La organización del teletrabajo bloquea el gran pacto laboral catalán

Este documento, cuya quinta y última concreción expiró en plena crisis sanitaria, recoge las directrices y recomendaciones de la negociación colectiva. Su contenido no es baladí ya que el AIC posee naturaleza jurídica obligacional. Esto es, vincula a todas las partes comprometidas en el diálogo social, sin perjuicio del margen de libertad de cada dirección y comité de empresa.

La 'china' del teletrabajo

Pero este estándar lleva caducado desde finales de 2020. El impacto de la pandemia sobre las empresas no solo aconsejó congelar muchas renovaciones de convenios, incluidas sus consiguientes subidas salariales, sino que también pospuso la búsqueda de un nuevo AIC debido a las urgencias sanitarias y económicas desencadenadas por el coronavirus. Las negociaciones entre Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT se retomaron el año pasado, pero encallaron antes del verano por la definición del trabajo en remoto.

Pese a que los encuentros en el seno de la mesa negociadora se retomaron el pasado diciembre, las posiciones siguen alejadas desde entonces. Todos los interlocutores consultados por este medio coinciden en que el teletrabajo se ha convertido en la china en el zapato del acuerdo marco laboral catalán. Mientras los sindicatos quieren ir más allá del ámbito incluido en la legislación, los empresarios recelan del impacto económico que tendrá este propósito. De ahí que se hayan constituido cuatro comisiones sectoriales sobre formación, igualdad, salud y seguridad laboral y digitalización, asuntos en que se prevé mayor consenso, para aplazar el aspecto que genera más fricciones.

Una persona que realiza teletrabajo, participando en una reunión telemática / EP

Posiciones encontradas

Por lo demás, las conversaciones han quedado resueltas en puntos clave como la ultraactividad y la subcontratación tras la aprobación de la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Pero el elefante sigue en la sala. "Debemos ser honestos: vamos tarde. Ya ha habido acuerdos de teletrabajo en muchas empresas y centros de trabajo. Las patronales no quieren ir más allá de lo que marca la ley y este es el principal escollo", señala un interlocutor del secretariado de la UGT.

Desde Foment se argumenta: "Desde nuestro punto de vista, el acuerdo no ha sido posible todavía porque algunas propuestas planteaban sobrecostes y nuevas obligaciones difíciles de asumir. Es absolutamente importante desarrollar la normativa del trabajo a distancia, pero de forma equilibrada para incentivar precisamente el teletrabajo".

El consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, presenta el Plan de Acción 2022 2025 para el comercio, la artesanía y la moda / GOVERN

Acuerdo paralelo en Madrid

¿Se podrá desbloquear el pacto durante este año? Todas las partes confían en ello. Pero el tiempo apremia. Tras el barbecho obligado por la pandemia, los comités presionan para actualizar los convenios, sobre todo en el capítulo retributivo. En este punto, el AIC se limitará a recoger las indicaciones de la entente paralela que se negocia a escala nacional, el AENC (Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva).

En esta negociación entre la CEOE y las direcciones confederales de CCOO y UGT ha irrumpido la propuesta del Gobierno acerca de un Pacto de Rentas. La sugerencia ha dejado frío al empresariado, mientras que los sindicatos también la han acogido con tibieza.

2022, ¿año del diálogo?

La patronal española, al igual que Foment del Treball, alerta sobre el riesgo real de empujar al alza los precios si se acuerdan subidas salariales descoordinadas con el ritmo de recuperación debilitado por elementos como la crisis energética, las dificultades logísticas y, en el último mes, la guerra de Ucrania.

La negociación de dos pistas en Madrid y Barcelona marcará un año en que, tras el pistoletazo de salida de la reforma laboral, el diálogo social recuperará toda su importancia. En Cataluña, el consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, no solo espera el acuerdo sobre un nuevo AIC, sino también la renovación del Pacto Nacional por la Industria (PNI) y la definición de un salario mínimo de alcance estrictamente catalán --esta última cuestión también depende del posicionamiento del Departamento de Economía--. Una agenda de hitos que, por el momento, no registra avances.