Daurella se juega el 10% de su macrofactoría catalana en una subasta

Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola European Partners, se juega a partir de este jueves el futuro del 10% de su principal embotelladora en España y una de las tres plantas más grandes de la compañía en el continente, situada a casi 30 kilómetros de Barcelona. Debe hacer frente a un litigio urbanístico que se arrastra desde hace más de una década en Montornès del Vallès, el término municipal al que pertenece la mitad del terreno de la factoría. La otra está situada en la localidad vecina de Martorelles.

El ayuntamiento de la ciudad deberá abrir una licitación pública para vender este 10% del suelo que es propiedad municipal. Es la única alternativa que le ha quedado a José Antonio Montero, el alcalde de ICV-EUiA, tras el periplo judicial por la titularidad de la participación indivisa de un suelo que se recalificó de agrícola a industrial en 2001.

Subasta pública

El pleno del consistorio tiene previsto aprobar el jueves el acta de la sesión de diciembre en la que la mayoría ratificó la “alineación de la cuota indivisa de propiedad municipal adjudicada en virtud de la modificación del Texto Refundido del Proyecto de compensación de Can Fenosa”. Bajo este epígrafe se esconde el gran reto de la embotelladora de Coca-Cola: recuperar la propiedad que le falta de la instalación industrial en la subasta pública.

Montero fue una de las voces críticas ante la instalación de la embotelladora en Montornès en 2001, cuando el ayuntamiento liderado por el PSC aprobó la polémica recalificación del terreno de la factoría en la que Cobega, la empresa de los Daurella, ha invertido más de 240 millones de euros para edificar la macroembotelladora. La producción es tal que en menos de una década se ha rentabilizado la inversión, pero en todo este tiempo no se han solucionado los problemas urbanísticos derivados de la batalla política local.

Litigio impulsado por un concejal de CiU

El enfrentamiento entre las diferentes sensibilidades en el municipio propició que en el pleno en el que se aprobó la operación votaran en contra de la instalación de la planta por el impacto ambiental que supondría dos concejales de ICV que en ese momento estaban en el equipo de gobierno, los tres de EUiA y uno de los dos de CiU. El otro representante de la entonces federación nacionalista votó a favor de la instalación de la factoría y facilitó que los trámites administrativos prosiguieran por mayoría.

Pero su compañero de partido decidió litigar y provocó el embrollo actual. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió que la reordenación del plan parcial de Can Fenosa que había bendecido tanto el Ayuntamiento de Montornès del Vallès como la Generalitat era incorrecta y la anuló siete años después tras un corolario de recursos y contrarecursos.

Compensación económica fallida

¿Todo el plan? No. El alto tribunal catalán se cargó un acuerdo de compensación entre Cobega y el ayuntamiento mediante el cual la empresa pagó más de dos millones de euros por el 10% del terreno de la factoría que no era de su propiedad. Montornès obtuvo esta participación a raíz del cambio de uso del suelo industrial. Es el porcentaje que la legislación marca que debe pasar a manos públicas para que la ciudadanía se beneficie de las modificaciones urbanísticas.

La tramitación tenía errores y desde finales de enero de 2008 este porcentaje de la planta situada en el término municipal de Montornès no es propiedad de los Daurella. La sorpresa noqueó al ayuntamiento incluso tras el cambio de color político que tuvo lugar en 2011, cuando Montero se hizo con la alcaldía y mandó al PSC a la oposición. El problema se quedó en un cajón hasta mediados de 2015, cuando se empezó a tramitar la venta directa de la propiedad indivisa a la embotelladora de Coca-Cola.

Gran interés inversor

Chocó de nuevo con la legislación urbanística vigente. La valoración económica de los terrenos marca que es necesario convocar un concurso público, tal y como advirtió la Generalitat al consistorio el verano pasado tras la consulta urbanística que obligaba el procedimiento.

Casi medio año después, Montero pasó por pleno de diciembre el expediente con el pliego de cláusulas administrativas de una licitación que es un caramelo para inversores de todo signo por su perfil. Se saca a concurso una participación de terrenos industriales con nada menos que una macroembotelladora de Coca-Cola instalada y a pleno rendimiento, por lo que su coste supera de lejos los más de dos millones de euros que en su día se fijaron como compensación municipal, según fuentes del sector.  

La letra pequeña de las condiciones del procedimiento no se conocerá hasta el jueves, cuando se vote el borrador del acta del pleno de diciembre y, si no hay sorpresas de última hora, los acuerdos que se tomaron en ese momento serán firmes y públicos.