Barcelona impone 32 multas a inmobiliarias por los alquileres

El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto 32 multas a inmobiliarias y páginas web de alquiler. El gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona ha sancionado a los operadores acogiéndose a la ley autonómica de control de los alquileres, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC). 

La concejal de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, ha negado el "carácter recaudatorio" de la batería de expedientes sancionadores y los ha enmarcado en la "necesaria contención de precios" que fija la ley autonómica en la materia. Con todo, en su comparecencia no ha mencionado que la regulación está sujeta a la decisión final del TC.

Administradores y páginas web

La edil ha precisado que la llamada Unidad de Disciplina y Antiacoso de la Administración local ha detectado 16 anuncios de viviendas en alquiler en la Ciudad Condal en los que no se explicitaba el índice de precios de la zona. Estos 16 anuncios han generado las 32 sanciones a webs y administradores. Martín ha apuntado directamente a tres firmas. De Habitaclia y Fotocasa, ha señalado que "han comenzado a cumplir y han incluido un campo en su web para incluir este dato". 

Por contra, según la misma electa, Idealista "ha presentado alegaciones", lo que, según ella, "sorprende porque es la mayoritaria en tráfico", ya que es el portal más importante en la comercialización de inmuebles. Respecto a esta firma, el Ayuntamiento de Barcelona "continuará con los expedientes sancionadores para promover un cambio de actitud y el cumplimiento de la ley". 

Recurrida al TC

Según Martín, corresponde al Ejecutivo local sancionar a portales de internet y administradores de fincas "porque la Generalitat de Cataluña debería ser más proactiva". La concejal de BComú ha sostenido que la Administración local "tiene potestad sancionadora", y los multados, "capacidad para corregir las lagunas e incluir el campo del precio del índice de alquileres" en sus sites.  

Los 16 expedientes sancionadores, que podrían acabar en 32 multas, emanan de la ley catalana de contención de los alquileres. Esta norma, aprobada en septiembre de 2020, fue recurrida por el PP al Tribunal Constitucional (TC), que admitió el escrito a trámite y está en estudio. De hecho, antes de que el Parlament de Cataluña le diera luz verde, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) advirtió de que la Generalitat no tenía competencias en esta materia. El sector prevé que este pronunciamiento sea clave en la decisión final que tomen los magistrados y la normativa decaiga de forma definitiva. Con todo, en Barcelona ya se habrán tramitado sanciones.