El pandémico 2020 ha deparado un hecho insólito en materia de fiascos empresariales. Ocurre que el número de concursos de acreedores bajó un 2%, hasta los 4.300. O sea que en el año más aciago en términos de Producto Interior Bruto desde la Guerra Civil, con un desplome del 10,8%, las suspensiones de pagos no solo no se dispararon como un cohete, sino que menguaron.

Los observadores habían pronosticado un alud nunca visto de percances, debido a la clausura forzosa de los negocios entre marzo y junio, a la estampida de los turistas y a las restricciones imperantes en toda España. Pero el vaticinio falló con estrépito.

De hecho, hemos disfrutado de una sequía extrema de infortunios. Varios motivos la explican.

Uno reside en la enorme masa de avales, por valor de 120.000 millones, que el ente estatal ICO libró a favor de 600.000 firmas y autónomos a fin de que unas y otros recibieran préstamos destinados a aliviar sus agobios de tesorería.

Otra razón deriva de varios cambios normativos realizados por el Gobierno desde el estallido del coronavirus. Por ejemplo, amplió dos veces la moratoria del deber que tienen las entidades en situación de insolvencia, de solicitar la declaración judicial de concurso voluntario.

Asimismo, Pedro Sánchez suspendió olímpicamente la facultad que asiste a los bancos, proveedores y demás acreedores, de promover la quiebra necesaria de las firmas incursas en el cese generalizado de sus pagos.

Durante la pandemia se ha dado otro fenómeno curioso. Estriba en que apenas se han interpuesto reclamaciones de cantidad. En efecto, son muy pocas las administraciones públicas, las instituciones crediticias, las compañías y los particulares que están presentando demandas, pese a que los incumplimientos de las obligaciones contraídas han crecido de forma exponencial. En la duda de que las peticiones prosperen, dado el clima de ruina y desesperanza reinante, se ha impuesto una inhibición completa. 

Sánchez tiembla ante la mera idea de que emerja una colosal cascada de descalabros, por cuanto amenazaría su plácida estancia en la Moncloa. De ahí los sucesivos parches que ha arbitrado para conjurar el peligro.

Pero por mucho que se empeñe el presidente, no se pueden poner puertas al campo. Los muertos societarios no resucitan. Lo único que exigen imperiosamente es que se les dé cristiana sepultura.

Así, pese a las artimañas legislativas y el despliegue de fondos oficiales, las expectativas al día de hoy lucen tintes sombríos. Se calcula que una cuarta parte de los beneficiarios de las facilidades del ICO no se hallarán en condiciones de devolverlas a su vencimiento. Y eso que el Ejecutivo ya ha retrasado dos veces el plazo del reembolso.

De hecho, el dineral recibido por el sector privado le ha servido para tapar agujeros y abonar algunas facturas. Pero como al propio tiempo sus ingresos han sufrido desplomes irremediables, sus deudas han seguido hinchándose como globos y se ha esfumado toda posibilidad de una próxima recuperación.

En consecuencia, sus compromisos acabarán en una buena parte desatendidos y el ICO no tendrá más remedio que hacer frente a los avales que prestó.

Como indico al principio, los juzgados han vivido una situación insólita el último año. El flujo de bancarrotas se ha mantenido de forma insospechada en cifras similares a las de otros ejercicios, como si el Covid no hubiera desencadenado efectos aciagos.

Además, los expedientes que se han registrado atañen sobre todo a desechos empresariales, es decir, carentes de activo alguno.

En este estado de cosas, empiezan a menudear por decenas de millares las compañías conocidas como zombis. Están vaciadas por completo, pero resisten a trancas y barrancas, cuando en realidad lo que deberían haber hecho sus gestores es declararlas fallidas y cerrarlas.

Gracias a las artimañas sanchistas han dado una patada hacia adelante y han ganado tiempo, a la espera de que sobrevenga una salvación milagrosa.

Semejante caldo de cultivo está generando una bolsa gigantesca de compañías que más pronto que tarde habrán de pasar por el brete de promover la quiebra y la liquidación.

¿Cuándo ocurrirá esta debacle? Nadie lo sabe. Para lidiar el maremoto en ciernes, el ministerio de Justicia ha aumentado de 13 a 18, en poco más de un año, el número de juzgados que entienden de asuntos mercantiles en Madrid. En Barcelona, han pasado de 10 a 12. Lo mismo ocurre en otras plazas de Levante y Andalucía.

Los expertos no acaban de ponerse de acuerdo. Algunos prevén que la deflagración de quiebras acaecerá a finales del segundo semestre. Otros la posponen hasta el año próximo. En todo caso, se está gestando a paso de carga una andanada de siniestros demoledora.