La moratoria de incineradoras aleja inversiones de la petroquímica de Tarragona

Según una voz conocedora de este tipo de estructuras, en Tarragona el clúster empresarial podría desembolsar hasta 1.200 millones de euros para crear estas redes eléctricas. Ahora mismo, la materialización de estas infraestructuras, que ahorrarían costes a las compañías y permitirían sacar adelante proyectos de energía renovable, sigue pendiente de la aprobación definitiva de un Real Decreto por parte del Gobierno.

Inversión en duda

La Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) ha presentado una serie de alegaciones al borrador del reglamento del Gobierno, pero desde la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) calculan que el texto definitivo debería recibir luz verde antes de julio.

Pero más allá del contenido concreto de la norma, lo que señalan estos interlocutores es que una gran inversión así requiere un marco de estabilidad tanto jurídica como económica. La incertidumbre sobre el futuro de la incineradora --clave para la eliminación de los derivados de la producción de detergentes, fibras o anticongelantes-- aleja la oportunidad de una gran operación que, por otro lado, mejoraría la competitividad del sector.

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España, a la cola

En países como Bélgica y Francia hace años que se han desarrollado estas redes. Pese a la demanda histórica de la química de Tarragona, España es uno de los países de la Unión Europea que más ha tardado en transponer una directiva comunitaria sobre la habilitación de este tipo de infraestructuras.

Estas redes, que distribuyen la energía a consumidores electrointensivos en un circuito cerrado de un máximo de cinco quilómetros, tienen como objetivo reducir el riesgo de deslocalización y abaratar la factura eléctrica de determinados sectores, como el petroquímico.

Abaratar la factura eléctrica

Como explica Lluís Pinós, miembro de la comisión de Energía del Colegio de Ingenieros de Cataluña, "a través de una sociedad mercantil o cooperativa, se pueden construir redes de distribución de media o baja tensión, en función del volumen requerido, que escapen al control y gestión del distribuidor de referencia". "Tienen una puerta de entrada que las relaciona con el resto de redes, pero puede tener cierta autonomía en la generación y consumo", añade. La autorización para la instalación de estas redes deberá contar con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Mediante esta tecnología se lograr optimizar el consumo eléctrico al despegarse de algunos peajes de la red como el transporte, el almacenamiento y la distribución. El propio sector ha afirmado que podría reducir hasta en el 30% sus costes energéticos con la creación de estas distribuidoras propias. Un empuje competitivo para el polo químico tarraconense, uno de los más importantes del sur de Europa, que podría quedar colgado de la brocha si el Govern avanza en el desmantelamiento de los hornos industriales de incineración.