¿Es igualmente ilícito pactar con los separatistas que con la ultraderecha de Vox? Parece existir un cierto consenso mediático, sobre todo en Cataluña, en considerar que cualquier tipo de acuerdo con la ultraderecha españolista es reprobable. Y por eso se ha tildado lo sucedido en Andalucía de “pacto de la vergüenza”. Esa dura descalificación merecería algunos matices. Primero, el partido de Santiago Abascal está fuera del Gobierno andaluz y, segundo, no ha logrado ninguna concesión programática en su acuerdo con el PP, particularmente en violencia de género. Sin embargo, la mejor prueba de que ese apoyo genera contradicciones es que a Ciudadanos le incomoda enormemente, hasta el punto que no ha querido suscribir ningún documento a tres, ni tan siquiera salir en la foto con Vox.

Curiosamente, esa repulsa ética que muchos abanderan en la política española en relación a la ultraderecha no la aplican a los pactos con los separatistas. Cuando el candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls afirma categóricamente que él no alcanzaría ningún pacto con unos ni con otros, poniéndolos en el mismo saco, algunos periodistas han levantado el dedo para decir que no son lo mismo. Admiten que los independentistas actuaron de forma reprobable en septiembre y octubre de 2017, pero rechazan con indignación la equivalencia con Vox porque sus propuestas “no son reaccionarias”, en palabras de la subdirectora de La Vanguardia Lola García en la Cadena Ser este lunes. Es cierto que ERC y PDECat suscriben postulados progresistas en un plano superficial, pero no se puede obviar que el proyecto secesionista que abanderan como razón de ser carece de legitimidad, pues se fundamenta en un patrón identitario. Desde este punto de visto son partidos profundamente reaccionarios porque postulan la autosegregación territorial sin ninguna razón de peso.

¿Qué tiene de progresista querer dividir una sociedad y un Estado sin que existan argumentos atendibles como los que Naciones Unidas reconoce a los pueblos que sufren violencia o privación de derechos? El separatismo no puede esgrimir razones morales ni éticas siendo España una democracia plena que reconoce el derecho al autogobierno de los catalanes. El separatismo es un deseo político alimentado con bases emocionales, la culminación del éxtasis nacionalista. Que sea una pretensión legal, porque la Constitución de 1978 permita que se defiendan todas las ideas que se quiera, no significa que sea un propósito legítimo. Como explica el ensayista Juan Claudio de Ramón en su imprescindible Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña (2018), tendemos a confundir lo legal con lo legítimo y a asociar esto último con lo “razonable” o “aceptable” o “digno de respeto”. Se tiende en exceso a conceder al independentismo la condición de “legítimo” siempre y cuando respete los procedimientos democráticos, cosa que evidentemente no hizo a lo largo del procés. Esa concesión en el lenguaje esconde una debilidad, pues se quiere evitar encarar el problema de fondo, se prefiere sortear una descalificación ética que haría imposible cualquier pacto.

Es en este sentido que la comparación con Vox es plausible. Este es un partido legal, que a diferencia de los independentistas respeta por ahora el marco constitucional, aunque se sitúe fuera del consenso de 1978. El problema es que buena parte de su discurso (y propuestas) tiene un aroma retrógrado, cuando no reaccionario, sobre todo en derechos y libertades civiles. Solo hace falta ver quiénes son sus aliados en Europa. Pero si en Abascal hay un racismo más o menos explícito cuando asocia la llegada de inmigrantes con el riesgo de nuevas epidemias, la hispanofobia y el supremacismo de los Quim Torra&cía está bien documentado. Finalmente, tanto los separatistas como la ultraderecha utilizan la mentira y el fomento de los miedos como arma de persuasión política. Así pues, la comparación entre ambos grupos no es tan odiosa (o injusta) como a algunos les parece. Que sea ilícito o no pactar coyunturalmente con unos u otros dependerá de si a cambio de sus votos se sacrifican o arriesgan principios constitucionales.