La recuperación de la industria tropieza con el 'rally' de los derechos de CO2

"La tendencia viene siendo alcista incluso antes, desde enero de 2018. Si no hay una intervención, no parece que vaya a cambiar", explica Ismael Romeo, director general de Sendeco2. Si bien los precios han experimentado una corrección frente a la infraestimación de hace siete u ocho años, como apunta Romeo, la subida de los últimos ejercicios ha sido muy importante: "Los precios del CO2 estaban a cuatro, seis, ocho euros hace años y no tenía sentido. Pero ahora esos precios han sobrepasado los 80 euros en poco tiempo y no hay ningún elemento que impida que se pueda superar la barrera de los 100 euros".

El CO2, valor refugio

Detrás de este subidón, el experto sostiene que hay un marcado interés especulativo a la vista de los ambiciosos objetivos climáticos del Viejo Continente. "El mercado está en manos de la inversión, se ha convertido en un valor refugio. De lo que se negocia cada día más del 80% corresponde a un segmento no industrial, que no está vinculado con las obligaciones de la UE", explica.

Romeo se refiere al Sistema Europeo de Emisiones de Carbonos que desde 2005 obliga a las compañías a adquirir determinado porcentaje de créditos de emisión por tonelada de CO2 generada. Otro porcentaje se adjudica de forma gratuita, en el caso de que las instalaciones sean catalogadas como industrias con riesgo de fuga de carbono. Estas compañías tienen un régimen más benévolo para evitar deslocalizaciones hacia países permisivos con la contaminación atmosférica.

Preocupación general

La voluntad del mecanismo europeo es que las privadas se esfuercen en optimizar sus actividades a través de inversiones tecnológicas y mejoras organizativas. Por eso, el sistema también está pensado para adjudicar cada vez menos bonos gratuitos. Este conjunto de factores, sumado al encarecimiento de los derechos, inquieta a industrias pesadas como las papeleras y las cementeras.

"Va a ser un curso complicado, porque los costes de energía suponen un ratio elevado sobre los costes de fabricación y los costes de CO2 se han multiplicado por cuatro en pocos años. Nos preocupa especialmente cómo incidirá sobre las empresas con menor tamaño", advierte Carmen Sánchez-Carpintero, directora de medio ambiente de Aspapel. Por su parte, un interlocutor de la industria del cemento asevera: "Los derechos no parecen tener techo. Lo que no tiene sentido es que las corporaciones estén pagando esta cantidad para descarbonizarse porque esto vuelve competitivos a países de fuera del sistema europeo".

Menos compensaciones...

En concreto, los fabricantes de derivados de celulosa tienen un déficit del 50% de bonos que necesitan, esto es, deben adquirir créditos en el mercado de compra o subasta por un equivalente de 140 millones de euros. "A este coste directo hay que añadirle otros costes energéticos. Tradicionalmente, el coste energético total ha sido, tras la materia prima, el segundo mayor para las papeleras. Históricamente ha supuesto cerca del 30% de los gastos totales ya que somos un sector electrointensivo y calorintensivo", apunta la responsable.

A esta coyuntura se suma otra circunstancia preocupante. Para equilibrar el esfuerzo de las compañías existe un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero que, en su tramo 2023-2030, reducirá notablemente la lista de beneficiarios. Según las nuevas directrices comunitarias, estos son los sectores que podrán aprovechar las transferencias del Gobierno:

... y más problemas

De la lista se han caído sectores como las propias cementeras u otras industrias como los fabricantes de caucho --pese a que un portavoz del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho precisa que su escasa presencia en España redundaba en una cantidad pequeña de ayudas--. Un interlocutor del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo indica a este medio que el Real Decreto que regulará la convocatoria pública de ayudas está en su última fase de elaboración.

"Las ayudas no se negocian con la industria. Se convocan en concurrencia competitiva y están sujetas a las disponibilidades presupuestarias que cada año se dispongan con dicho fin. Las directrices europeas marcan los límites de ayudas. Por regla general, no se podrá compensar más de un 75% de los costes repercutidos en los recibos de la energía eléctrica a las empresas por derechos de emisiones de CO2 en la generación de dicha energía", precisa.

Una de las cementeras afectadas por el Covid-19 / EP

Ajuste en frontera, ¿la solución?

El escenario es endiablado. Con un mercado disparado de derechos de CO2, la competencia de terceros países con barra libre y una reducción de las ayudas públicas se da un cóctel que puede estropear la fiesta de la recuperación para la industria. "Si la transición hacia un horizonte con menos CO2 no se hace correctamente, se puede anular el tejido industrial. Europa será limpia en carbono, pero no será industrial", resume una fuente del sector cementero.

En este contexto surge la discusión comunitaria sobre el llamado mecanismo de ajuste de las fronteras de carbono (CBAM, por sus siglas en inglés). En el fondo, se trata de una medida arancelaria que gravaría las importaciones de cemento, fertilizantes, hierro y acero, aluminio y electricidad. La medida aún se está discutiendo, y debería salvar su posible contradicción con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No es probable, sin embargo, que se mueva ficha al menos hasta pasada la primavera, una vez que las empresas entreguen sus derechos de emisión por el CO2 generado de forma efectiva. "A finales de abril, la industria presentará la cartilla y se podrá conocer la situación real", concluye Romeo.