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Instalaciones de Repsol en el polígono químico de Tarragona / EP
La moratoria de incineradoras aleja inversiones de la petroquímica de Tarragona
El empeño del Govern en desmantelar la planta de Constantí enfría la instalación de las redes de energía eléctrica cerrada
11 febrero, 2022 00:00La moratoria de incineradoras aprobada por el Govern podría congelar una de las grandes inversiones de la industria petroquímica previstas en 2022. Fuentes del sector alertan de que la instalación de las redes de distribución de energía eléctrica cerrada en el complejo industrial de Tarragona depende de la permanencia de la planta de incineración de Constantí operada por Veolia.
Según una voz conocedora de este tipo de estructuras, en Tarragona el clúster empresarial podría desembolsar hasta 1.200 millones de euros para crear estas redes eléctricas. Ahora mismo, la materialización de estas infraestructuras, que ahorrarían costes a las compañías y permitirían sacar adelante proyectos de energía renovable, sigue pendiente de la aprobación definitiva de un Real Decreto por parte del Gobierno.
Inversión en duda
La Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) ha presentado una serie de alegaciones al borrador del reglamento del Gobierno, pero desde la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) calculan que el texto definitivo debería recibir luz verde antes de julio.
Pero más allá del contenido concreto de la norma, lo que señalan estos interlocutores es que una gran inversión así requiere un marco de estabilidad tanto jurídica como económica. La incertidumbre sobre el futuro de la incineradora --clave para la eliminación de los derivados de la producción de detergentes, fibras o anticongelantes-- aleja la oportunidad de una gran operación que, por otro lado, mejoraría la competitividad del sector.
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España, a la cola
En países como Bélgica y Francia hace años que se han desarrollado estas redes. Pese a la demanda histórica de la química de Tarragona, España es uno de los países de la Unión Europea que más ha tardado en transponer una directiva comunitaria sobre la habilitación de este tipo de infraestructuras.
Estas redes, que distribuyen la energía a consumidores electrointensivos en un circuito cerrado de un máximo de cinco quilómetros, tienen como objetivo reducir el riesgo de deslocalización y abaratar la factura eléctrica de determinados sectores, como el petroquímico.
Abaratar la factura eléctrica
Como explica Lluís Pinós, miembro de la comisión de Energía del Colegio de Ingenieros de Cataluña, "a través de una sociedad mercantil o cooperativa, se pueden construir redes de distribución de media o baja tensión, en función del volumen requerido, que escapen al control y gestión del distribuidor de referencia". "Tienen una puerta de entrada que las relaciona con el resto de redes, pero puede tener cierta autonomía en la generación y consumo", añade. La autorización para la instalación de estas redes deberá contar con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Mediante esta tecnología se lograr optimizar el consumo eléctrico al despegarse de algunos peajes de la red como el transporte, el almacenamiento y la distribución. El propio sector ha afirmado que podría reducir hasta en el 30% sus costes energéticos con la creación de estas distribuidoras propias. Un empuje competitivo para el polo químico tarraconense, uno de los más importantes del sur de Europa, que podría quedar colgado de la brocha si el Govern avanza en el desmantelamiento de los hornos industriales de incineración.