La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), matriz de TV3 y Catalunya Ràdio, se asemeja a una empresa como un huevo a una castaña. Sus gestores políticos disfrutan de un singular privilegio, el de que disparan con la pólvora del rey, gracias al cordón umbilical que une la entidad al presupuesto de la Generalitat.

En tales condiciones, el control de costes, la eficiencia y la búsqueda de un mínimo retorno económico para los accionistas, son conceptos desconocidos en las instalaciones de Sant Joan Despí.

La CCMA rubricó el ejercicio de 2023 con una facturación consolidada de 52 millones, procedentes de la publicidad emitida y la venta de programas. Las cuentas continuaron en números negros por tercer año seguido y se saldaron con un beneficio de 3,2 millones.

Sobre el papel, el desempeño del mastodonte parece favorable, pues el balance arroja un resultado ampliamente positivo.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Porque los estados contables de la CCMA encierran más trampas que una película de Fu Manchú.

Ocurre que para conseguir las citadas ganancias, la Corporació recibió del Govern y sus satélites un arsenal de subvenciones, transferencias, ayudas y todo tipo de prebendas, por importe de nada menos que 316 millones.

Dicho con otras palabras, por cada euro que la CCMA fue capaz de recaudar en el mercado libre, el Govern le aportó seis.

Las partidas de gasto son demenciales. Parecen propias del puerto de Arrebatacapas. La plantilla, lejos de comprimirse, engordó de 2.446 a casi 2.500 trabajadores. El mantenimiento de este ejército de profesionales comportó un dispendio de casi 200 millones, el cuádruple que los ingresos obtenidos.

A título de comparación, dos gigantes televisivos como Atresmedia y Mediaset-Telecinco, que no son medios autonómicos sino de ámbito peninsular, se bastan con 2.490 y 1.500 empleados, respectivamente. Además, ambos ganan dinero a carretadas.

La radical diferencia entre los grupos madrileños y la CCMA reposa en que aquéllos son íntegramente privados y ésta es de carácter público.

TV3 y Catalunya Ràdio llevan cuatro decenios sobreviviendo gracias a los ingentes fondos que los contribuyentes les inyectan cada curso.

Si la CCMA fuera una sociedad corriente, hace muchos lustros que habría cerrado sus puertas o presentado ante los tribunales mercantiles el correspondiente concurso de acreedores para liquidarse. Pero eso no ha ocurrido ni ocurrirá nunca. Porque los gerifaltes de la plaza de Sant Jaume tienen muy claro que la televisión y la radio son un instrumento indispensable para la formación del espíritu nacional de los catalanes, al igual que hacía la dictadura del fascista Francisco Franco con el NO-DO.

El repertorio de programas que se emite desde el orto al ocaso, destila propaganda identitaria y separatista por todos los poros.

A título de ejemplo, en TV3 y Catalunya Ràdio no existe el sur de Francia, sino una quimérica "Catalunya Nord". Tampoco se cita jamás a España –es una palabra desterrada del libro de estilo– sino que se recurre de forma sistemática a "l’Estat". A las selecciones nacionales de cualquier deporte se las moteja con total desenvoltura de "seleccions estatals", como si los jugadores fueran algo parecido a unos funcionarios del Gobierno.

El proselitismo alcanza hasta el inocuo parte del tiempo. En él se presenta a Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana como unos imaginarios "països catalans".

Quizás el pasaje más humorístico de las cuentas anuales de la CCMA sea el informe de la presidenta Rosa Romà. En él presume de los espacios informativos, célebres por sus manipulaciones y sectarismo. Ella los califica de "objetivos, equilibrados y respetuosos con el pluralismo".

Por cierto, Romà y los siete restantes miembros del consejo de gobierno se repartieron una paga de 845.000 euros, un 29% más.

Las legiones de directivos, colaboradores y paniaguados adscritos a la CCMA pueden echarse una larga siesta y dormir tranquilos, porque sus alucinantes chollos no corren ningún peligro. La merienda de africanos va a proseguir sin pausa.

La Generalitat firmó en enero último un contrato que garantiza las mamandurrias oficiales durante el próximo cuatrienio. En dicho periodo los ciudadanos apoquinaremos como mínimo 1.347 millones para que TV3 y Catalunya Ràdio sigan emitiendo agitación secesionista a toda máquina.

Con este postrer aporte, ascenderá a la escalofriante cantidad de 9.000 millones la fortuna que los catalanes habremos dilapidado en esos engendros mediáticos desde su fundación cuatro décadas atrás.