Este lunes, el president Quim Torra llamó a crear “otro 1-O y a hacer efectiva la república”, aunque lo más interesante de sus palabras es que reconoció que el independentismo se encuentra en “un proceso de autocrítica” para saber “qué se hizo bien, qué no y cómo crear otra oportunidad”. Así pues, el discurso lacrimógeno sobre los presos y exiliados no puede esconder por más tiempo el estado de profunda frustración en el que vive el movimiento separatista por no haber implementado la república tras la celebración del referéndum. Y de ahí se derivan una serie de preguntas enormemente corrosivas sobre la actuación de los políticos del procés en aquellas semanas de otoño que lleva al mundo independentista a dividirse en dos grupos.

Por un lado, los que creen que el error básico fue haber “jugado de farol”. Con esa expresión se denuncia que el objetivo del Govern Puigdemont no era alcanzar la independencia inmediata sino forzar al Estado español a abrir una negociación. Al no cumplirse esa expectativa y ante la falta de cualquier tipo de apoyo internacional, el separatismo no supo articular ninguna otra estrategia en octubre pasado, perdió la iniciativa política hasta consumar el ridículo a finales de mes. Y, por otro lado, los que atribuyen el fracaso a una especie de espejismo colectivo, que protagonizaron los políticos del procés pero en el que también participaron los medios y las estrellas mediáticas soberanistas, sobre la efectividad de una secesión unilateral que supuestamente se produciría de forma mecánica tras la celebración del referéndum. Mientras los primeros consideran que la razón del fiasco radica en la incoherencia de no haber cumplido con lo prometido en la calle y en el Parlament, los segundos atribuyen las culpas a factores exógenos, como la reacción violenta del Estado o la actitud conservadora de la Unión Europea, y a lo sumo admiten un exceso de ingenuidad o voluntarismo por su parte.

En el primer grupo están mayormente sectores sin adscripción partidista, a los cuales ha puesto voz Clara Ponsatí con la autoridad que le da haber sido consejera de Enseñanza en el último Govern Puigdemont. Aún evitando las descalificaciones personales y admitiendo siempre muchas dudas, en sus diversas declaraciones se ha mostrado muy crítica con la actuación de ERC y PDeCAT y la desconfianza permanente entre sus máximos dirigentes. También Elisenda Paluzie y gran parte de la ANC, junto a articulistas de los digitales más irredentos o el filósofo Jordi Graupera, que intenta dar el salto a la política en Barcelona, comparten el análisis de que el error fue haber dejado pasar el momentum del 1-O.

En el segundo grupo, se sitúa el resto del independentismo que, con diversos matices, no puede admitir la existencia de un engaño consciente y deliberado en el que de una forma u otra habrían participado todos en una especie de estafa política piramidal. Lo que sí admiten es un error de cálculo sobre la actitud del Estado y la correlación de fuerzas con el unionismo, lo que en realidad solo sirve para evitar la autocrítica al acusar al Gobierno español de haber amenazado “con muertos en la calle” si se seguía adelante con todas las consecuencias. Eso es lo que declaró la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en noviembre pasado para cortar en seco las críticas que ya empezaban a lanzarse contra los dirigentes del procés desde sus propias filas.

En este grupo hay quien ya acepta que la vía unilateral fue un error, e insta a admitirlo para poder salir de ese espejismo que sigue condicionando la redefinición de una estrategia. Insistía en ello el articulista convergente Francesc-Marc Álvaro esta semana, pero públicamente son voces minoritarias. También en el PDeCAT, el grupo de Marta Pascal intenta alejar a su partido del rupturismo, y en ERC la dirección quiere orillar la vía unilateral, aunque buena parte de las bases se oponen, como se está viendo en las enmiendas a la ponencia política de cara a la conferencia del partido republicano de este fin de semana. El problema es que el conjunto del independentismo no puede ir más allá de una autocrítica superficial porque si quisiera hacer una revisión a fondo tendría que admitir que los resultados de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 no permitían iniciar en modo alguno un proceso de secesión. No existía antes ni ahora un mandato democrático que permita hablar en nombre de una mayoría de catalanes. Pero eso sería aceptar no solo un error político, sino algo mucho peor: un crimen contra la convivencia de la sociedad catalana.