El Consejo General de Cámaras pide al Govern una moratoria fiscal por las restricciones

El Consejo General de Cámaras de Cataluña ha reclamado tanto a la Generalitat como al Gobierno un plan de choque para ayudar a las empresas más afectadas por el endurecimiento de las restricciones sanitarias. "La gravedad de las restricciones pensadas en el interés colectivo deben ser compensadas de forma rápida y proporcionada a las pérdidas registradas", ha reivindicado la institución en un comunicado.

Por eso las 13 cámaras han pedido una moratoria fiscal, tanto de impuestos locales como autonómicos, durante el periodo de las restricciones y los tres meses posteriores. Así, la organización pide la exención tributaria para los negocios directamente afectados al menos hasta marzo. Esta medida debería hacerse extensiva también al IVA.

Otras medidas

Además, el Consejo propone la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERE) durante un año, así como la prórroga y condonación parcial de la carencia de los créditos del Instituto Oficial de Crédito (ICO).

También exige la puesta en marcha de un programa de apoyo a las empresas que permita la orientación durante el periodo en que rijan las medidas sanitarias. Las compañías podrían aprovechar esta guía, similar a la que han activado durante la crisis sanitaria las entidades de dinamización empresarial local, para desarrollar nuevos canales de relación con los clientes.

Ayudas insuficientes

Por otro lado, la entidad ha considerado que las ayudas de 20 millones de euros habilitadas por el Govern para el ocio nocturno son "insuficiente". Por eso ha propuesto duplicar este importe y ampliarlo también a otros ámbitos como la restauración y la cultura. Esta demanda va en la línea del Gremio de Restauración de Barcelona y de Fecalon, que han solicitado transferencias económicas directas para compensar el cierre obligatorio o la limitación de aforo.

"Conviene hacer una escucha activa de los problemas del sector socioeconómico", han añadido las cámaras catalanas, que también emplazan a las autoridades a contar con la voz de los representantes del mundo empresarial en los órganos asesores y de decisión.