La investigación por corrupción a la patrona de los geriátricos mueve el tablero de la representatividad del sector

Lo detallan fuentes empresariales, que alertan de que Aeste (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia), competidora de CEAPs y también integrada en la CEOE, ha convocado una cumbre urgente y discreta para defender el sector de las posibles "irregularidades". El movimiento es importante porque Aeste aglutina a las empresas líderes del sector, auténticos gigantes como DomusVi, Amavir o Vitalia. 

"Preocupación"

Este medio ha contactado con Aestes para recabar más información, pero la patronal ha preferido no hacer comentarios. Sí han dado más detalles directivos del sector, que han precisado que esta patronal "ha convocado a los grandes grupos residenciales" entre un ambiente de suma "preocupación". 

Rueda de prensa de Aestes en la CEOE, con Natalia Roldán (i), presidenta Cedida

El cónclave, organizado "tras la aparición" de la información adelantada por Crónica Global de que los Mossos d'Esquadra investigan a L'Onada, busca conjurar a los grandes grupos para "evitar escándalos e irregularidades" como las que Mossos creen que se dieron en la empresa de Pascual con los medicamentos. 

Cataluña: presión sobre Upimir y ACAD

La reunión urgente de Aestes no es el único movimiento tectónico en el cuidado de mayores en España. En Cataluña, donde Cinta Pascual preside Acra, mayoritaria, también hay ruido de sables. Asociados de Upimir y ACAD, patronales minoritarias, se están organizando en grupos de discusión para forzar a las dos centrales a unirse y desplazar a Acra. 

Ello llega después de que la organización patronal callara y mantuviera a Pascual en la presidencia, como explicó este medio. Ahora, hay asociados de a pie que piden "movimientos" a sus asociados. 

Upimir: "Presunción de inocencia"

En conversación con este medio, Ignasi Freixa, presidente de Upimir --integrada en Pimec-- ha defendido la "cautela" hasta que se aclaren las diligencias de los Mossos. El directivo subraya que cree en la "presunción de inocencia", por lo que no procede ni pronunciarse ni actuar. 

Imagen aérea de la Residencia de Sils (Girona), integrada en Upimir Cedida

En relación a peticiones de algunos asociados de la patronal de pymes a título individual, Freixa ha apelado a la libertad empresarial, dejando claro que se impone la "prudencia". 

Familiares: "¿Esta es la colaboración público-privada?"

La investigación a la compañía de Cinta Pascual también ha caído como un jarro de agua fría entre los familiares de residentes. La Coordinadora 5+1, que integra a allegados de residentes en cinco centros, incluida Mossèn Vidal i Aunós de Barcelona, operada por L'Onada, se ha mostrado crítica. 

En un tuit emitido anteayer, lamentó en alusión al Govern catalán que "lo privatizáis todo, dejando a las personas vulnerables en manos de las empresas, y luego tenéis que investigar si se aprovechan de los recursos públicos". La entidad preguntó al Ejecutivo de Pere Aragonès (ERC) si "esta es la colaboración público-privada que defendéis". 

Silencio total de Salud y Derechos Sociales

Por su parte, el Govern catalán guarda un prudente silencio con la investigación. Crónica Global ha preguntado tanto a la Consejería de Salud como a la Derechos Sociales, sin recibir respuesta. Cabe recordar que el segundo departamento es competente con las residencias en Cataluña, aunque Mossos irrumpió en una residencia esta semana con apoyo de cargos del CatSalut. Fue en Girona, donde comanda el CatSalut Jaume Heredia, un hombre clave en el caso ambulancias, que también investigaron los Mossos. 

También prefiere no pronunciarse ACAD y la Confederació, por ahora. En el pasado se enfrentaron a Acra en asuntos como el convenio autonómico de cuidados GerCat. 

Pesquisas de Mossos: ¿Quién prepara los fármacos?

Este seísmo en el sector de los mayores llega después de que trascendiera que los Mossos d'Esquadra investigan a L'Onada, el principal operador de cuidado de ancianos en Cataluña, por amañar presuntamente el emblistado de medicamentos para residentes. 

Una persona mayor, con una gerocultora en una residencia EFE

Lo habría hecho la empresa de Cinta Pascual, cree la policía catalana, apoyándose en una tercera residencia pública. Si se prueba, ello podría constituir una suerte de desvío de recursos públicos y encajar con el tipo penal de malversación. 

El trasfondo del caso es el preparado y emblistado de los numerosos medicamentos que toman diariamente personas mayores internas en residencias. Constituye un negocio para las farmacias, con fuerte competencia entre ellas sobre quién se queda este o aquel geriátrico, pues el encargo de exclusividad lleva aparejada una elevada facturación.