Las prisas de Colau para multar a las inmobiliarias generan "inseguridad jurídica"

Montserrat Junyent, responsable de los servicios jurídicos de API Catalunya, recomienda "cautela" a los poderes públicos a la hora de sancionar. "Es cierto que la ley de control de alquileres está aquí y es vigente, pero su constitucionalidad está en cuestión: el Tribunal Constitucional la examina. Habría que analizar expediente a expediente para ver el recorrido jurídico que tienen", ha señalado. Bajo su punto de vista, las multas son "drásticas" cuando la ley autonómica "es enrevesada, compleja y se puede interpretar en favor del denunciante, sí, pero también del denunciado". 

"El sector está cumpliendo"

Junyent recuerda que la regulación de los alquileres en Cataluña, que peina el Constitucional tras un recurso del PP, adolece de "falta de rigor". La directiva reconoce que "todo el mundo quiere un techo para las personas vulnerables", pero ello no implica "aprobar normas cortoplacistas y populistas", como asegura que es la 11/2020. A este respecto, la representante de las APIs enfatiza que la Agencia de Vivienda de Cataluña (AHC) "tampoco vio con buenos ojos" la regulación. 

Es por ello, quizá, que la norma aprobada por el Parlamento catalán en septiembre de 2020 "ha generado solo 32 multas en Barcelona, lo que es significativo del nivel de cumplimiento del sector: muy mayoritario. No es de recibo incoar sanciones ejemplarizantes porque la industria cumple". 

"Las multas podrían perder valor"

Desde Alquiler Seguro, su consejero delegado, Sergi Gargallo, subraya en conversación con Crónica Global que ellos, precisamente, se ciñen a normativa. "Somos muy legalistas, adaptamos nuestros muy rápidamente a la legislación vigente y nuestros propietarios cumplen la ley", ha defendido el directivo. Ello no quiere decir que la firma de intermediación inmobiliaria tenga dudas sobre la ley catalana de alquileres y, ahora, sobre sus multas. "Si el TC tumba la ley, ¿quedarán las sanciones sin valor?", se pregunta Gargallo, que prescribe el "principio de prudencia" a las administraciones antes de sancionar. 

El ejecutivo lo argumenta con otro supuesto que puede dejar una sentencia del Constitucional contraria a la pieza legislativa. "¿Qué efectos tendrá sobre los contratos? Si estos se han firmado en conformidad con el índice, y la norma se anula, ¿resarcirá alguien a los propietarios que han alquilado por debajo del precio real?", se pregunta. Ante ello, el responsable de Alquiler Seguro prescribe "cautela" ante una norma con un debate sobre su legalidad abierto, pues quedan "muchas incógnitas por despejar". 

Abogados: "Los sancionados tendrán que alegar"

Estas dudas, ¿cómo afectan a los portales web y APIs sancionadas? "Desde el punto de vista jurídico, la nulidad de las multas se tendrá que alegar. El fundamento de las sanciones es, por ahora, legal, por lo que el acto administrativo [la sanción], si no es recurrido en los plazos que fija la ley, acabará cobrando firmeza y siendo ejecutivo", ha descrito Marc Pertíñez, socio fundador del despacho Pertíñez Romagosa. Este abogado, especialista en derecho administrativo, alerta pues de que "la declaración de nulidad de las multas se deberá alegar", pues aunque el TC tumbara la ley, su pérdida de vigencia "no sería automática desde el punto de vista de los intereses del ciudadano". En este supuesto, se deberían pagar.

El letrado hace hincapié en que la situación "es un calco de las multas que emanan de los planes Pehut --de apartamentos turísticos-- y Peuat --hotelero--, ambos anulados por la justicia". Pese a ello, el Ayuntamiento de Barcelona ha continuado sancionando con arreglo a un artículo de la Ley de Turismo de Cataluña. "Es un supuesto parecido. Aunque se anulara la norma, no ocurre lo mismo con las penalizaciones. El propio sancionado tendría que incorporar esa nulidad en sus alegaciones", ha apostillado el profesional de la abogacía.