La contratación de temporeros en Lleida llega a la Fiscalía General del Estado

La polémica por la contratación de temporeros en Lleida termina ante la Fiscalía General del Estado. El ministerio público tiene puesta la lupa sobre las supuestas irregularidades cometidas por nueve empresas de trabajo temporal (ETT) que operan en el agro leridano y también en las provincias de Huesca y Zaragoza. Ninguna de las compañías pertenece a ningún gran grupo del sector de los recursos humanos, sino que son pymes cuyo negocio se reduce a prestar servicios a las cooperativas o productoras agrarias locales.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso Crónica Global, esta lista de mercantiles --algunas de ellas muy arraigadas en el territorio e incluso vinculadas a responsables políticos de la región-- llevan perpetrando un fraude masivo con la aquiescencia de las autoridades municipales, autonómicas y de las propias hortofrutícolas que subcontratan estos servicios de selección de personal.

Falsificación de documentos

En concreto, el escrito apunta a la falsificación de los partes diarios, el incumplimiento de las condiciones laborales fijadas por el convenio (salario mínimo y horas de trabajo) y los alojamientos insalubres de las plantillas. Estos hechos se enmarcarían tanto en los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores por cuenta ajena (artículos 311 y 312 del Código Penal), como en los delitos contra la salud y seguridad de los trabajadores (artículo 316 del Código Penal).

Para fundamentar estas acusaciones, el denunciante --un exempleado de estas ETT que prefiere mantener su anonimato, según ha podido averiguar este medio-- ha entregado a la fiscalía numerosas pruebas que acreditarían la actividad fraudulenta de las firmas implicadas.

Varias personas pasean junto al albergue de temporeros en Fira de Lleida / EP

Partes manipulados

Entre estos, se hallan decenas de partes sin firmar, duplicados e incluso con notas añadidas a posteriori que conminan a corregir a la baja las horas trabajadas. Se trata de la primera ocasión, según las fuentes consultadas, en que una iniciativa de este tipo viene acompañada de una recopilación documental destacada.

La denuncia relata cómo estas hojas son rellenadas por los cabos de los trabajadores, que se aprovecharían de su desconocimiento tanto de la lengua como de sus derechos laborales. En estos registros se constatan jornadas extenuantes de hasta 12 horas. Incluso hay ejemplos en que se sobreescribe a lápiz en un parte horario que se rebaje de nueve a ocho horas la jornada efectiva de los empleados, para ahorrarse así el pago de horas extra.

"Régimen de esclavitud"

El escrito califica de forma rotunda "la insostenible situación de precariedad de multitud de trabajadores temporeros en las provincias de Lleida, Huesca y Zaragoza" como "un régimen de esclavitud en el actual siglo XXI". La denuncia incide también en la falta de equipos de protección individual proporcionados a los contratados, que agravan aún más las condiciones en que deben trabajar.

Para más inri, el texto señala que la delicada situación sanitaria remarca aún más la necesidad de acoger correctamente a los contratados: "[Los jornaleros] viven hacinados, sin unas mínimas condiciones higiénicas y sin atención médica, algunos de ellos incluso duermen en la calle o en los parques, cubiertos con cartones". El texto incorpora varias imágenes de algunos de estas estancias. Hay que recordar que el año pasado estalló un brote de Covid-19 en la comarca del Segrià debido a las pésimas condiciones de alojamiento de los trabajadores del campo.

Imágenes de alojamientos para temporeros incluidos en la denuncia / CG

Un secreto a voces

Tal y como recuerdan fuentes sindicales consultadas por Crónica Global, el convenio agropecuario deja claro que, en caso de que un trabajador deba desplazarse a más de 75 kilómetros de su residencia habitual, corre a cargo del empleador procurarle una vivienda digna mientras dure su relación profesional --aunque puede descontarle del salario una parte destinada a sufragar estos gastos--. Interlocutores del campo catalán afirman, además, que muchas ETT obligan a los trabajadores a declarar que residen a menos de esta distancia para ahorrarse el coste del alojamiento.

Organizaciones como UGT reprochan que año tras año se recurra a equipamientos públicos para asumir el flujo de personas (la mayoría de ellos inmigrantes) que acuden a Lleida durante la temporada de la fruta, cuando esta obligación corresponde al sector privado. "Desgraciadamente, el contenido de esta denuncia es un secreto a voces en el territorio. Estas empresas, que se dedican en exclusiva al contrato de temporeros, se aprovechan de la vulnerabilidad de los trabajadores para incumplir sistemática las condiciones laborales", ha declarado Alicia Buil, secretaria del sector agroalimentario de Cataluña.

Dejadez de Agricultura

"El Departamento de Agricultura se lava las manos. Ni nos escucha ni habla con nosotros. No les interesa resolver el problema", manifiesta esta portavoz. De hecho, en el último encuentro sectorial celebrado en enero esta organización echó de menos un ejercicio de autocrítica por parte de la consejería respecto al plan de actuación en Lleida. El cónclave se saldó con las críticas de los distintos actores ante la pasividad de los responsables de gobierno.

Este medio ha intentado recabar el posicionamiento del área del Govern dirigida por Teresa Jordà (ERC) en varias ocasiones, pero no ha logrado que responda a las preguntas sobre este conflicto. Por su parte, la Consejería de Trabajo informa de que "actúa ante las demandas, y también mediante actuaciones planificadas ante el fraude o cualquier vulneración de los derechos laborales y propone las correspondientes sanciones en base a la normativa vigente". Además, el Departamento señala que reparte ayudas a entes locales para realizar tareas de mediación y apoyo en la acogida de los temporeros.

Temporeros en las calles de Lleida / FRUITA AMB JUSTÍCIA SOCIAL

Sin información

A la falta de planificación de la próxima campaña --que arranca entre finales de mayo y principios de junio--, se suma también la ausencia de datos certeros sobre el flujo de trabajadores en los cultivos. Un desconocimiento que impide planificar de forma adecuada la llegada de estas personas.

UGT solicitó a la subdelegación del Gobierno en Lleida un censo actualizado de los alojamientos disponibles para los cerca de 18.000 jornaleros que, según cálculos del sindicato, el pasado se desplazaron hasta Lleida en busca de oportunidades. La respuesta oficial, como explica Buil, fue que dicho censo no existía. Por otro lado, la organización ha reclamado insistentemente a las Administraciones un plan específico de Inspección de Trabajo para que se actúe de oficio para "erradicar el fraude" en el campo.

Respuesta de las patronales

Desde la Jarc (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya), han asegurado que "desconocen lo que hacen las ETT" y han manifestado que "todos los contratos deben cumplir el convenio pactado con los sindicatos". "Las recomendaciones a nuestros asociados son muy claras en el cumplimiento de este convenio", ha asegurado el presidente de la asociación, Joan Carles Massot.

Por su parte, desde Unió de Pagesos, Jaume Pedrós ha puesto en valor el bueno trabajo de los payeses más allá de casos puntuales. En este sentido, ha recordado que, a lo largo de 2020, la Inspección de Trabajo realizó 320 investigaciones sobre las condiciones de los temporeros de las cuales solo 15 derivaron en denuncia y cinco de ellas en sanciones vinculadas con incumplimientos laborales. Cifras que para Pedrós demuestran que este fenómeno no está generalizado en el sector.