupo Alstom en Cataluña (2004-2015) y vicepresidente del clúster ferroviario Railgrup (hasta octubre 2015). Anteriormente fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona por el PSUC (1982-1983), ingeniero industrial de la MTM (1974-1986), director de Cooperación Tecnológica Internacional de TMB (1986-1990), director general de TUBSA (1990-2001) e investigador y jefe de proyectos de estudios de infraestructura del IERMB (2001-2004).