Coca-Cola se ofrece a pagar dos millones por su macroembotelladora catalana

Coca-Cola European Partners (CCEP) ha movido ficha para evitar que el 10% de su macroembotelladora española situada en el término municipal de Montornès del Vallès (Barcelona) pase a manos de un tercero en una subasta pública. La compañía se ha ofrecido a pagar los más de dos millones de euros más el 21% de IVA correspondiente por la cuota indivisa que es propiedad del ayuntamiento de la localidad desde la recalificación de los terrenos en 2001.

Se trata de la misma cantidad que Cobega, la empresa de la familia Daurella, máximos accionistas de CCEP, y el consistorio de Montornès pactaron en el acuerdo de compensación que anuló el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2008. El litigio urbanístico fue promovido desde el grupo municipal de CiU, que sufrió una crisis política en su momento por esta cuestión.

Decisión municipal

Cobega ha dado el paso tras la oferta del consistorio liderado por José Antonio Montero (ICV-EUiA) para ejercer el derecho de adquisición preferencial de la operación urbanística original de hace 15 años.

De esta forma, evita convocar el concurso público para vender al mejor postor la participación indivisa que supone, tal y como indican fuentes de la macroembotelladora europea, el 4,571% de toda la finca ya que la mitad está situada en Montornès y la otra es del término municipal de Martorelles.

Dudas urbanísticas

Esta decisión del equipo de gobierno de Montero ha generado otras incertidumbres que podrían derivar en un nuevo litigio urbanístico, indican fuentes del sector. La legislación ha cambiado desde que se inició la recalificación de los terrenos de la factoría y ahora es necesario pasar por un concurso público para que una administración venda una participación como la que está en juego por su valoración.

La empresa que tiene la mayoría de la parcela puede ejercer su derecho de tanteo y retracto una vez ha culminado la licitación, no con anterioridad. Bajo esta premisa, Cobega podría recuperar la participación indivisa que ahora es pública si igualara el precio de adjudicación provisional que se fijaría tras el proceso de libre concurrencia, señalan los mismos interlocutores. Pero en este escenario el precio superaría previsiblemente los dos millones más IVA del importe base de la licitación.

Prohibición de adjudicar de forma directa

El consistorio mantiene que la opción de compra preferente es válida y ha aceptado a trámite los documentos que la compañía ha presentado, indican fuentes municipales. Considera que cumple con la decisión de la Generalitat de que la venta del patrimonio municipal se debe realizar mediante concurso público y no con una adjudicación directa.

Montero intentó en un primer momento resolver la anomalía urbanística que se arrastra en Montornès por esta vía, pero el Gobierno catalán advirtió de que no podía seguir esta vía en verano en el marco de la tramitación del expediente.

El Gobierno de ICV-EUiA prevé dar carpetazo a la polémica en el pleno de este jueves. En el inicio de la sesión se aprobará de forma definitiva, si no hay sorpresas de última hora, el acta de la sesión de diciembre en la que se articulaba la transacción. Técnicamente se abrirá el concurso público pero con el polémico derecho de adquisición preferente no habrá licitación.