La propiedad de Casa Orsola denuncia el "acoso institucional" de Colau contra la gestión del bloque

El fondo Lioness Inversiones, actual propietario de Casa Orsola, en el Eixample barcelonés, ha salido al paso de las últimas informaciones aparecidas sobre sus intenciones con el bloque de vecinos que adquirió en 2021. Su respuesta llega después de las movilizaciones activistas del sábado ante el edificio espoleadas por una carta de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau (BComú), a la que el denunciante vincula con el activismo okupa y a la que acusa de acosarlo desde las instituciones.

Un portavoz de la propiedad ha rebatido, punto por punto, tanto las palabras de Colau como las del Sindicat de Llogaters, que abandera este pulso contra un fondo al que llaman “buitre” y al que acusan de querer especular con esos pisos a cuenta de dejar sin hogar a personas en riesgo de exclusión social. Pero Lioness Inversiones defiende que “no se trata de especulación, ni de gentrificación, ni de familias vulnerables”, en palabras a Servimedia.

Intromisión de los activistas

De hecho, la versión de la propiedad dista mucho de la ofrecida por los activistas y Colau, que afirman que no se ha ofrecido la opción de renovar contrato a cinco familias a quienes les ha vencido el tiempo de residencia acordado. “No están en riesgo de exclusión social, quieren seguir pagando rentas bajas, de forma indefinida, aunque la ley no los ampare y cause indefensión a la propiedad”, argumentan desde este fondo.

En esta línea, en un documento al que ha tenido acceso Crónica Global, Lioness dice que es “falso” que no haya tratado de negociar con estos inquilinos. “Hemos intentado hacerlo y en algunos casos no ha sido posible debido a la intromisión del Sindicat de Llogateres; en otros, hemos ofrecido alternativas que se han rechazado”, asegura el escrito. Del mismo modo, matiza que “no todos [los afectados] llevan tantos años en el edificio”, algo que la parte contraria quiere vender a la opinión pública. “¿Por qué es un grave perjuicio para el conjunto del barrio y de la ciudad?”, inquiere.

Barcelona descartó su compra

En mitad de esta operación –Lioness recuerda que el consistorio declinó ejercer el derecho de tanteo sobre el bloque cuando conoció que había un fondo interesado en él–, la propiedad aporta más datos sobre su postura. Afirma que el edificio presentaba graves deficiencias y que subsanarlas requiere de una gran inversión. El plan pasa por financiarla con la conversión de algunos pisos que queden vacíos en viviendas de corta estancia para empresarios y estudiantes –algo “perfectamente legal”–  o, incluso, vendiendo algunas de estas unidades si es necesario. En cambio, está siendo víctima de un acoso institucionalizado, en sus palabras.

Por ello, la propiedad estudia la posible implicación y connivencia entre la alcaldesa, otros cargos del Ayuntamiento de Barcelona, el Sindicat de Llogateres y los vecinos implicados en el acoso, la incitación y la gestión activa de la ocupación ilegal de pisos en la finca. Así, también denuncia como “grave injerencia” que Colau “en persona siga el acoso institucional al inmueble” con la referida carta enviada un día antes de las manifestaciones y protestas “convocadas por grupos activistas de la ocupación ilegal”.

Indicios de difamación, prevaricación y coacciones

“La carta es un conjunto de falsedades que sorprende que esté enviada en papel con membrete del Ayuntamiento de Barcelona y firmada por la alcaldesa”, prosigue, antes de reconocer que “lo único cierto” es que el consistorio “no tiene competencias para cambiar las leyes sobre vivienda”. “La carta –continúa– y las evidencias de las acciones activistas de ayer frente a la Casa Orsola constituyen indicios de ‘difamación, prevaricación, amenazas y coacciones’ y el equipo jurídico de la propiedad, como se ha indicado, tiene la instrucción de valorar la interposición de acciones legales en la mayor brevedad posible”, afirma.

El texto de Colau, entre otras cosas, señala que Lioness quiere “expulsar” a los vecinos de Casa Orsola, a lo que la propiedad responde que “se trata de finalizaciones solo de algunos contratos”. Señalados por la líder de los comunes acerca de su supuesta negativa a negociar, Lioness afirma que en dos correos electrónicos a Jordi Matas –consejero técnico del Eixample– se le expuso que no podían iniciar conversaciones con “vecinos/entidades” que no hacen sino difamar contra el fondo y “colaboran de forma directa en ocupaciones ilegales de pisos de la finca”.

Precio por debajo de mercado

Otro dato que aporta la propiedad es que “los precios del 90% de las viviendas –del bloque– están más de un 30% por debajo del precio del índice de alquiler”. Por todo ello, “lamenta las declaraciones de la alcaldesa de la ciudad en las que acusa a la empresa de ser un fondo buitre, cuando no es así, ya que es una empresa 100% catalana y barcelonesa”.