Mientras la política catalana sigue bloqueada, aunque los independentistas no pierden nunca el tiempo, atentos, como están siempre, a temas de enorme preocupación ciudadana como, por ejemplo, la necesidad de contar desde 1932 para numerar las legislaturas del Parlament (¡por Dios, cómo no se les había ocurrido antes!), los resultados de ayer en Madrid lo complican todo un poco más de cara a la investidura de Pere Aragonès. La victoria de Isabel Díaz Ayuso no pudo ser ninguna sorpresa para nadie, ya que si se arriesgó convocando elecciones a mitad de mandato y en medio de la pandemia fue porque su spin doctor, Miguel Ángel Rodríguez, tenía la seguridad de que esa apuesta le podía salir bien. Pero no es solo que le haya ido muy bien, sino que su victoria ha sido arrolladora, duplicando diputados, comiéndose todo el espacio de Ciudadanos y mordiendo fuerte también entre electores de izquierdas, sobre todo del PSOE, que sufre un retroceso electoral considerable hasta el punto de ser superado en votos por Más Madrid. Además, en cuanto a los apoyos que reciben ambos bloques ideológicos, la derecha logra una amplia mayoría con una ultraderecha que no retrocede posiciones, como se especulaba por el fenómeno Ayuso, sino que Vox mantiene e incluso mejora resultados.

En clave catalana, el resultado de Madrid lo complica todo un poco más porque va a poner en enormes dificultades la estrategia negociadora de ERC con el Gobierno de Pedro Sánchez por dos razones. Primero, en la medida en que el líder socialista ha quedado debilitado frente una derecha que ha logrado convertir estas elecciones en una especie de plebiscito contra el presidente, tanto por sus políticas como, sobre todo, por los apoyos que recibe en el Congreso (el independentismo catalán y vasco).

Y, segundo, porque el mejor aliado que tenían los republicanos en el Gobierno, Pablo Iglesias, ya no es vicepresidente y ayer noche anunció su retirada de la política institucional y de todos sus cargos en Podemos. La suma de ambos factores no pone en peligro la continuidad del Ejecutivo de izquierdas, básicamente porque Sánchez no tiene mejor alternativa que seguir agotando la legislatura de la mano de Yolanda Díaz, pero sí que va a condicionar más algunas decisiones delicadas en cuanto a la mesa de diálogo con el nuevo Govern, si es que ésta finalmente se constituye, y a las promesas realizadas a ERC, particularmente sobre los indultos a los presos del procés y la modificación del código penal sobre el delito de sedición.

Si esto es así, es evidente que la larga negociación que está llevando ERC con Junts implica un cambio de paradigma. Las consecuencias de los resultados en Madrid van a reforzar la tesis del partido de Carles Puigdemont de que no hay ningún margen de negociación con el Gobierno español y que, por tanto, dar dos años de margen de confianza, tal como proponen los republicanos, es una pérdida de tiempo. El problema de fondo es que, aunque eso pueda analizarse así, el conjunto del independentismo carece de una estrategia viable. Tampoco Junts dispone de una hoja de ruta que no pase por forzar la celebración de otro referéndum acordado o bajo el paraguas de la comunidad internacional. En realidad, es lo mismo que proponen in extremis ERC y la CUP. Ahora Aragonès tendrá que ceder en el calendario a las prisas de Junts, aunque ni así tiene asegurado que su negociación con el partido de Puigdemont no acabe descarrilando.