Tomás Dagà, consejero de Grifols desde 2000 y socio fundador de Osborne Clarke en España / CG
Tomás Dagà
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Hace mucho tiempo que los mercados han otorgado una relevancia capital al buen gobierno de las cotizadas, sobre todo cuando llega la hora de tomar decisiones de inversión. Un aspecto que debería haber sido tenido en cuenta en Grífols a la hora de tejer un entramado de relaciones entre la compañía, el socio relacionado con la familia fundadora y accionista y el despacho de abogados liderado por uno de sus consejeros más veteranos.
La figura de Tomás Dagà encarna el perfil de personaje en la sombra, muy alejado de los focos, tanto mediáticos como bursátiles, pero que representa la piedra angular sobre la que descansa el funcionamiento de un gigante como la farmacéutica, al que un informe de una firma especializada en operaciones especulativas ha puesto en solfa. Y, en buena medida, precisamente como consecuencia de esa forma de gestionar propia de otros tiempos.
Es relativamente común que la empresa familiar se resista a introducir determinados mecanismos de transparencia, profesionalidad y prevención de conflictos de interés. Pero cuando se toma la decisión de dar el salto a los mercados y los accionistas se cuentan por decenas de miles (incluidos institucionales con altos estándares de exigencia de buen gobierno), no existe alternativa. De lo contrario, actuaciones como la de Dagà terminan por condenar a una cotizada a los infiernos de las posiciones cortas. Y de la huida masiva de inversores cuya confianza cuesta muchos años y mucho dinero recuperar.
