Glovo se parapeta en la justicia europea para esquivar la contratación de sus ‘riders’

Glovo busca resquicios legales para no tener que contratar a sus repartidores y que sigan siendo autónomos. Uno de los fundadores de la compañía, Sacha Michaud, se parapeta en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de abril pasado, después de que el Tribunal Supremo diera un espaldarazo a los riders. El organismo entiende que existe una relación laboral entre ambas partes. 

En una tribuna publicada en el diario Expansión, Michaud se refiere al fallo del órgano europeo que dijo que “la relación de un trabajador respecto a una plataforma era autónoma”.

Legislaciones similares 

El cofundador de Glovo insiste en que “el debate judicial sigue abierto” y pone de ejemplos, según él, “regulaciones específicas en Italia y Francia, países con tradiciones legislativas similares a España, que aúnan flexibilidad y más derechos potenciando, a su vez, el valor del impacto socioeconómico de nuestra actividad”.

Arremete contra España y deja entrever que existe una persecución de Glovo y que hay una clara “judicialización” en favor de sus riders. Michaud dice que hay “falta de diálogo” y considera que el Gobierno “no es que no haya escuchado a su empresa" sino que "ni siquiera estén dialogando con los verdaderos protagonistas: los repartidores de las plataformas que colaboran con una o varias de ellas”. 

Un pequeño reducto

También da protagonismo a un pequeño colectivo de riders que prefieren ser autónomos. Pero tal y como informó Crónica Global este mismo verano, ese colectivo no representa ni siquiera a un 10% de los repartidores, y en muchas ocasiones recibe trato de favor de Glovo. 

“Hace unos meses, varias asociaciones de repartidores alzaron su voz por primera vez, demandando ser tenidas en cuenta y reclamando reunirse con la ministra y su equipo”, se escuda Michaud.

Sin solución

Glovo entiende un modelo en el que se “respeten la autonomía y flexibilidad de los repartidores integrando, a su vez, nuevos derechos y coberturas sociales, algo que nuestra compañía está dispuesta a apoyar, incrementar y asumir”. 

Por último, el directivo señala que las consecuencias de la nueva regulación (el Gobierno ultima el proyecto de ley para que los repartidores sean reconocidos como asalariados), afectarán negativamente al sector y a la “economía y tejido empresarial”.