La seguridad antiokupas encarece la obra nueva: 1.500 euros más por piso

El incremento de los costes, que en promociones residenciales ha sido de entre el 15% y el 20%, se debe a factores como la falta de algunos materiales y de mano de obra. Sin embargo, a ello hay que añadir el gasto en seguridad (alarmas y vigilancia privada) que tienen que desembolsar las promotoras inmobiliarias para impedir que los edificios de nueva construcción sean okupados.

10.000 euros al mes

Fuentes del sector inmobiliario aseguran que contratar un vigilante de seguridad las 24 horas (con guardia de día y de noche) para impedir okupaciones en un bloque nuevo tiene un coste de 10.000 euros al mes, que en los tres meses previos a la entrega de llaves se convierten en 30.000 euros aproximadamente para cada edificio. Teniendo en cuenta que cada bloque tiene una media de 20 pisos, el sobrecoste de cada unidad es de unos 1.500 euros de media, aunque cada caso varía según el tamaño de la promoción, y se hace difícil calcular qué parte de este sobrecoste asume la compañía y cuál el comprador.

Las mismas fuentes recuerdan que en Cataluña se construyen unos 15.000 pisos al año, por lo que estiman que el sector destina unos 22,5 millones de euros en seguridad privada sin contar otras medidas como las alarmas, un coste que normalmente asumen los propios promotores. Un 20% de estos inmuebles son viviendas de protección oficial, "blanco de los okupas", por lo que, según estos cálculos, se destinan 4,5 millones de euros para evitar que sean usurpados.

Los pisos públicos, un blanco fácil

"Las promotoras están teniendo bastantes problemas y es un gasto que luego acarrea el futuro comprador", alertan fuentes del sector de los servicios de seguridad antiokupación. Añaden que "la mayoría de pisos de protección oficial están siendo okupados", ya que se trata de "un blanco muy fácil". Asimismo, inciden en que "la okupación no para de crecer" y la situación "ha empeorado" en los últimos meses, a lo que se añade la incertidumbre política en cuanto a la ley de vivienda.

Desde la vuelta de las vacaciones, se ha producido un boom de contrataciones de este tipo de servicios porque "hay más miedo" entre los propietarios. "Las mafias se las saben absolutamente todas y el inquiokupa, más de lo mismo", aseguran estas voces, que apuntan que los okupas vulnerables son muy puntuales y que la mayoría son personas que se aprovechan de los vacíos legales y pagan a mafias.

Dinero público que se pierde

Otras fuentes consultadas en el sector de la vigilancia privada hacen hincapié en que el número de vigilantes de seguridad destinados a este tipo de servicios en Cataluña no es tan elevado como cabría esperar porque normalmente las promotoras recurren al "debatible" modelo de las "rondas discontinuas". Una medida que se toma "en según qué obras" con el fin de "evitar okupaciones" y que se adapta a la fase de construcción de cada edificio, "porque, al fin y al cabo, lo están alarmando todo".

Desde el sector consideran que, para evitar la okupación de vivienda social, la Administración pública debe actuar como las empresas privadas, ya que instituciones como el Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona están "malgastando el dinero" al no licitar previamente la contratación de alarmas y rondas discontinuas, algo que "abarataría mucho los costes" si se hiciese de forma planificada.