Francesc Rubiralta, expresidente de Celsa
No es frecuente que los tribunales condenen a un ejecutivo por entender que su remuneración va en contra de los intereses de la compañía que dirige y tan sólo se basa en su afán de lucro personal. Por eso, el caso de la acción de responsabilidad emprendida por Celsa, que ha terminado con su antiguo presidente, Francesc Rubiralta, condenado a devolver las retribuciones variables de los dos últimos ejercicios, es toda una señal de cómo funcionaron las cosas en el grupo siderúrgico catalán.
El cambio de control de Celsa, a través de las posibilidades que ofrece la nueva Ley Concursal, generó mucho ruido al ser uno de los primeros casos en los que los socios de una compañía, en este caso un gran grupo, se veían obligados a dejarla por la decisión de los acreedores de presentar un plan de reestructuración avalado por un juez de lo Mercantil.
Los acreedores insistieron en el largo proceso negociador para reestructurar la deuda que estaban dispuestos a apostar por la empresa y a aportar liquidez… siempre y cuando la familia Rubiralta, por entonces los accionistas, se apartaran de la gestión. La resolución del juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona constituye una pista más que gráfica de los porqués en los que se fundamentaban las dudas de los tenedores de la deuda.
De hecho, la resolución judicial habla de toxicidad para describir el bonus cobrado por Rubiralta en 2022 y 2023. Una contundencia que tampoco deja demasiadas dudas acerca de que el futuro de Celsa y de los miles de empleos que están en juego no pasaban por la forma de proceder de su antiguo presidente, que no dudaba en percibir cantidades que sumaron 7,1 millones en dos años pese a la delicada situación financiera por la que atravesaba la siderúrgica.
