Borràs aún sueña con la DUI

José Antonio Sorolla
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Hace cuatro años, el Parlament aprobó la declaración unilateral de independencia (DUI), conmemoración que hubiera pasado totalmente inadvertida si no fuera porque la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, leyó el miércoles una llamada declaración institucional, respaldada solo por los independentistas, en la que afirmó que la DUI “es más necesaria que nunca” y no es una “utopía”, sino “la voluntad de la ciudadanía manifestada a través de las urnas”.

El independentismo, o al menos un sector, demuestra que en cuatro años no ha aprendido nada. Cuando la calle ni recuerda la fecha, cuando todos los objetivos del otoño del 2017 han fracasado, cuando los principales protagonistas de la DUI o fueron encarcelados –y después indultados— o se fugaron para no comparecer ante la justicia, cuando estos cuatro años han transcurrido entre querellas constantes entre los dos principales partidos independentistas, resulta, según Borràs, que la DUI “es más necesaria que nunca”.

La declaración, además, está plagada de falsedades. Asegura que la DUI, “que define la república como una oportunidad para corregir los déficits democráticos”,  se hizo “con una mano extendida al diálogo, siguiendo la tradición catalana del pacto”. ¿Cómo se puede hacer con la mano extendida al diálogo una declaración unilateral que, por definición, es un acto de ruptura con la legalidad? No se priva la presidenta del Parlament de apelar al mantra –también inexacto— de la “mayoría histórica” del 52% de los votantes, a la que no se puede “desatender”.

El independentismo encontró pronto otro motivo para recordar la fecha del 27 de octubre: la detención ese mismo día del exvicepresidente del Parlament y exdiputado de Junts per Catalunya Josep Costa por una orden de una juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Diferentes representantes de Junts, como la misma Borràs y Jordi Sànchez, se apresuraron a hablar de “provocación” y a vincular la detención al 27-O, como si la juez que ordenó el arresto estuviera esperando a ese día para lanzar un mensaje de la “nula voluntad de diálogo” o de que “el Estado no se olvida”. También reaccionaron los expresidentes Quim Torra y Carles Puigdemont, que calificó al TSJC de “Tribunal de la Santa Represión”, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que, siempre tan expansivo, llamó a la ciudadanía a acudir ante el TSJC para expresar su protesta por la detención. No llegaron al centenar los ciudadanos que le secundaron.

Pero todo es más sencillo que las supuestas coincidencias intencionadas. Costa está siendo investigado por desobediencia al Tribunal Constitucional, como los demás miembros de la anterior Mesa del Parlament, por haber tramitado una resolución sobre la autodeterminación y otra contra la monarquía. Estaba citado a declarar el 15 de setiembre y no se presentó, al contrario de los demás investigados, alegando que no reconocía al tribunal. Tras reiteradas citaciones inatendidas, y advertido de que podría ser detenido si no se presentaba, la juez ordenó su arresto, que Costa calificó de “ilegal” y anunció acciones legales contra la magistrada, a la que pretende recusar. Es decir, el exvicepresidente proclama que no reconoce al tribunal, pero después no asume las consecuencias de esa decisión. Se cree por encima de cualquier ciudadano normal y corriente, al que la policía acabará llevando al juzgado si no se presenta a una cita judicial. Costa fue puesto en libertad tras negarse a prestar declaración.

Junts, el partido de Costa y Borràs, es el que se ha quedado solo en su intento de reformar el reglamento del Parlament para blindar a la presidenta de la Cámara, investigada por el TSJC por haber fraccionado contratos para beneficiar a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. El objetivo era reformar el artículo 25.4 del reglamento que obliga a suspender a un diputado cuando se le abre juicio oral por delitos vinculados con la corrupción. Este punto fue introducido a propuesta de la CUP y con el apoyo de Junts pel Sí, pero ahora Junts per Catalunya quiere eliminarlo para que Borràs pueda seguir en la presidencia de la Cámara aunque sea procesada.

El intento, patrocinado por los letrados del Parlament, ha provocado una nueva discrepancia entre Junts y ERC. Los republicanos se oponen a la modificación, al igual que la CUP y el resto de los grupos parlamentarios, por lo que todo indica que el blindaje de Borràs no seguirá adelante o al menos tendrá que esperar.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.