La Generalitat cuela una subida de impuestos del 38% a la compra de pisos

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha publicado en su web una instrucción acerca de la comprobación del importe de las transacciones de bienes inmuebles. Mediante esta disposición, actualiza --o mejor dicho, incrementa de forma sustancial-- los coeficientes aplicables a los valores de los trasiegos inmobiliarios, ya sean por compraventa, sucesión o donación.

La ATC da a conocer cada año un sistema de cálculo por el que se imputa al valor catastral de las fincas un coeficiente corrector. El organismo lo llama de "actualización", siendo así que casi indefectiblemente lo mueve al alza. El coeficiente se aplica a las operaciones inmobiliarias que, según la ATC, se han efectuado a precios inferiores a los reales. Para la institución, tales operaciones deben ser objeto de una comprobación prioritaria por parte de los inspectores.

Burbuja inmobiliaria

La instrucción de marras ha pasado inadvertida para el común de los ciudadanos. Pero su trascendencia fiscal es enorme, pues afecta al parque de bienes raíces de toda Cataluña. Comprende los inmuebles urbanos --ya sean viviendas, locales comerciales o naves industriales--, así como los terrenos y construcciones rústicas, y los amarraderos en puertos deportivos.

Hasta 2018, la ATC asignaba un coeficiente corrector hacia arriba de 2 veces el valor catastral. A partir de este año pasa a ser de hasta 2,76 veces. Así, de golpe y porrazo, a efectos fiscales se engorda nada menos que un 38% el importe de los activos, como si Cataluña estuviera viviendo la mayor burbuja inmobiliaria de la historia.

Calificación de los inmuebles

Las implicaciones fiscales de tales valoraciones se extienden al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), que grava las compraventas inmobiliarias, así como a las sucesiones por herencias y las donaciones.

En esta reforma de 2019 se han introducido un par de novedades muy notables. Se establece una calificación de los inmuebles según su uso: genérico o vivienda, aparcamiento y comercial. En función del uso que se dé al activo se determinan unos coeficientes u otros. Es de destacar que a los inmuebles residenciales, es decir, al grueso de los bienes raíces existentes, se les carga el mayor coeficiente, el 2,76%.

Códigos postales

Otra gran novedad reside en que se fijan distintos baremos en función de la localización de las fincas y de su código postal. La división por códigos postales abarca Barcelona capital, pero también otros muchos municipios como Girona, Tarragona, Lleida, Badalona, Hospitalet de Llobregat, Manresa y Sant Cugat del Vallès.

En Barcelona, los cinco coeficientes de menor bulto corresponden a Trinitat Vella, Sant Gervasi/Galvany, Sarrià-Les Corts, Montjuïc y la antigua izquierda del Eixample. Se les aplica respectivamente el 2%; 2,12%; 2,13%, 2,2% y 2,23%. Los coeficientes mayores se imputan al Gòtic, Born, Poble Sec, Gràcia y Clot, con 2,76%; 2,65%; 2,58%; 2,58% y 2,54% respectivamente.

Infierno fiscal catalán

Jaume Faulo, experto fiscalista del despacho barcelonés Gibernau Asociados, cita a modo de ejemplo la venta de una vivienda en el barrio Gótico, cuyo valor catastral esté fijado en un millón de euros. Hasta 2018 la Hacienda catalana le habría imputado un valor de dos millones de euros. A partir de 2019, lo cifra en 2,76 millones.

Sobre esta base se le cargará el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que está situado en el 11% para bienes inmuebles de más de 1 millón de euros. En la Comunidad de Madrid, el ITPAJD máximo es el 6%. Es decir, cada vez que compran un piso, un local o una nave industrial, los catalanes pagan en impuestos casi el doble que los madrileños.

Desigualdad autonómica

Faulo asevera: "Mediante la nueva instrucción de comprobación de valores de bienes inmuebles, la ATC eleva aún más, si cabe, la presión fiscal sobre la transmisión de fincas en Cataluña".

La Administración catalana se sirve de una disposición sin rango de ley para elevar las cuotas tributarias que los contribuyentes han de satisfacer cuando transmiten un inmueble. "Se acrecienta, así, la disparidad ya existente con otras comunidades, donde no se paga por sucesiones y donaciones".

'Catastrazo'

La fortísima subida de las tasaciones de la ATC --"actualizaciones" en su particular jerga--, sobreviene después de que en 2017 se incrementaran de forma desmesurada los valores catastrales existentes en Barcelona. La revisión catastral no siguió un criterio homogéneo. Según los expertos, se incrementó sobre todo en aquellos barrios que menos votaron a Ada Colau y se redujo en los feudos más proclives a la alcaldesa ultraizquierdista.

catastral valor

Nueva valoración catastral de un local de Barcelona que pasa de 618.000 euros a 4,7 millones

En determinados barrios, el catastrazo implicó multiplicar dos, tres y hasta cuatro veces el importe anterior. Crónica Global tiene conocimiento de locales comerciales cuya tasación se ha disparado de 618.000 euros a 4,7 millones. La ascensión es de casi un 800%, tal como muestra la imagen superior. Tales subidas suponen un impacto devastador en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuyo importe sufrirá un empujón similar al que ha experimentado el valor catastral.

IBI disparado

Pero para evitar que los ciudadanos monten en cólera y el alza del IBI pase un tanto inadvertida, el incremento se ha fraccionado durante un periodo de diez años. Lo cierto es que dentro de ese periodo, el titular del bien inmueble estará pagando un IBI equivalmente a la subida íntegra de la valoración catastral que le adjudicaron en 2017. Es decir, el local que aparece en la imagen pasará a abonar en 2027 un IBI de 35.684 euros, frente a los 4.640 euros de 2017. De momento, el año pasado Ada Colau ya le cargó un incremento adicional del 20%.

El alza de la carga tributaria que soportan los inmuebles acontece cuando el Gobierno catalán esta negociando con otras fuerzas políticas del Parlament una revisión al alza del impuesto de sucesiones y donaciones. En Madrid y algunas otras comunidades autonómas, semejante tributo está bonificado al 99%. En Andalucía, el ejecutivo resultante de las últimas elecciones ha prometido suprimirlo de forma inmediata.