Marina Serrano González, presidenta de AELEC / CEDIDA

Marina Serrano González, presidenta de AELEC / CEDIDA

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La patronal de las grandes eléctricas recurre el impuesto al sector

Endesa, Iberdrola y EDP siguen los pasos de la banca e interponen un contencioso ante la Audiencia Nacional para tumbar el tributo extraordinario del Gobierno

16 febrero, 2023 14:17

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial del 2 de febrero en la que se recoge el impuesto extraordinario al sector. La patronal que agrupa a Endesa, Iberdrola y EDP tilda de "discriminatorio e injustificado" el nuevo gravamen.

La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) también presentaron ayer otro recurso contra el impuesto extraordinario con el que el Gobierno quiere recaudar unos 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024.

Cambio de modelo

La asociación que agrupa a las principales eléctricas ha optado por recurrir directamente la orden ministerial HFP/94/2023 que aprueba los modelos de declaración y pago anticipado del gravamen.

AELEC ha explicado que la Unión Europa (UE) ha establecido un impuesto sobre el petróleo y el gas, en el que nada se dice sobre la industria eléctrica. "Por tanto, el gravamen aprobado en España penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético no solo mundial, sino específicamente español", ha indicado la organización.

Impuesto discriminatorio

El segundo motivo del recurso es que el tributo grava los ingresos de las compañías, en concreto, el 1,2%, mientras que otros países han fijado los beneficios como objeto imponible. Asimismo, la patronal también considera discriminatoria la medida puesto que solo afecta a un determinado número de empresas eléctricas, mientras que otras, independientemente de su tamaño, están eximidas.

Por último, AELEC denuncia la "incoherencia fiscal" del Ejecutivo por gravar ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración en 67 euros por megavatio y hora (MWh). Se alega también que se gravan incluso los conceptos que el Gobierno factura a través del sector eléctrico, pero que no aportan beneficio alguno a las compañías eléctricas.