Hace ya mucho que ámbitos conservadores, especialmente las llamadas élites madrileñas, manifiestan una gran incomodidad con el modo en que se conforman aquellas mayorías en el Parlamento español que, al no darse las absolutas, requieren del apoyo de las minorías nacionalistas. Consideran que su influencia es desproporcionada, y  ha conducido a un modelo autonómico tan ineficiente como peligroso.

Así, argumentan que los nacionalistas sólo pretenden beneficios económicos e ir acumulando unas competencias que acabarán por dinamitar el modelo territorial y la propia unidad de España. Ahora, a la vista de lo vivido con el llamado procés, consideran que el tiempo les ha dado la razón: estamos pagando aquellas cesiones que, en diversas circunstancias, tanto PSOE como PP han concedido a cambio de unos votos en el Parlamento

Todos recordaremos aquellas legislaturas en que se requirió del apoyo del PNV y, especialmente, de la hoy extinta Convergència i Unió. Es cierto que, en ocasiones, estas formaciones barrieron para casa, pero también lo es que, a menudo, aportaron una serenidad y un sentido que se encontraba a faltar entre los grandes partidos. En cualquier caso y al margen de la actitud de las minorías nacionalistas, éstas disponen de un espacio de incidencia en la medida en que los grandes partidos no alcanzan acuerdos en las grandes cuestiones.

Hace un año, estas mismas élites recibieron la llegada del PSOE al Gobierno con una hostilidad sorprendente. De repente, los catalanes que nos movemos regularmente por Madrid, nos encontramos con una fractura entre derecha e izquierda de una enorme intensidad, incluso superior a la que se daba en Cataluña entre partidarios y detractores del procés. Los motivos que percibí eran tres:

1.- el modo de acceder al poder, vía moción de censura;
2.- el temor por algún que otro reajuste de impuestos al alza;
3.- el apoyo independentista a la moción.

La clara victoria socialista en las urnas, aunque insuficiente para gobernar, legitima a Pedro Sánchez y sitúa en la historia la moción de censura. Respecto la gestión de la economía, ésta no se ha apartado de una razonable ortodoxia y sensatez. Acerca del papel de los independentistas catalanes, lo razonable sería que, en este nuevo escenario, las élites económicas animaran a Partido Popular o Ciudadanos no ya a apoyar, sino tan sólo a no bloquear la formación de un gobierno socialista. Pero no será así.

En el momento más determinante de nuestra vida en democracia, especialmente para quienes consideran necesaria una respuesta constitucionalista tan amplia como cohesionada ante el independentismo, se va a imponer el obstaculizar el gobierno socialista. Seguramente preocupa más un ajuste impositivo al alza que conformar una posición sensata y compartida ante la que, se considera, una amenaza extrema a la unidad de España. Además, podrán seguir argumentando que el PSOE se vende al independentismo catalán. Curioso patriotismo el de estas élites.