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Cataluña acaba con el reparto de poder empresarial de Jordi Pujol

Foment del Treball, Pimec y Fepime han empezado a negociar un nuevo mapa de la representatividad

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre (i); el de Pimec, Josep González (c); y la de Fepime, María Elena de Feplie (d) / CG
06.12.2018 00:00 h.
5 min

El reparto del poder de las patronales catalanes se ha mantenido inalterable desde la época en que Jordi Pujol ocupaba la presidencia de la Generalitat. En su primer Gobierno decidió otorgar el 75% de la cuota a Foment del Treball y el 25% restante a Pimec. Fepime rompió la baraja y consiguió que su fuerza fuera reconocida en los tribunales en 2011. Dos años más tarde, se le traspasó el 15% de su organización madre. El Gobierno de Artur Mas adaptó el escenario que existía tras una pugna judicial que aún está viva. Se espera dar carpetazo a esta guerra judicial en los próximos meses, cuando se entierre el diseño tradicional del mapa de la representatividad en Cataluña.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, ha sido el primero en asegurar ante los medios que está dispuesto a ser “generoso” en el proceso. Nadie en el panorama empresarial catalán contempla que pueda llegar a reducir su peso hasta quedarse con el 50% que le pide Pimec, pero sí se dejará alguna pluma.

Negociación en marcha

Fijar una cifra específica es el objetivo de la negociación en la que están inmersos los representantes de las tres patronales catalanas. Se parte del principio de acuerdo que se alcanzó tras las vacaciones del verano, pero con cambios sustanciales. El documento inicial sólo estaba ratificado por la Generalitat, Foment y Pimec, las partes que se emplazaban a llegar un punto en común para evitar medir la fuerza empresarial a través de un recuento de socios.

El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat, Chakir El Homrani / ESQUERRA

El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat, Chakir El Homrani / ESQUERRA

No sería el escenario preferido por ninguna de las partes. Ni siquiera del Gobierno catalán. Según fuentes cercanas a la consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, encabezada por Chakir El Homrani, se quiere evitar entrar en una situación en que el departamento ordene cuestiones muy delicadas que son pasto de otro litigio. Como decidir el peso de una empresa individual frente a una organización sectorial o territorial, así como determinar qué ocurre con la doble afiliación o cómo computarían los gigantes sectoriales respecto a las pymes o los autónomos.

Documento inicial

Desde Pimec, patronal encabezada por Josep González, se advierte de que en la declaración de intenciones inicial sí se hacía referencia a una cifra. Concretamente, su ansiado reparto al 50%. Pero aceptan que los cambios en la contraparte son esenciales y alteran las reglas de juego.

Este punto de inicio se firmó cuando Joaquim Gay de Montellà era el presidente de la gran patronal catalana. El debate planteado permitía al empresario acabar con la lucha patronal en Cataluña en los últimos días de su mandato. Pero haber dejado de lado a Fepime en la negociación fue fatal para este planteamiento.

Posición de las patronales

Sánchez Llibre plantea una negociación sin prisas. Está dispuesto a rubricar un acuerdo con Pimec pero no tiene prisa para concluir el proceso en el corto plazo. No quiere que se enquiste y no se le caerán los anillos si debe mantener vivo el pulso en los tribunales, advierten desde Foment, pero no está dispuesto a poner un parche que le sea enmendado por la junta.

Pimec va a ganar cuota de representatividad en todos los escenarios. Como es lógico, plantea la negociación para obtener el máximo beneficio posible, pero sin órdagos que dinamiten el diálogo patronal. Algo parecido a la posición de Fepime, liderada por María Elena de Felipe, que en esta etapa se juega consolidar su voz y voto.

Calendario

El Homrani ya prolongó el calendario del debate hasta el 15 de diciembre por las elecciones en Foment del Treball. A poco más de una semana para que se llegue a esta fecha, todas las partes que están implicadas en el proceso dan por sentado que se dejará el margen que sea necesario.

Lo importante es que los empresarios lleguen a un acuerdo. Un pacto que tenga la suficiente fuerza para desenquistar una lucha judicial que ha durado siete años.

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