La banca tratará de neutralizar el impuesto en Europa antes de ir a los tribunales

En el seno de los principales bancos españoles, los afectados por el nuevo impuesto, dirigido a entidades con ingresos superiores a los 800 millones de euros, son conscientes de que un proceso judicial contra la medida acarrea varios inconvenientes, en especial dos: el temporal y el relacionado con su imagen.

Tiempo en contra 

Recurrir la futura ley que dará razón de ser al nuevo tributo ante los tribunales abriría un proceso largo en el que, además, no quedarían eximidos de pagarlo, dado que sería muy improbable que les fueran concedidas medidas cautelares. 

Un procedimiento que se eternizaría con los correspondientes recursos que la parte perdedora presentaría con toda seguridad y que, además, no redundaría precisamente en favor de su imagen, que se ha vuelto a ver penalizada. Y esto ha sido así tanto por el argumento empleado por el Gobierno para justificar el impuesto (unos beneficios extraordinarios derivados del actual escenario de subidas de tipos de interés cuya existencia niegan los bancos) como por la reacción de las entidades en contra de la medida, por la que han sido tachados de insolidarias. 

Estigmatización

“Uno de los aspectos que más nos preocupa es que volvemos a estar estigmatizados”, apuntó la pasada semana el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, preguntado por la prensa acerca de la nueva figura impositiva que tanta polémica ha generado.

En la mayoría de las entidades creen que acudir a los tribunales perjudicaría aun más su imagen por lo que optarán por vías que les dejen algo menos expuestos y que, además, puedan ser incluso más eficaces.

En este sentido, algunas miradas se dirigen ya a los reguladores del sistema financiero de la zona euro, el Banco Central Europeo (BCE) pero, sobre todo, la Autoridad Bancaria Europea (EBA). 

A esta última aludió precisamente Álvarez al referirse a la intención del Ejecutivo de introducir elementos en la ley que impidan que los bancos repercutan el nuevo tributo a los clientes. El número dos de la entidad que preside Ana Botín se refirió a una serie de guías publicadas por la EBA sobre el sistema de fijación de precios de la banca, “que es bastante complejo porque entran muchos elementos en juego y, actualmente, todos ellos registran una notable volatilidad”.

Normas contradictorias

Entre ellos se encuentran los tipos de interés, para los que se esperan unas cuantas subidas en los próximos trimestres, la prima de riesgo y los costes asociados a la propia actividad financiera, que también se verán sensiblemente alterados por esta circunstancia. 

Pero además, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank, recordó en la presentación de resultados del banco que la propia EBA obliga a las entidades que están bajo su supervisión a repercutir todo tipo de costes, con el objetivo de que no se produzca una contracción del crédito y pueda generarse una crisis de liquidez. En este sentido, Santander estima que el impuesto detraería unos 50.000 millones de euros de crédito.

El caso de Lituania

Por otra parte, el propio BCE ha torcido el gesto en varias ocasiones con este tipo de medidas e incluso su papel ha sido determinante para que no prosperara una iniciativa similar en otro país de la Unión Europea Monetaria como Lituania.

No en vano, el Banco de España tampoco se ha pronunciado a favor de la figura, que no considera eficiente para el objetivo que, en principio, persigue como es el control de la inflación. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, forma parte del consejo de gobierno del BCE.

Un terreno que parece abonado para, al menos, modificar algo el planteamiento inicial de Moncloa, que ahora también debe someterse a un trámite parlamentario en el que podrían introducirse algunas modificaciones.