Los Cierco llevan a los tribunales la polémica de los CoCo’s entre BPA y Vall Banc

Los accionistas mayoritarios de BPA, los hermanos Higini y Ramon Cierco, y el exconsejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, han presentado una querella en los juzgados de Andorra contra el polémico movimiento financiero que ha generado un agujero de 80 millones de euros a la entidad intervenida. Señalan a varias autoridades financieras del país y a los encargados de gestionar al banco nacionalizado como responsables del polémico intercambio de bonos convertibles contingentes (CoCo’s).

En el escrito, acusan personalmente del nuevo escándalo en el Principado a miembros de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), a administradores de BPA designados por el Gobierno del país, al consejo de Vall Banc y a los representantes del fondo buitre JC Flowes. Es decir, a todos los implicados en el traspaso de activos del banco malo a la entidad que se había creado para ello. 

Operación financiera

Los denunciantes relatan que tras la creación de Vall Banc, AREB autoriza la transferencia bajo su supervisión de una serie de bienes a la entidad de nueva creación que están valorados en 70 millones de euros. Aseguran que son necesarios para arrancar con su operativa.

Para facilitar la maniobra, el banco que se había creado emitió las CoCo’s por el mismo valor. BPA las adquirió y, a su vez, transmitió los bienes necesarios para permitir que pudiera empezar a trabajar.

Valor real del papel

El problema es que “dichos traspasos no han tenido el equilibrio que se les presuponía”. Aseguran que se “habrían llevado a cabo operaciones tendentes a descapitalizar más si cabía” a la entidad intervenida. Y es que en la memoria de Vall Banc se reconoce que los bienes que AREB valoró en su momento en 70 millones, en realidad valen más de 96,5 millones. Una diferencia que asume BPA.

Los querellantes también explican que, más tarde, JC Flowers compró los CoCo’s en el marco de la operación de compraventa. Y lo hizo por 15 millones de euros, con lo que se habría producido un nuevo menoscabo de 55 millones que también asumía BPA.

La complejidad de la operación que origina la polémica se ha resumido en este vídeo.

Presunta prevaricación

Por todo ello, consideran que AREB actuó con “arbitrariedad total y sin tomar ninguna medida para evitar la ilicitud de sus actos”. Indica que ni siquiera pidió la peritación, hecho que según su punto de vista podría encajar en el delito de prevaricación con el agravio de haber sido cometida por autoridad o funcionario. Además de una administración desleal de bienes públicos.

Serán los tribunales los que tengan la última palabra sobre la pulcritud de la operación financiera. Por ahora, deberán analizar la admisión a trámite de la denuncia que se ha presentado.