El empresariado catalán alarga tres meses el conflicto de la representatividad

El secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat, Josep Ginesta, y los números dos de Foment del Treball y Pimec, Joan Pujol y Antonio Cañete, firmaron el pasado 27 de julio un preacuerdo para negociar un nuevo reparto en la representatividad de las organizaciones empresariales. Pretendían acabar de este modo con una pugna que se remonta en 2011. Pero tras un debate que se ha prolongado durante todo el verano y que ha generado cierto malestar en la gran patronal catalana, se han dado más tiempo para llegar al ansiado acuerdo.

Así lo ha solicitado Foment del Treball. La organización ha alegado que el proceso electoral que ha abierto este mismo martes propicia a que sea el próximo presidente de la patronal el que cierre llegado el caso el acuerdo y pide tres meses más para concluir la negociación. En el documento inicial se comprometían a llegar a un punto en común con Pimec el 15 de septiembre y ahora proponen prolongar este calendario hasta el 15 de diciembre.

Pimec y la Generalitat

Joaquim Gay de Montellà ha completado los dos mandatos que marcan los estatutos de la institución y, aunque las conversaciones se hayan iniciado en la etapa final de su mandato, las concluirá su sustituto. Será previsiblemente una de las tareas pendientes que tendrá Josep Sánchez Llibre.

Fuentes conocedoras de la negociación apuntan a que tanto Pimec como el Gobierno catalán ven con buenos ojos la propuesta. Señalan que hay buena voluntad de las partes para enterrar el hacha de guerra y evitar llegar a un conteo de empresas para medir la fuerza real de cada organización. El TSJC dio a la Generalitat este poder en una reciente sentencia judicial y así se establecía en el preacuerdo de julio.

Proceso de acreditación

Si en el 15 de septiembre no se llegaba a un pacto, se activaba la “tramitación de la convocatoria cuadrienal para la acreditación y atribución de cuotas de representatividad institucional”, tal y como consta en el acta de la sesión a la que ha tenido acceso Crónica Global.

Según los mismos interlocutores, el actual titular del departamento, Chakir El Homrani (ERC), es más partidario a un acuerdo entre los implicados que a incidir en la cuestión.

Malestar en Fepime

Quien ha recibido como un jarro de agua fría el inicio de las negociaciones ha sido Fepime, la tercera patronal en la batalla por la representatividad. El preacuerdo suscrito entre secretarios generales en julio ha sido objeto de debate en el encuentro de la junta que ha tenido lugar este lunes. Desde la organización encabezada por María Elena de Felipe se ha afeado que le hayan dejado de lado en este debate.

Fepime representa a las pymes catalanas y está adscrita a Foment. Obtuvo el reconocimiento por silencio administrativo hace siete años y desde ese momento lo ha defendido en multitud de ocasiones en los tribunales, que siempre han fallado a su favor. Se considera que en esta nueva ventana de tiempo que se abre se les debe dejar paso a la mesa de negociación.

Cuotas preferidas

Las patronales catalanas actualmente mantienen la estructura del reparto de representatividad que determinó Jordi Pujol cuando era presidente de la Generalitat. El entonces líder de Convergència decidió que Foment se quedara una cuota del 75% y Pimec el 25% restante. En 2013, la gran patronal catalana cedió un 15% de este poder a Fepime para que tuviera voz y voto en las mesas de negociación, tanto con los sindicatos como institucionales.

Pimec persigue desde hace años llegar a la paridad con Foment y se resiste a reconocer a Fepime. Por parte de la gran patronal catalana, se apunta a que consolidar el reparto actual ya sería satisfactorio.

Papel de la Generalitat

La Generalitat ha intentado mediar en varias ocasiones, aunque el procés y la proximidad política con las instituciones empresariales ha pesado en la balanza. Felip Puig intentó iniciar un conteo de empresas cuando era consejero de Empresa y Ocupación, aunque el TSJC anuló el decreto con el que se pretendía impulsar la medida. Su sucesora en Trabajo, Dolors Bassa, promovió una decisión salomónica y otorgó el 33% a cada patronal.

El Alto Tribunal catalán también se llevó por delante esta decisión en enero de 2017. El Homrani se encontró un conflicto conocido sobre la mesa, ya que venía de UGT de Cataluña y era consciente del enroque de la pugna patronal. Espera acabar con esta pelea antes de que acabe 2018.