Belén Gualda

Aun antes de que haya llegado ese momento, la participación pública ya ha dejado su impronta en la junta de la operadora al no apoyar las remuneraciones de la empresa, tal y como hace en Caixabank tras aquellos agrios debates de claro tinte ideológico y cargados de demagogia en el Congreso, que se repiten de forma recurrente cuando trascienden los emolumentos de los altos ejecutivos de empresas privadas. 

El Consejo de Ministros puede tener las mejores intenciones a la hora de entrar en Telefónica, a través de la SEPI, presidida por Belén Gualda, con vistas a defender el interés general, ejerciendo una labor de control y vigilancia ante la entrada de inversores procedentes del exterior en una compañía considerada como altamente estratégica. Pero nunca debe olvidar que se trata de una empresa privada, que tiene que pelear en un escenario altamente competitivo en el que el talento es fundamental y, por lo tanto, se ha de pagar caro. De lo contrario, otros lo harán por la empresa estratégica. 

Si el Gobierno está dispuesto a gastar 2.300 millones procedentes de los impuestos de los ciudadanos (y que, por lo tanto, se detraen de servicios públicos esenciales), mal se compadece la decisión con un planteamiento "izquierdista" como el de igualar los salarios por debajo. Se trata de un debate absurdo y forzado, lo que menos necesita una empresa como Telefónica en estos momentos. 

Si en verdad el Gobierno quiere defender el interés general con la vigilancia de Telefónica, la manera más apropiada de hacerlo es interferir lo menos posible en su gestión. Y en eso está incluida la política… de retribuciones.