El varapalo del CGPJ condena a la Ley de Vivienda

El Ejecutivo trabaja con la evidencia del carácter no vinculante del pronunciamiento por parte del órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, la ponencia aprobada el pasado jueves por el pleno del CGPJ --salió adelante con el respaldo de 15 de los 21 miembros, incluido su presidente, Carlos Lesmes-- supone en realidad todo un manual para aquellos que, en un momento determinado, quieran oponerse a la aplicación de la norma y decidan pleitear.

Invasión de competencias

El dictamen hace especial hincapié en un elemento que ya fue utilizado en la enmienda que sirvió para tumbar un primer texto. En líneas generales, avalaba el contenido del anteproyecto excepto por un detalle que lo desvirtúa. Se trata del hecho de que una normativa sobre vivienda de ámbito nacional invade competencias que corresponden, en realidad, a los gobiernos autonómicos.

La fachada del Congreso de los Diputados, donde se tramita la reforma del Código Penal / EUROPA PRESS

La prueba es que en la mayoría de las Comunidades Autónomas ya existe una normativa propia e incluso en algunas, como es el caso de Cataluña, también incorpora el control de los precios de los alquileres en zonas particularmente tensionadas. El mismo punto que incluir la ley que el Gobierno quiere sacar adelante y que ha generado polémica. 

En manos de los jueces

Así, junto a la invasión de competencias, la otra idea más repetida en la resolución del CGPJ es la de “inseguridad jurídica”. Enn numerosas ocasiones en las que se produzca un pleito en la materia de vivienda, el juez que deba pronunciarse al respecto va a tener dudas más que razonables sobre la legislación a aplicar.

“Al final, la situación desemboca hacia lo que la judicatura se temía: que en muchos caso serán los jueces los que tengan que decidir sobre un ámbito que debería estar convenientemente regulado y se van a encontrar con normas contradictorias”, señalan fuentes próximas al órgano de gobierno de los jueces.

Una referencia

Expertos en el sector inmobiliario señalan que el dictamen del CGPJ es un compendio de argumentos para sostener cualquier recurso que se quiera interponer en los tribunales por la aplicación de la citada ley en el caso de que se aprobara tal y como ahora mismo está el anteproyecto.

“Y en el fondo, se trata de un documento que han aprobado, no por unanimidad, pero sí por una amplia mayoría, los propios jueces", señalan los mismos interlocutores. "¿Va a servir de referencia a un magistrado en caso de duda o a la hora de tomar una decisión? Lo más probable es que así sea”, apuntan. 

Notables discrepancias

En el ámbito inmobiliario aumenta el convencimiento de que el Gobierno va a tener que “darle una vuelta” al anteproyecto si no quiere que la normativa caiga en saco roto.

“Es una normativa que ya le costó mucho aprobar al Ejecutivo por las muchas discrepancias que generó en su propio seno. Fueron meses de tiras y aflojas y tuvo que mediar la negociación de los Presupuestos para que la parte socialista diera su brazo a torcer y admitiera la postura de Unidas Podemos”, recuerdan desde una promotora, en la que se mantiene la inquietud por determinados aspectos del texto.

Viviendas en construcción del mercado inmobiliario español / EP

Además del control del precio de los alquileres y de la invasión de la competencia autonómica, el anteproyecto también contempla medidas como la reserva de un 30% de suelo a vivienda protegida en todas las promociones. El sector alerta de que complicaría los objetivos de rentabilidad de la mayoría de ellas y que podría retraer a los inversores a la hora de abordar nuevos proyectos. Algo parcido a lo que ya ocurre en Barcelona, donde la medida está vigente, y agrave la escelada de precios por la escasa oferta que existe en las llamadas zonas tensionadas. Es decir, donde se concentra la demanda de inmobiliario en España. 

Rasgos de inconstitucionalidad

“El dictamen del CGPJ es demasiado contundente, en muchos de sus argumentos desliza la idea de que la normativa roza lo inconstitucional", sentencian los inmobiliarios. "A la mínima que el sector ve amenazada su viabilidad a recurrir a él para defender sus derechos en los tribunales”.   

Además, algunos gobiernos autonómicos, particularmente aquellos en manos del Partido Popular (PP), ya adelantaron incluso antes de conocer el contenido del dictamen del CGPJ, que no aplicarán la normativa en el caso de que esta sea aprobada. Todo ello, deja en el aire la efectividad real de una normativa que forma parte del pacto de gobierno de coalición.