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Cupo vasco, armonización fiscal de la UE y reforma de la Constitución

Carlos Díaz Güell
6 min

El Congreso de los Diputados aprobaba hace pocos días y por mayoría abrumadora la actualización del concierto económico y el cupo vasco. Solo la enmienda a la totalidad presentada por Ciudadanos y los tres votos negativos y testimoniales  de Compromís sugerían que la aprobación del cupo por la totalidad de los diputados del resto de los grupos políticos, obligados por una exigencia de obediencia debida, demostraba que un elevado grado de insatisfacción subyace en la mayoría de esos partidos.

Montoro se tuvo que emplear a fondo para justificar el concierto y el cupo ante el malestar causado en algunos gobiernos autonómicos, profundamente insatisfechos por el actual sistema de financiación autonómica y que comprobaban cómo la prioridad vasca se imponía sobre situaciones de infrafinanciación que, como la valenciana, claman al cielo sin que Montoro o Rajoy​ se esmeren en resolverlas con prontitud.

Tomando como base esa realidad, manifestada públicamente por diversos políticos autonómicos del PP y PSOE, una relevante mayoría de expertos cuestiona el cupo vasco y el concierto navarro por considerar que privilegia a ambos territorios sobre el resto de comunidades autónomas, provocando agravios con el resto de las regiones.

Una relevante mayoría de expertos cuestiona el cupo vasco y el concierto navarro por considerar que privilegia a ambos territorios sobre el resto de comunidades autónomas, provocando agravios con el resto de las regiones

El acuerdo sobre el cupo supone establecer la cantidad que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas, cuantía sobre la que existe desacuerdo desde 2007. Las desavenencias económicas por los importes satisfechos durante estos años alcanzan los 1.600 millones de euros, aunque Euskadi considera que ha pagado más de lo que le corresponde. Sin embargo,  su tesis no es compartida por quienes consideran que el acuerdo alcanzado supone un 40% menos de lo que el Estado venía exigiendo hasta ahora. Hoy no se conoce el método de cálculo utilizado para llegar a la cifra definitiva.

Conviene recordar en este punto que el concierto económico vasco es reconocido en su disposición adicional primera por la Constitución Española de 1978. Esta singularidad fue creada en 1878, tras las últimas guerras carlistas, en un momento en que el Estado, debilitado y necesitado de recursos después de años de guerras, acordaba recibir una parte de los impuestos que pagaba la burguesía vasca.

Hoy, en un momento en el que la eurozona avanza en el funcionamiento del mercado único interior y en la necesidad de una armonización fiscal, más allá de la conseguida en los impuestos indirectos y especiales, las excepciones vasca y navarra son una rara avis en el panorama internacional. Y todo ello aunque sigan existiendo los problemas inherentes a mantener 28 sistemas fiscales en la UE distintos y a las distorsiones que genera, por ejemplo, el impuesto de sociedades a las empresas que operan en diferentes Estados miembros.

Este inevitable y complejo proceso de integración económica y monetaria que comienza en Europa en 1957, terminará, tarde o temprano, con una armonización fiscal global por mucha resistencia de los Estados miembros a ceder soberanía al proyecto común, con lo que se limitarán las actuales discriminaciones de origen fiscal que alteran las condiciones de concurrencia de un mercado.

Sería un buen momento para incorporar en la reforma constitucional asuntos tan trasnochados y antieuropeístas como son el concierto económico vasco y el convenio navarro

Ante esa razonable situación de futuro, cada vez se entiende peor la excepcionalidad de los territorios vasco y navarro, por mucho que esas particularidades, junto a otro tipo de supuestas singularidades como la catalana, se hayan convertido en inevitables para alcanzar un cierto grado de estabilidad política en España aunque, al final, el coste puede resultar caro e insolidario para con el resto de los territorios de España. Así lo atestigua el hecho de que la capacidad fiscal de Euskadi está por encima de la media española y, sin embargo, su aportación al sistema común está por debajo del promedio.

No acaban aquí las contradicciones del sistema, sino que se proyectan a un asunto de inevitable actualidad: la reforma de la Constitución Española.

Hoy son muchas las voces que propugnan una reforma de la Carta Magna para adecuarla a una realidad, al parecer, muy diferente a la existente en 1978 cuando de lo que se trataba era de sustituir una dictadura por una democracia.

La propuesta, especialmente impulsada por PSOE y Podemos, defiende importantes modificaciones, muchas de ellas tendentes a satisfacer cierto tipo de exigencias que han propiciado la reciente insurrección catalana. Pero se olvida de que sería un buen momento para incorporar en esa reforma constitucional asuntos tan trasnochados y antieuropeístas como son el concierto económico vasco y el convenio navarro, antiguallas de más de 150 años de existencia que ignoran tanto la evolución de la historia como la obligada solidaridad que exigen estos tiempos.

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¿Quién es... Carlos Díaz Güell?
Carlos Díaz Güell

Empezó en el periodismo escribiendo de economía cuando nació 'El País' y hoy sigue haciendo lo mismo. Entre las dos fechas, ha tocado todos los palillos de la comunicación: ha dirigido periódicos económicos, facultades de periodismo y se ha responsabilizado de la comunicación en la Administración Pública o empresas y entidades como Iberia o el Banco de España.