Las patronales critican al Govern por la liquidación exprés del Eix Transversal

Las patronales Foment del Treball y Pimec han compartido con Crónica Global sus dudas sobre la liquidación anticipada de la concesión de la C-25, conocida como Eix Transversal. No solo por la notable cuantía económica de la operación, casi 500 millones de euros, sino también porque hubiera sido aconsejable destinar estos recursos a otras prioridades en infraestructuras.

De forma sorpresiva, la Generalitat decidió antes del verano retomar las riendas de la vía rápida que conecta Cervera con Riudellots de la Selva a través de 154 kilómetros de asfalto. Fue una maniobra exprés aprovechando una ventana de oportunidad contractual que se cerraba este 2022, pese a que el contrato cedía a la concesionaria la gestión hasta 2040. En 2017, la Generalitat ya intentó cerrar la misma operación, aunque en aquella ocasión la iniciativa no llegó a buen puerto.

Números de la operación

La institución argumentó entonces, como ahora, razones de ahorro, pese a que las estimaciones iniciales han terminado desviándose del cálculo definitivo comunicado la semana pasada. Sin entrar en los números del Govern –de los 479 millones se invertirán 125, mientras que otros 354 servirán para enjuagar deuda; todo con fondos propios y sin recurrir al FLA– desde Foment se cuestiona el sentido de la operación, la de "mayor impacto en las finanzas" en la última década, según la propia Consejería de Economía.

"No se puede argumentar primero que no se tiene dinero para ejecutar la deflactación del IRPF y después destinar la mejora de la recaudación por la inflación a pagar la deuda", razona Salvador Guillermo, secretario general adjunto de la organización empresarial. "Sorprende que cuando la Generalitat tiene dificultades para financiarse, opte por destinar el incremento temporal de recursos a algo que ya estaba financiado", se insiste.

Imagen del Eix Transversal, una de las principales concesiones que controla Cedinsa / TERRITORIO

La viñeta, el debate real

Hasta la fecha, el erario abonaba periódicamente un peaje en la sombra a Cedinsa, cuyo cálculo tenía en cuenta tanto el coste y mantenimiento de la infraestructura como su volumen de tráfico. El presidente del Clúster Logístic de Catalunya, Ignasi Sayol, no se muestra en contra de suprimir los sistemas indirectos de financiación de las infraestructuras.

Pero a la vez el portavoz de la asociación adscrita a Pimec pone en duda que este sea el mejor momento para gastarse una cuantía tan elevada para hacerse con el control directo de la carretera. Y señala que el debate real que deberían afrontar los responsables públicos es la progresiva implantación de la viñeta, como instrumento para garantizar el mantenimiento de la red viaria.

Infraestructuras pendientes

En vez de destinar los extras de la coyuntura económica a la reabsorción del Eix, Foment pone sobre la mesa decenas de obras públicas pendientes de completar por parte de la Administración autonómica.

En el último informe CAT-100, se enumeran la finalización de las líneas 9 y 10 del metro de Barcelona, el vial puerto-aeropuerto y la mejora de la red de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en distintos tramos, entre otros proyectos.

Tráfico en la carretera / EP

"Las empresas tienen memoria"

Por otro lado, Guillermo advierte: "Las empresas tienen memoria". En este sentido, alerta de que el modelo de colaboración público-privada ejemplificado en la C-25 queda tocado por la retirada precipitada de la Generalitat. "En este tipo de colaboraciones no se dan apenas rescates de forma anticipada. Los contratos se vencen en los tiempos fijados", expresa.

Un aspecto que el pasado fin de semana también destacó el líder socialista Salvador Illa. En el marco de las jornadas económicas de S’Agaró, el jefe de la oposición adujo que la operación del Govern creaba un "problema de credibilidad" ante un inversor como el fondo francés Vauban Infraestructure Partners, principal accionista de Cedinsa. Otras fuentes han reiterado este punto, añadiendo que el grupo galo es un socio muy fiable y reconocido en operaciones relacionadas con la obra pública.

Batalla judicial

Pero estas prevenciones no han evitado que la Generalitat haya tomado las riendas de la infraestructura. Ni sus flecos judiciales. En 2010, Cedinsa pidió un préstamo de 50 millones de euros a la institución, el saldo vivo del cual es de unos 30 millones, que se deberían deducir del importe máximo previsto. La compañía ya ha demandado alegando que el crédito no ha vencido, mientras que la Administración catalana considera que sí.

Además la compañía ha interpuesto otros dos recursos, por el momento rechazados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC). Mientras la Consejería de Territorio inicia el procedimiento administrativo y la licitación del mantenimiento de la autovía –que se estima en unos costes anuales de 15 millones– para consagrar la nueva situación gestora a partir del 1 de enero de 2023, la vía judicial sigue abierta.