El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès / Europa Press

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès / Europa Press

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El Govern huye del furor licitador de las CCAA ante la cercanía electoral

Cataluña recorta un 52% el volumen de la obra pública en el inicio del año mientras el conjunto de la Administración regional lo dispara un 115%

18 abril, 2022 00:00

El próximo 2023 es año electoral en la mayoría de las Comunidades Autónomas de España, una circunstancia que se ve reflejada con asombrosa fidelidad en la licitación de obra pública en el ejercicio anterior, tanto en aquellos territorios donde se instalarán las urnas como en aquellos en los que no rige el calendario común, como es el caso de Cataluña.

No obstante, el sentido de ambos casos es exactamente inverso. En los primeros, las cifras se disparan, en muchos casos en proporciones de tres e incluso cuatro cifras; en los segundos, se contrae con mayor o menor fuerza.

Volumen disparado

En el inicio de 2022, la Administración regional ha tirado la casa por la ventana para poner en marcha contratos con vistas a poder cortar cuantas más cintas mejor en las semanas previas a la celebración de las elecciones autonómicas y municipales. En los dos primeros meses, el volumen de licitación de obra pública se ha disparado un 115% en las CCAA respecto al mismo periodo de 2021. 

Una proporción que contrasta de manera radical con la estadística correspondiente a la Generalitat. En ese mismo bimestre, la licitación en Cataluña ha descendido un 52%. 

La excepción de las CCAA históricas

No parece casual que tres de las seis CCAA que presentan una comparativa negativa en este periodo sean de las consideradas “históricas” y, por lo tanto, no celebren elecciones en 2023 al contar con calendario propio. Además de Cataluña, las otras dos son Euskadi (que también tuvo cita electoral en 2021) y Andalucía, que la tendrá antes del final de 2022.

En el caso de la Comunidad Autónoma vasca, el volumen de licitaciones en el inicio del año cae algo más de un 14%, según las cifras consignadas por la patronal de grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras Seopan. Por su parte, Andalucía presenta descensos del 8%.

900 millones más en dos meses 

No obstante, este hecho ahonda aun más en el esfuerzo licitador que han hecho el resto de Administraciones regionales, toda vez que el volumen se ha disparado con tres de las CCAA que mayor presupuesto manejan a la baja en este capítulo. 

En términos absolutos, el volumen de licitación de obra pública del conjunto de las CCAA se ha incrementado en 905 millones de euros en sólo dos meses, una cifra más que llamativa en tan corto espacio de tiempo. 

Govern, en mitad de tabla

No en vano, los 1.687 millones de euros que han sumado suponen un 57,2% más que la cifra que presenta la Administración Central, que en los dos primeros meses de 2022 ha incrementado el volumen de licitaciones un 17,5%, guarismo más que discreto si se compara con el de la regional.

En los dos primeros meses de 2022, la Generalitat ha puesto en marcha contratos de obra pública por un valor muy próximo a 133 millones de euros, una cifra muy discreta para tratarse de una de las dos CCAA que mayor aportación realizan al PIB de España. Durante el mes de febrero, hasta ocho administraciones regionales licitaron por un volumen superior a la catalana. 

Madrid, por las nubes

El contraste más llamativo es, una vez más, con la Comunidad de Madrid, donde sí habrá elecciones autonómicas en 2023 pese al adelanto del pasado año después de que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, decidiera disolver la Asamblea y convocar comicios adelantados para evitar las mociones de censura que ya estaban listas para ser presentadas. 

El volumen de licitación de la Comunidad de Madrid durante los dos primeros meses de 2022 se ha ido por encima de 833 millones de euros, lo que supone un estratosférico incremento del 2.058% en relación con el primer bimestre de 2021. De hecho, la cantidad es sólo un 22% inferior a la correspondiente al conjunto de la Administración Central. 

Huella electoral

No ha sido el único caso de proporciones de cuatro cifras. Aun por encima se sitúa el Principado de Asturias, con un aumento del 2.722%, para una cifra de 90,6 millones de euros en términos absolutos. No en vano, el volumen de licitación de Asturias en febrero ha multiplicado por más de dos el de la Generalitat. 

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha disparado un 1.794% estos volúmenes al inicio de 2022. En proporciones de tres cifras se sitúan otras cinco administraciones regionales: La Rioja (+539%), Castilla-La Mancha (+449%), Galicia (+380%), Castilla y León (+211,5%) y Cantabria (+100%). De todos estos casos, el más llamativo es el de la Xunta de Galicia, con el recién nombrado presidente del PP, Alberto Núñez-Feijoó a la cabeza, toda vez que no tendrá una nueva cita con las urnas hasta 2025. 

Estas cifras dan sentido a aquella frase tantas veces pronunciada cuando las máquinas trabajan a destajo en las calles y se suceden los actos de inauguración de acondicionamientos o infraestructuras públicas: “¡cómo se nota que va a haber elecciones!”. Por lo que se ve, algo más que un simple mantra.