Colau retira la moratoria urbanística para salvar su plan de vivienda social

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha visto obligada a retirar la moratoria de obra nueva y grandes rehabilitaciones en la ciudad para salvar su plan de vivienda social. La munícipe ha dado marcha atrás para concitar el apoyo de PSC y ERC en una iniciativa para que las construcciones de nuevo cuño en la Ciudad Condal reserven el 30% de las unidades a pisos protegidos.

Recuperando su faceta más activista, Colau ha bajado a la plaza de Sant Jaume para presentar el acuerdo logrado con los dos partidos de izquierdas. Lo ha hecho acompañada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicat de Llogaters, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb) y la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible. A pie de calle y acompañada de los ediles de Urbanismo y Vivienda, Janet Sanz y Josep Maria Montaner, la primera edil ha explicado la entente lograda con republicanos y socialistas.

Evita la derrota

El pacto con los grupos municipales que comandan Alfred Bosch y Jaume Collboni, logrado in extremis, ha evitado un revolcón de Barcelona en Comú (BComú) en la comisión municipal de Ecología, Urbanismo y Movilidad. La pasada semana, los comunes presentaron una propuesta para modificar dos puntos del Plan General Metropolitano (PGM) para que las nuevas promociones y rehabilitaciones de inmuebles de más de 600 metros cuadrados en Barcelona destinaran un 30% de unidades a vivienda protegida.

La medida tenía aparejada una moratoria de un año --ampliable a dos-- en la concesión de licencias de nuevas construcciones. Generó preocupación en el sector, que avisó de acciones legales, y la oposición de la mayoría de grupos municipales. De hecho, BComú se disponía a perder la votación hoy en la comisión municipal que precede al pleno.

Política errática de vivienda

Retirando la congelación de licencias y logrando un acuerdo con ERC y PSC, el gobierno municipal de Ada Colau logra salvar una pelota de partido en materia de vivienda social. Ya se conoce que incumplirá el objetivo de construir 4.000 viviendas de alquiler asequible durante sus cuatro años al frente del Ejecutivo municipal: esa cifra se quedará en 900 entregadas en 2019.

Además y como denunció Ciudadanos, BComú ha recortado las ayudas a la rehabilitación de inmuebles. La coalición de izquierdas ha apuntado a la falta de parque vacío y a la responsabilidad del Gobierno para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para explicar el alza de precios de compra y alquiler en la segunda mayor ciudad española.