Desde la investidura de Puigdemont en enero del 2016, la política catalana se ha caracterizado por un ensimismamiento patriótico acompañado de las ridículas piruetas y actuaciones trágico-cómicas protagonizadas por el expresident. El gobierno de las cosas y la preocupación por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos fue sustituido por un permanente y enfermizo estado de agitprop.

El último periodo del president Aragonés se ha limitado a intentar gobernar con escaso éxito, pero en realidad, lo único que pretendía, era sustituir a Convergencia y gestionar presupuestos y prebendas del viejo régimen nacionalista liderado durante décadas por el caudillo Pujol.

La Cataluña de hoy, atrapada por el fantasma identitario, ha perdido muchas oportunidades de desarrollo económico, en el campo industrial, en el energético, en las infraestructuras… No ha habido una estrategia industrial innovadora que apostara por la reindustrialización del territorio. Se ha sido incapaz de definir una estrategia propia ante la transición energética, lo que ha situado a Cataluña en la cola de las renovables, acentuando su dependencia energética. En el campo de las infraestructuras, destacan importantes déficits de inversión, así como la ineficacia en la gestión de la obra pública.

Por otra parte, destaca la escasa sensibilidad de los governs secesionistas ante los problemas reales de la ciudadanía lo que se ha reflejado en un insuficiente gasto social que ha conllevado importantes retrocesos en el Estado del bienestar con el consiguiente deterioro de los servicios públicos especialmente en el campo de la enseñanza y la sanidad.

Un ejemplo significativo del desgobierno al que ha estado sumida Cataluña sería la rocambolesca aparición el pasado 8 de agosto del fugado expresident Puigdemont, que ha hecho evidente la incompetencia de los mandos de los Mossos y la complicidad de sectores de esta policía patriótica con el movimiento secesionista. Si hay algo de positivo en este sainete protagonizado por el fugado es el fracaso en su intento de desestabilizar la jornada con la excusa de una anormalidad artificial.

El nuevo gobierno, que surge de los acuerdos de investidura PSC-ERC, debe ser consciente de la necesidad de superar la situación de desgobierno que ha padecido el país, lo que supone intentar acabar con una década de caos institucional e ingobernabilidad. El acuerdo PSC-ERC no solamente ha hecho posible un president no independentista, sino que ha supuesto la ruptura del bloque secesionista. Pero al mismo tiempo ha introducido elementos conflictivos, como sería la singularidad fiscal calificada por ERC como soberanía fiscal, que generan un amplio rechazo en la gran mayoría de las CC.AA.

Este acuerdo sobre fiscalidad genera un profundo malestar interno entre alguno de los socios del Gobierno de Coalición Progresista, debilitando el bloque que le da soporte. El nuevo Govern deberá clarificar las dudas generadas por la asunción de parte del discurso y el argumentario del secesionismo. Debe quedar muy claro que la mejora de la financiación no significa, en ningún caso, asumir el Espanya ens roba. Queda pendiente dicha clarificación.

El president Illa tendrá que aclarar con la máxima pedagogía posible las dudas razonables con relación a los que consideran que el acuerdo supone la quiebra de la solidaridad interterritorial y plantea una propuesta confederal de dudoso encaje constitucional. Sin duda será muy complicado gestionar un compromiso de muy difícil cumplimiento, lo que le llevaría a reinterpretar el acuerdo y situarlo en el marco de una reforma del sistema de financiación, que afecte por igual a todos los territorios. Todo ello bajo la amenaza permanente de ERC, presionada a su vez por Junts, en la lucha por la hegemonía en el seno del secesionismo.

Otro elemento controvertido del acuerdo es la creación de una Conselleria de Política Lingüística, la defensa de la lengua catalana no debe implicar en ningún caso la marginación de la lengua castellana. El nuevo Govern, si quiere gobernar para todos los catalanes, debe combatir la obsesión secesionista por imponer el catalán como única lengua vehicular. Un sistema educativo que ha entrado en una deriva privatizadora y que ejerce un fuerte control ideológico en la pública. El sectarismo secesionista es el principal enemigo de la lengua catalana al apropiarse de ella y utilizarla como instrumento de confrontación

El nuevo Govern de Salvador Illa debe apostar por la superación del procès y sus negativas consecuencias. En el seno de su Consell Executiu se sientan partidarios del 155 y de la DUI, todo ello en el respeto y aceptación del marco constitucional.  Ha llegado el momento de aparcar las emociones patrióticas y hacer POLÍTICA con mayúsculas, lo que permita centrarse en las preocupaciones de los ciudadanos y en la búsqueda de soluciones a los problemas de la calidad de vida (salud y educación), del medioambiente, del empleo, del crecimiento económico…

La presidencia de Illa, derivada del acuerdo PSC-ERC, está instalada en un inestable equilibrio que puede estallar en cualquier momento. El President lo tiene difícil, pero no hay otra opción. ¡Ahora toca gobernar!